El testimonio describe una trayectoria de 30 años dedicados al servicio doméstico, oficio que en El Salvador ocupa mayoritariamente a mujeres y que durante buena parte de esa historia operó al margen de las protecciones que rigen otras relaciones laborales formales. Según su relato, no todos los empleadores incumplen sus obligaciones y ella misma consiguió que algunos patronos le reconocieran derechos como la cotización al ISSS o el pago de vacaciones, algo que describe como poco común dentro de su gremio.
El trabajo doméstico remunerado se rige en El Salvador por el Código de Trabajo. Una reforma introducida en 2019 estableció con mayor precisión la obligación de que las personas empleadoras reconozcan a las trabajadoras domésticas derechos como el aguinaldo, las vacaciones, el descanso semanal y el acceso a la seguridad social. Antes de esos cambios, el sector carecía de una regulación equiparable a la de otros trabajadores asalariados, lo que dejaba la relación laboral sujeta casi por completo a acuerdos verbales entre las partes.
Un marco legal difícil de fiscalizar en hogares privados
Pese al marco vigente, organizaciones sindicales y especialistas en derecho laboral han señalado de manera reiterada que la aplicación de estas normas enfrenta obstáculos estructurales. La naturaleza del trabajo doméstico —realizado en su mayoría dentro de viviendas particulares y bajo relaciones informales o verbales— dificulta la fiscalización por parte del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, cuya labor de inspección está concebida originalmente para empresas y comercios formales.
El propio Ministerio de Trabajo ha reconocido en distintos momentos que la inspección en el sector doméstico resulta compleja precisamente porque los centros de trabajo son hogares, lo que exige un abordaje distinto al de una fiscalización en un establecimiento comercial. Esa dificultad hace que, en la práctica, el cumplimiento efectivo de la ley siga dependiendo en gran medida de la disposición de cada empleador, como sugiere el testimonio de Elena al distinguir entre patronos cumplidores y quienes eluden sus obligaciones.
La informalidad en el sector no es un fenómeno exclusivo de El Salvador. En la región centroamericana, el trabajo doméstico remunerado presenta niveles de informalidad superiores a los de otras ocupaciones, de acuerdo con estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que ha impulsado en varios países de América Latina campañas para promover la afiliación de las trabajadoras a los sistemas de seguridad social.
La reforma de 2019 constituye el antecedente más relevante en la historia reciente del país en esta materia. Representó un giro respecto al régimen anterior, en el que el servicio doméstico quedaba fuera de la protección plena reconocida a otros asalariados, y fue resultado de años de gestiones de organizaciones de trabajadoras domésticas ante la Asamblea Legislativa, que finalmente aprobó los cambios normativos correspondientes.
Las asociaciones de trabajadoras domésticas han reclamado en diversas ocasiones al Órgano Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa mayor presupuesto y personal para las labores de inspección laboral, así como campañas de información dirigidas tanto a empleadores como a trabajadoras sobre los derechos y obligaciones que establece la ley. Su argumento central es que los derechos ya reconocidos carecen de eficacia sin mecanismos de control que garanticen su cumplimiento en el ámbito doméstico.
Del lado empleador, representantes de esos sectores han señalado en el pasado que la formalización plena requiere también acompañamiento estatal, dado que muchos hogares que contratan trabajadoras domésticas son familias de ingresos medios que enfrentan dificultades para asumir el costo adicional de la cotización al ISSS y otras prestaciones. Ambas posiciones coinciden, sin embargo, en que el actual esquema deja margen amplio a la discrecionalidad.
El debate sobre la protección laboral de las trabajadoras domésticas continúa abierto, sin que se hayan anunciado hasta la fecha reformas adicionales al marco legal vigente desde 2019. Distintas organizaciones han planteado la necesidad de revisar los mecanismos de fiscalización y de fortalecer la capacidad institucional del Ministerio de Trabajo para garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos ya reconocidos.
Historias como la de Elena ilustran tanto los avances logrados en casos particulares como las brechas que persisten para la mayoría de las trabajadoras del sector, en un país donde el trabajo doméstico remunerado sigue siendo, según coinciden especialistas y organizaciones sindicales, una de las ocupaciones más expuestas a la informalidad laboral.
