Aguirre, identificado como dirigente sindical, permanece recluido desde hace cuatro años, un periodo que coincide en su mayor parte con la vigencia del régimen de excepción decretado por la Asamblea Legislativa el 27 de marzo de 2022, tras una escalada de homicidios atribuida a estructuras de pandillas. La medida, prorrogada mes a mes de forma ininterrumpida desde entonces, suspende garantías constitucionales como el derecho a la asistencia de un abogado desde el momento de la detención y amplía los plazos de detención administrativa.
El abogado que representa a Aguirre sostuvo en la conferencia que el agrupamiento de su defendido en un juicio colectivo podría configurar dos delitos por parte de funcionarios de Centros Penales, entidad encargada de la administración de los centros de reclusión y adscrita al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. La defensa no detalló públicamente los tipos penales invocados ni precisó si ha presentado una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República.
Los juicios masivos se han convertido en un mecanismo recurrente desde que los tribunales especializados en materia de terrorismo y crimen organizado comenzaron a absorber el volumen de causas generadas por el régimen de excepción. La figura, contemplada en reformas al Código Procesal Penal aprobadas por la Asamblea Legislativa, permite agrupar en un mismo proceso a múltiples acusados cuando se invoca conexidad entre los hechos imputados. Organizaciones de derechos humanos han cuestionado que esa práctica diluye las garantías de defensa individual.
El MTD y el SJH forman parte de una red de organizaciones que desde 2022 documentan casos de personas detenidas bajo el régimen sin que, según sus denuncias, exista evidencia suficiente que las vincule con estructuras criminales. Ambas insistieron en que el caso de Aguirre se enmarcaría en un patrón de criminalización de liderazgos sindicales, una interpretación que el Gobierno ha rechazado en otras ocasiones al sostener que las detenciones responden a criterios de inteligencia policial y no a la actividad gremial de los detenidos.
Sin respuesta institucional al cierre
Hasta el momento, ninguna fuente institucional ha confirmado de forma independiente el estado procesal exacto de Aguirre ni el contenido de las posibles irregularidades atribuidas a Centros Penales. La Fiscalía General de la República no se ha pronunciado públicamente sobre el caso, y tampoco consta una respuesta oficial de la Dirección General de Centros Penales a las denuncias de la defensa y las organizaciones sociales. La Corte de Cuentas de la República carece de competencia directa sobre la gestión penitenciaria salvo en materia presupuestaria, por lo que cualquier indagación sobre las presuntas irregularidades correspondería, en principio, a la Fiscalía o a los juzgados de vigilancia penitenciaria y ejecución de la pena.
El régimen de excepción ha sido objeto de escrutinio por parte de organismos internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y distintas relatorías de Naciones Unidas han solicitado en varias ocasiones al Estado salvadoreño información sobre las condiciones de detención y los plazos procesales, en un contexto en que el Ejecutivo ha difundido públicamente cifras de decenas de miles de arrestos practicados desde marzo de 2022 como parte de su estrategia de seguridad.
La Asamblea Legislativa, con mayoría del oficialismo, ha continuado aprobando las prórrogas mensuales del régimen de excepción, que acumula más de cuatro años de vigencia continuada. Organizaciones como Cristosal y el propio SJH han criticado esta dinámica al considerar que reduce el control parlamentario sobre una medida concebida como excepcional y temporal.
Un eco del conflicto armado
El precedente histórico más citado por organizaciones de derechos humanos salvadoreñas remite a los años de mayor represión sindical durante el conflicto armado interno (1980-1992), cuando numerosos dirigentes gremiales fueron detenidos, desaparecidos o procesados bajo cargos vinculados a la subversión. Aunque el contexto actual es distinto —el país opera bajo un marco democrático y no en conflicto armado—, organizaciones como el SJH han trazado paralelismos entre aquellas prácticas y la aplicación extendida del régimen de excepción sobre liderazgos sociales.
La defensa de Aguirre anunció que evalúa presentar recursos ante la Corte Suprema de Justicia para impugnar el agrupamiento en el juicio masivo, mientras que las organizaciones convocantes reclamaron una revisión judicial individualizada de su caso. El desenlace dependerá de la respuesta que ofrezcan tanto la Fiscalía General de la República como el tribunal especializado que tenga a su cargo el expediente, sin que por el momento exista un calendario procesal público conocido.
