Hagamos la cuenta que el boletín no hace. Los más de $331,000 repartidos entre 178 emprendedoras arrojan un promedio cercano a $1,860 por beneficiaria. Es una cifra digna de un taller de costura, una pupusería con toldo nuevo o un lote de insumos para una cooperativa artesanal. No es, y nadie debería pretender que lo sea, una política de transformación productiva. La distancia entre el titular y el resultado aritmético es exactamente la distancia entre el gesto y la estructura.
Nada de esto invalida la iniciativa. El propio diseño del programa —una contrapartida del 3% a cargo de las beneficiarias, con destino acotado a activos productivos, materias primas, insumos, mobiliario, estructuras móviles, servicios técnicos para innovación, material promocional y acondicionamiento de espacios de producción— sugiere una lógica de incentivos: quien aporta, aunque sea poco, se compromete más con la sostenibilidad del negocio. Es una fórmula clásica de la cooperación al desarrollo, y organismos como la Unión Europea y la AECID condicionan sus fondos a marcos de rendición de cuentas. El punto no es la fórmula; es la escala en la que se aplica frente al tamaño del país que se quiere emprendedor.
El objetivo declarado, según las autoridades, es fortalecer la autonomía económica de las mujeres mediante el acceso a recursos para crear nuevos negocios y consolidar emprendimientos existentes. En un país donde la economía informal absorbe a buena parte de la población ocupada y donde una proporción notable de esos negocios de subsistencia están liderados por mujeres sin acceso a crédito bancario convencional, 178 beneficiarias son una gota. Una gota focalizada, con nombre de programa y respaldo de cooperación internacional, pero gota.
La geografía de la entrega merece lectura aparte. Comasagua, San Martín, Tonacatepeque, El Carmen, Aguilares, Tecoluca, Santa Ana, Apaneca, Rosario de Mora, San Luis La Herradura, Panchimalco, San Miguel, El Tránsito, Arambala y Jocoaitique: la lista abarca zona central, occidente y la región morazánica, con presencia notable de distritos rurales o semirrurales donde la oferta de empleo formal es escasa y la microempresa femenina —tiendas, comedores, talleres textiles— constituye a menudo el único colchón económico del hogar. Elegir esos distritos responde, sobre el papel, a un criterio de focalización territorial con sentido técnico.
Pero la focalización territorial no sustituye a una política de escala nacional. CONAMYPE existe desde 1996, con mandato explícito de atender a la micro y pequeña empresa, y a lo largo de casi tres décadas ha ejecutado programas sucesivos de fomento bajo distintos gobiernos; Mujer Emprende es el más reciente de esa genealogía. La pregunta que la fiscalización presupuestaria —competencia de la Corte de Cuentas de la República y de la Asamblea Legislativa— debería poder responder es cuántas de esas emprendedoras graduadas siguen operando cinco años después, y cuánto de la mortandad empresarial temprana, fenómeno documentado en toda Centroamérica, logra evitar el capital semilla frente a la ausencia de acompañamiento posterior.
Ese es el punto ciego de este tipo de anuncios: se mide la entrega, no la supervivencia. El acto de graduación registra cuántos cheques se firmaron, no cuántos negocios seguían facturando meses o años después. Sin esa métrica de seguimiento, la ceremonia se convierte en un evento de comunicación más que en un dato de política pública verificable. La ausencia no es privativa de esta administración: es un vicio de diseño que atraviesa gobiernos de distinto signo desde que existen estos programas.
La arquitectura institucional del anuncio también invita a preguntas. Que concurran ISDEMU, la Comisionada Presidencial para Operaciones y Gabinete de Gobierno y ESCO junto a CONAMYPE sugiere una coordinación interinstitucional; también multiplica los actores con capacidad de reclamar mérito político sobre una cifra modesta. Cuatro dependencias nacionales y dos cooperantes internacionales para gestionar $331,000 es una proporción de aparato administrativo generosa para el monto.
La cooperación europea y española no es un cheque en blanco: responde a marcos de cooperación bilateral y programas plurianuales negociados con condicionalidades de género, transparencia y rendición de cuentas. Que la Unión Europea y la AECID respalden Mujer Emprende no certifica por sí solo el impacto del programa; certifica que el diseño cumplió los requisitos administrativos para acceder a esos fondos, un umbral distinto —y más bajo— que el de la eficacia demostrada.
Hay un precedente nacional que vale la pena recordar. A finales de los años noventa y durante la década de 2000, distintos gobiernos salvadoreños canalizaron microcrédito y capital semilla hacia mujeres rurales a través de organismos como el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local. Muchos compartieron el mismo patrón: entrega mediática, seguimiento débil, evaluación de impacto casi inexistente. La lección de dos décadas no es que el capital semilla no sirva, sino que sin monitoreo posterior tiende a diluirse en la memoria institucional del país, indistinguible de sus predecesores.
Lo relevante no está en negar la utilidad de $1,860 para una mujer que hoy no los tenía. Está en señalar que la solemnidad del acto —presidencia, comisionada, agencias, cooperantes internacionales— resulta desproporcionada respecto al tamaño del cheque, y que esa desproporción es en sí misma un mensaje sobre el peso que la fotografía institucional adquiere frente a la política pública que retrata.
Queda pendiente —y aquí el Órgano Ejecutivo tiene la palabra que el boletín no ofrece— precisar cuántas ediciones acumula Mujer Emprende, cuál es su presupuesto total anual dentro del Presupuesto General de la Nación y qué mecanismo de evaluación de sobrevivencia empresarial aplica CONAMYPE a sus graduadas. Sin esos tres datos, la entrega de esta semana seguirá siendo, con toda la buena fe del mundo, más anuncio que política.
