El proceso de reordenamiento del comercio informal en el Centro Histórico comenzó a inicios de 2022, cuando fueron retirados de forma obligatoria vendedores que ocupaban aceras y calzadas en arterias como la calle Arce, la avenida España y la avenida Cuscatlán. La medida se enmarcó en un plan de recuperación de espacios públicos y reactivación del comercio formal en la zona, que las autoridades municipales y el Órgano Ejecutivo han presentado como una política de ordenamiento urbano.
El editorial retoma el término aporofobia, definido por la Real Academia Española como el rechazo a las personas pobres o desfavorecidas, para calificar el conjunto de decisiones vinculadas al retiro de vendedores ambulantes. Se trata de una interpretación editorial de hechos públicos y no de un hallazgo de investigación documentado de forma independiente, por lo que sus afirmaciones deben leerse en ese registro de opinión.
El desalojo de comerciantes informales no es un fenómeno nuevo en la capital. Desde la década de 1990, sucesivas administraciones municipales de distinto signo político han intentado, con resultados desiguales, reordenar el comercio en las inmediaciones del mercado Central, la Plaza Libertad y el Palacio Nacional. El plan de recuperación del Centro Histórico impulsado a finales de los años noventa también generó tensiones entre vendedores y autoridades, un antecedente que sitúa la controversia actual en una disputa de larga data por el uso del espacio público capitalino.
Un marco municipal que exige debido proceso
El uso del espacio público en municipios salvadoreños se rige por las ordenanzas contravencionales municipales y por el Código Municipal, que faculta a los concejos municipales a regular el comercio en vías públicas siempre que se respeten garantías constitucionales como el debido proceso administrativo. Conforme a ese marco, cualquier medida de desalojo debe ir acompañada de notificación previa y, en principio, de alternativas de reubicación cuando estas existan.
Organizaciones de la sociedad civil y gremios de comerciantes informales han sostenido en distintos momentos que los operativos de desalojo carecieron de alternativas de reubicación suficientes. Las autoridades municipales, por su parte, han defendido en declaraciones públicas previas que el ordenamiento buscaba garantizar la seguridad peatonal y combatir la extorsión asociada a algunos puntos de venta callejera. Ambas posturas conviven en un debate que se reactiva con cada nueva fase de reordenamiento.
El fenómeno del comercio informal está estrechamente ligado a los niveles de desempleo y subempleo. El sector informal ha representado históricamente una proporción significativa de la población ocupada en El Salvador, un patrón compartido con buena parte de las economías centroamericanas, donde la informalidad laboral supera con frecuencia la mitad de la fuerza de trabajo según estimaciones de organismos regionales. Ese peso estructural explica por qué cada operativo de ordenamiento afecta a un contingente amplio de trabajadores.
El régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022 y prorrogado por la Asamblea Legislativa, ha reforzado la presencia policial en zonas urbanas donde antes operaban vendedores ambulantes sin mayor control. La combinación de control territorial y ordenamiento urbano ha transformado de forma notable el paisaje del Centro Histórico capitalino, un efecto sobre la dinámica del comercio callejero que se suma al proceso de recuperación de espacios.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) ha sido en el pasado un actor relevante en la vigilancia de operativos de desalojo, al recibir denuncias de vendedores que alegaban falta de debido proceso o de notificación previa. No consta que la PDDH haya emitido un pronunciamiento específico sobre el editorial que motiva esta cobertura.
El debate sobre la informalidad y el papel del Estado frente a la pobreza urbana no es exclusivo de El Salvador. En Guatemala y Honduras, gobiernos municipales han enfrentado tensiones similares al intentar reordenar mercados y ventas callejeras en sus capitales, con resultados que van desde programas de reubicación en mercados formales hasta desalojos que derivaron en protestas y litigios administrativos.
Desde Casa Presidencial no se ha emitido una respuesta directa al editorial, aunque el Órgano Ejecutivo ha reiterado que sus políticas de recuperación de espacios públicos buscan beneficiar tanto a comerciantes formales como a la ciudadanía que transita por el centro. La administración municipal de San Salvador tampoco ha fijado postura pública sobre las críticas más recientes.
El seguimiento de organizaciones de derechos humanos y gremios de comerciantes a los próximos operativos de ordenamiento será clave para determinar si la controversia se traduce en cambios de política pública o en nuevas denuncias formales ante instancias como la PDDH. La discusión queda ligada al debate más amplio sobre el modelo de desarrollo urbano del Centro Histórico capitalino, que incluye inversión en seguridad, turismo y comercio formal.
