La visita llega en un momento en que Ceuta arrastra indicadores laborales sensiblemente peores que la media nacional. La ciudad autónoma registra de forma estructural una de las tasas de paro más altas del país según la Encuesta de Población Activa del Instituto Nacional de Estadística (INE), una brecha que se remonta a décadas y que episodios como el de julio tienden a agravar por su impacto en el comercio, el turismo y el tránsito de mercancías con el país vecino.
Ceuta, junto con Melilla, constituye un enclave de soberanía española en el norte de África cuya economía depende en gran medida del comercio transfronterizo, la actividad portuaria y las relaciones con el Reino de Marruecos, con el que España mantiene un vínculo marcado por episodios recurrentes de tensión diplomática y migratoria en las últimas dos décadas. Por su situación geográfica, la ciudad actúa como frontera exterior de la Unión Europea y, por tanto, como punto de aplicación del Código de Fronteras Schengen y del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, en fase de implementación por los Estados miembros.
El antecedente ineludible es la crisis de mayo de 2021, cuando alrededor de 10.000 personas cruzaron a Ceuta en apenas 48 horas en plena tensión diplomática entre Madrid y Rabat. Aquel episodio obligó al Gobierno a desplegar al Ejército y a activar ayudas de emergencia, además de abrir un contencioso sobre la acogida y el retorno de menores no acompañados que acabó en los tribunales. Sirve de referencia para calibrar el alcance de cualquier episodio posterior en la ciudad.
El régimen económico de Ceuta tiene singularidades que las patronales locales llevan tiempo pidiendo reforzar. El Impuesto sobre el Valor Añadido no se aplica en la ciudad, donde rige en su lugar el Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (IPSI), y existen bonificaciones fiscales específicas para residentes y empresas. Sobre ese marco pivotan las demandas empresariales de medidas fiscales, líneas de financiación para pymes y mayor seguridad jurídica en el paso fronterizo.
La incertidumbre en la frontera es, para el tejido productivo, el principal lastre. El paso comercial con Marruecos permanece cerrado de forma intermitente para el tránsito de mercancías desde 2018, y el comercio atípico —fuente informal de ingresos para miles de familias durante años— se desplomó tras el cierre de la frontera en la pandemia sin recuperación posterior. Las asociaciones empresariales vinculan esa inestabilidad a la caída de la inversión y a la fuga de proyectos.
El hecho de que la visita se produzca casi un mes después de los sucesos ha generado lecturas dispares. El Gobierno de la ciudad autónoma, en manos del Partido Popular, ha venido reclamando una respuesta más ágil del Ejecutivo central, mientras que desde el Ministerio de Economía se sostiene que el plan requiere un trabajo técnico previo con los departamentos implicados —Economía, Interior e Inclusión, entre otros— antes de concretarse. El departamento de Cuerpo no ha detallado hasta ahora el contenido específico del paquete que se abordará en la visita.
En el plano político, la oposición ha reprochado al Gobierno de Pedro Sánchez lo que considera una gestión tardía de la crisis, mientras que el Ejecutivo defiende que la situación se estabilizó en cuestión de días gracias a la coordinación entre la Delegación del Gobierno, la Guardia Civil y las autoridades marroquíes. Ninguna de las dos partes ha difundido hasta la fecha un balance oficial y detallado del número de personas que cruzaron la frontera durante los días de mayor tensión.
El Ministerio del Interior mantiene que el perímetro fronterizo está normalizado desde principios de agosto. Organizaciones de defensa de los derechos humanos han pedido en episodios anteriores explicaciones sobre el trato dispensado a los migrantes, en línea con las críticas formuladas tras la crisis de 2021. El derecho de asilo y las garantías en frontera están regulados por la Ley 12/2009 y por la normativa comunitaria, cuya aplicación en los enclaves ha sido objeto de litigios reiterados.
Cualquier plan de apoyo que el Gobierno articule deberá encajar en los mecanismos existentes de financiación territorial y en los fondos europeos de cohesión. Ceuta se beneficia de fondos estructurales de la Unión, aunque no ostenta el estatus jurídico de región ultraperiférica que sí tienen Canarias o los territorios franceses de ultramar, lo que condiciona el tipo de ayudas a las que puede acogerse.
La visita coincide, además, con el arranque de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado, cuya aprobación exige el respaldo de los socios parlamentarios del Gobierno. El apoyo de algunas formaciones con presencia en las ciudades autónomas ha estado tradicionalmente condicionado a compromisos de inversión específicos, lo que sitúa a Ceuta también en el tablero de la aritmética parlamentaria.
El calendario inmediato pasa por comprobar si el Consejo de Ministros incorpora medidas concretas para la ciudad en las próximas semanas, coincidiendo con el inicio del curso político en septiembre. Tanto el Gobierno local como las patronales aspiran a que la visita se traduzca en compromisos con dotación presupuestaria y plazos definidos, y no en un anuncio genérico, un reproche recurrente hacia distintos gobiernos centrales al margen de su color político.
