Los controles han afectado ya a 3.115 viajeros en 273 vuelos, con el despliegue de 446 agentes en distintos aeropuertos españoles, según los datos manejados sobre la operación, que se mantendría vigente hasta el 7 de septiembre de acuerdo con la planificación de las autoridades italianas. La medida se enmarca en la respuesta de Roma a la crisis diplomática abierta por la situación migratoria en Ceuta, que el Ejecutivo italiano vincula a un riesgo de seguridad que, sostiene, aún no ha desaparecido.
Piantedosi reiteró que la reactivación plena de la libre circulación entre ambos países solo se producirá cuando ese riesgo quede descartado, sin ofrecer un calendario más allá de la fecha límite del 7 de septiembre fijada para la operación en curso. El espacio Schengen contempla que los Estados miembros reintroduzcan controles fronterizos internos de forma temporal por motivos de orden público o seguridad interior, un mecanismo excepcional utilizado en el pasado —entre otros episodios, durante la crisis de refugiados de 2015 o tras los atentados de París del mismo año—, pero que rara vez se ha prolongado tantas semanas entre dos socios comunitarios.
Para el sector turístico español, la controversia ha dejado de ser un asunto exclusivamente institucional. Carlos Garrido, presidente de la Mesa del Turismo, advirtió de que «la decisión de reforzar los controles entre España e Italia está proyectando una imagen profundamente negativa de nuestro país», en un sector que, recuerda, «es nuestra principal industria y uno de los principales anclajes de la marca España». Según los datos que maneja la organización, cada año llegan a España más de diez millones de viajeros procedentes de Italia, de los que unos siete millones son turistas, con un gasto conjunto estimado en 5.400 millones de euros que, en su opinión, podría verse comprometido si la situación se enquista.
Garrido insistió en que el daño no se limita a las cifras de llegadas, sino a la percepción internacional de España como destino. «No podemos ignorar el impacto que una crisis diplomática y unos controles fronterizos tienen sobre un flujo turístico de esta magnitud», señaló, en referencia a las imágenes de controles reforzados en aeropuertos que, a su juicio, transmiten una tensión incompatible con la imagen de apertura que el país intenta proyectar en plena temporada alta.
Desde la Mesa del Turismo se cuestionó además el uso del turismo como elemento de presión en una disputa institucional. «Es un error que los políticos utilicen el turismo como un arma arrojadiza», afirmó Garrido, que reclama que el sector «no pague las consecuencias de una disputa institucional» y pide al Gobierno español que «defienda a su sector turístico, que sostiene el empleo y es un generador de riqueza». La organización sostiene que el turismo «es la industria de la paz, no del conflicto» y considera que «no hay motivo para cerrar la frontera ni para mantener siquiera los controles aleatorios», que a su entender solo generan «tensión, hostilidad e incertidumbre».
El impacto en las reservas, aún por confirmar
Las agencias de viajes mantienen una posición más cautelosa a la hora de cuantificar el impacto inmediato. Desde Destinia explican que, por el momento, resulta prematuro medir un efecto directo sobre las reservas ya cerradas, aunque reconocen que el riesgo existe si la situación se prolonga. La compañía subraya que Italia continúa siendo el segundo destino internacional más reservado por los viajeros españoles este verano, solo por detrás de Portugal, lo que convierte cualquier deterioro sostenido de la relación bilateral en un factor a vigilar también para el mercado emisor español hacia Italia, y no solo en sentido inverso.
El principal foco de atención, según estas mismas fuentes, no está tanto en los controles en sí como en la incertidumbre que generan entre los viajeros que aún no han decidido destino. «Si la situación se prolonga, el posible efecto podría apreciarse más en las nuevas reservas, entre viajeros que todavía estén decidiendo destino y que puedan optar por otras alternativas ante las molestias o la incertidumbre», señalan desde la agencia. Añaden que «si los controles son puntuales, el impacto debería ser limitado», aunque advierten de que, de mantenerse durante varias semanas, «podrían empezar a afectar especialmente a las reservas de última hora y a los viajes previstos para los próximos meses».
Ese matiz temporal resulta clave para dimensionar el problema: la diferencia entre unas semanas de fricción diplomática y un cambio de percepción más estructural sobre España como destino sin trabas. El precedente europeo más cercano de una disputa bilateral con repercusión turística se remonta a los efectos del Brexit sobre los flujos de viajeros británicos hacia España a partir de 2021, cuando la salida del Reino Unido del mercado único y la reintroducción de controles fronterizos generaron una caída temporal de las llegadas antes de que el mercado se estabilizara con nuevos procedimientos. En aquel caso, a diferencia del actual, no existía un marco Schengen compartido que hubiera que suspender, lo que confiere a la crisis con Italia un carácter jurídicamente más excepcional, al tratarse de dos socios plenos del espacio de libre circulación.
La Comisión Europea, garante del acuerdo Schengen, tiene la potestad de solicitar información a los Estados miembros sobre la proporcionalidad y duración de los controles reintroducidos, aunque carece de mecanismos coercitivos inmediatos para forzar su levantamiento cuando el país que los aplica invoca motivos de seguridad nacional. Roma, por su parte, condiciona expresamente cualquier revisión a la desaparición de los riesgos que asocia a la crisis de Ceuta, sin haber fijado un horizonte distinto al del 7 de septiembre.
De cara a las próximas semanas, esa fecha se perfila como el primer hito a vigilar, coincidiendo con el final de la temporada alta estival y el inicio del curso escolar, periodo en el que tradicionalmente se reduce el volumen de desplazamientos turísticos entre ambos países. El sector seguirá con atención si, llegado ese momento, el Gobierno de Meloni levanta los controles o decide prorrogarlos, una decisión que determinará si el episodio queda como una fricción puntual o deja una huella más duradera en la relación turística entre los dos países mediterráneos.
