El Contrato S-04-2026 fue refrendado por la Contraloría General de la República el 17 de abril de 2026, tras un proceso en el que la única empresa proponente, IS Group, S.A., representada legalmente por Kassem Fares Redondo, resultó adjudicataria. El precio de referencia de la licitación era de $27.2 millones, pero el monto final de la contratación se incrementó en más de $1.2 millones hasta alcanzar los $28.4 millones, de acuerdo con el documento contractual disponible públicamente. El refrendo del contralor constituye el aval que la Constitución exige para dar validez a todo compromiso de fondos públicos del Estado.
Cada equipo tiene un costo unitario de $527.45. Tras la orden de proceder, emitida el 20 de abril de 2026, la empresa dispuso de un plazo de 60 días calendario para entregar las laptops a las direcciones regionales de Educación, etapa ya cumplida. La fase actual corresponde a la distribución final de los equipos entre los docentes en los centros educativos, proceso que arrancó a mediados de julio.
El vocero de la Asociación de Maestros Independientes (AMIA), Armando Espinoza, señaló que existen "muchas dudas" entre los educadores que participaron en los seminarios de formación entre pares y que han recibido o están por recibir el equipo. Según explicó, el documento que firman los docentes establece que las computadoras siguen siendo propiedad del Estado y que el educador asume la responsabilidad de su custodia, sin que se detallen con claridad los procedimientos ante eventualidades.
Espinoza sostuvo que el contrato no especifica qué ocurriría en caso de robo, hurto, daños por accidentes, golpes o fenómenos climáticos, situaciones que, dijo, podrían presentarse debido a los constantes desplazamientos que realizan muchos docentes hacia sus centros de trabajo. El dirigente cuestionó además que el documento exima al Meduca de responsabilidades frente a terceros y que no detalle ni el costo del equipo que el docente debería asumir en caso de pérdida ni los centros de soporte técnico autorizados para atender fallas.
"El docente va a ser custodio, pero también responsable directo de este bien del Estado. Si el equipo se pierde, se daña o presenta una avería, tendría que devolverlo en óptimas condiciones o asumir su costo, el cual tampoco está especificado", afirmó Espinoza. El vocero insistió en que la recepción de las computadoras debe ser una decisión voluntaria y que ningún educador puede ser obligado a aceptar el equipo bajo esas condiciones. Indicó que entre los docentes circula un formulario elaborado por el propio gremio para que cada maestro decida si acepta o no la laptop.
En la misma línea, la Asociación Movimiento Gremialista de Educadores de la República de Panamá divulgó entre los docentes un formulario de no aceptación del equipo informático, por las responsabilidades que implica la custodia del bien tecnológico. Se trata de dos gremios que optan por la vía de la objeción escrita antes que por la negativa colectiva, dejando la decisión en manos de cada educador.
Soporte técnico, garantía y conectividad
Respecto al respaldo técnico, el contrato establece que la empresa proveedora cuenta con un plazo de 1,461 días —equivalente a cuatro años— para garantía y soporte, contados a partir de la entrega de cada computadora. Aun así, los gremios han señalado desconocimiento generalizado entre los docentes sobre los mecanismos concretos para acceder a ese servicio. Hace siete días fue creada en una red social la cuenta Libyofficial, identificada como "cuenta de soporte para el proyecto de docentes de Panamá", en la que se difunde información relacionada con los equipos.
De manera paralela, en el sitio web de la empresa el propietario del equipo debe seleccionar el país, ingresar los datos de la computadora y proporcionar un correo electrónico para recibir la dirección del centro de servicio autorizado. A la incertidumbre sobre custodia y soporte se suma la preocupación por la conectividad limitada en algunos centros educativos, factor que, según los gremios, podría restar utilidad pedagógica al equipo si no se acompaña de la infraestructura necesaria para su aprovechamiento en el aula.
Hasta el momento el Meduca no ha ofrecido una respuesta pública detallada a los señalamientos de los gremios sobre las condiciones del documento de entrega, ni ha precisado los mecanismos previstos ante casos de pérdida, daño o robo de los equipos, aspectos que los docentes consideran esenciales antes de asumir la responsabilidad de custodia.
La entrega masiva de dispositivos tecnológicos a docentes no es inédita en el país. En administraciones anteriores se impulsaron programas de dotación de equipos y de tabletas para estudiantes en el marco de la modernización educativa, iniciativas que también enfrentaron cuestionamientos sobre mantenimiento, actualización y responsabilidad por los aparatos entregados. Esos antecedentes alimentan la exigencia de sectores del magisterio de que futuras adquisiciones incorporen protocolos claros desde el inicio del proceso de contratación.
El proceso de distribución de las 54 mil laptops continúa en las direcciones regionales de Educación, mientras los gremios magisteriales insisten en que se aclaren por escrito las condiciones de responsabilidad civil y soporte técnico antes de que se complete la entrega a la totalidad de los docentes. La ejecución del Contrato S-04-2026 permanece bajo la fiscalización de la Contraloría, que refrendó el compromiso y a la que corresponde verificar el cumplimiento de sus términos.