El planteamiento se inscribe en un debate de larga data sobre el rumbo de la matriz de generación eléctrica salvadoreña, tradicionalmente apoyada en fuentes térmicas, hidroeléctricas y, en menor medida, geotérmicas. La incorporación de energía solar y eólica a mayor escala ha ganado terreno en la última década, en paralelo a la caída de los costos globales de esas tecnologías y a compromisos regionales de reducción de emisiones.
Salinas distingue entre la conveniencia general de diversificar las fuentes —algo que, señala, difícilmente debería generar oposición política o técnica— y los riesgos que surgen cuando esa diversificación se ejecuta sin mecanismos claros de fiscalización, participación comunitaria o distribución equitativa de beneficios entre las poblaciones donde se instalan los proyectos. El autor sostiene que la confusión entre la bondad intrínseca de una tecnología y la manera de implementarla puede derivar en conflictos sociales, especialmente en zonas rurales donde se ubican parques solares o eólicos y donde las comunidades no siempre son consultadas de forma efectiva sobre el uso de la tierra o los impactos ambientales locales.
En El Salvador, el marco normativo para la generación eléctrica recae principalmente en la Ley General de Electricidad y en las competencias de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), entidad encargada de autorizar y supervisar los proyectos de generación, transmisión y distribución. El Consejo Nacional de Energía (CNE) incide en la definición de la política energética de mediano y largo plazo, mientras que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) aplica la evaluación de impacto ambiental a los proyectos energéticos.
El peso de la importación de combustibles fósiles sobre la factura energética es un factor que analistas económicos citan reiteradamente como argumento a favor de acelerar la diversificación hacia fuentes renovables no convencionales, con el objetivo de reducir la exposición a la volatilidad de los precios internacionales del petróleo. El Banco Central de Reserva (BCR) documenta esa dependencia en sus reportes de balanza comercial.
El país cuenta con antecedentes relevantes en la materia. La geotermia salvadoreña, desarrollada desde la década de 1970 con apoyo de organismos internacionales y asociada a los campos de Ahuachapán y Berlín, operados históricamente por LaGeo, se consolidó como una de las fuentes de energía limpia más antiguas de la región centroamericana, aportando durante años una porción significativa de la generación nacional sin depender de combustibles importados. Ese precedente suele citarse como prueba de que El Salvador tiene capacidad técnica para incorporar tecnologías no convencionales, siempre que exista planificación estatal sostenida.
El análisis plantea que la gobernanza sobre los nuevos proyectos energéticos debe incluir mecanismos de rendición de cuentas equiparables a los que exige la Corte de Cuentas de la República para el uso de fondos públicos, en los casos donde participen capitales estatales o mixtos, así como procesos de consulta previa a las comunidades afectadas, en línea con los estándares ambientales que el MARN aplica en su evaluación de impacto.
Entre los riesgos señalados figura la posibilidad de que la urgencia por atraer inversión privada en energías renovables derive en contratos de compra de energía o concesiones de uso de suelo poco transparentes, un escenario que, de concretarse, podría generar cuestionamientos similares a los que en el pasado han recaído sobre otros sectores de infraestructura pública, donde la ausencia de licitación abierta o de publicidad de los contratos ha sido objeto de señalamientos por parte de organizaciones de sociedad civil.
El texto no atribuye responsabilidad directa a ninguna administración en particular ni identifica proyectos concretos en curso, sino que plantea el debate en términos de principios generales de política pública aplicables a cualquier gobierno que impulse la transición energética. Hasta el momento no se han conocido declaraciones del Órgano Ejecutivo, la SIGET o el CNE en respuesta directa al planteamiento.
La discusión se produce en un contexto regional en el que varios países centroamericanos han incrementado la participación de renovables no convencionales en su matriz eléctrica, impulsados en parte por el Mercado Eléctrico Regional (MER), que permite la interconexión y el intercambio de energía entre Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá bajo el marco del Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central (SIEPAC).
De cara a los próximos meses, el planteamiento sugiere que la definición de reglas claras sobre participación comunitaria, transparencia contractual y fiscalización debería anticiparse a la llegada de nuevas inversiones, antes de que la expansión de estas tecnologías reproduzca los cuestionamientos que en el pasado han acompañado a otros sectores de infraestructura. La SIGET y el CNE conservan, según su marco legal vigente, la potestad de fijar las condiciones técnicas y regulatorias para la incorporación de nuevos proyectos a la red nacional.
