Sánchez Haro, según una nota difundida por el partido, reclamó a Moreno que «no puede seguir mirando hacia otro lado» y le instó a recibir a los familiares, escucharlos y «dar todas las explicaciones que sean necesarias». El dirigente socialista enmarcó su exigencia en la decisión de las familias de constituirse como parte en el procedimiento judicial, un trámite habitual en causas con víctimas mortales que permite acceder a la instrucción, proponer diligencias y, en su caso, ejercer la acusación particular, un derecho amparado por la Ley de Enjuiciamiento Criminal para las víctimas de delitos con resultado de muerte.
Las preguntas que, según el PSOE andaluz, formulan los familiares son concretas: qué ocurrió durante el desarrollo del incendio, qué avisos se emitieron a la población y en qué momento, por qué no se activó el sistema de alerta ES-Alert y si la tragedia pudo haberse evitado. El ES-Alert es la plataforma pública de avisos masivos a teléfonos móviles gestionada por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, dependiente del Ministerio del Interior, cuya activación en cada emergencia corresponde a las comunidades autónomas según la naturaleza y gravedad del suceso.
Sánchez Haro reclamó, en nombre de su partido, «un seguimiento estrecho» del caso y «una exigencia continua de transparencia» hacia el Gobierno andaluz. «Desde el Partido Socialista vamos a estar presentes, vamos a estar vigilantes y vamos a exigir que se llegue hasta el final», afirmó, según la misma nota, en la que subrayó que la formación no dará por cerrado el asunto hasta que se depuren responsabilidades.
El dirigente socialista volvió a reclamar la constitución de una comisión de investigación parlamentaria sobre el incendio, un instrumento previsto en el Reglamento del Parlamento de Andalucía para fiscalizar la actuación del Ejecutivo en asuntos de relevancia pública. «No puede haber miedo a investigar, no puede haber documentos que no aparezcan, no puede haber preguntas sin contestar ni versiones contradictorias, porque no puede volver a repetirse esta tragedia», sostuvo. También instó a Moreno a «romper la política del silencio y posicionarse claramente ante la ciudadanía».
«14 personas perdieron la vida. Sus familias y los andaluces merecen conocer la verdad, y Moreno tiene que decidir qué quiere hacer: si ponerse al lado de los que piden la verdad o seguir protegiendo el silencio de su Gobierno», declaró Sánchez Haro, según la nota del partido.
Una comisión de difícil activación con mayoría absoluta
El PSOE-A ya había planteado la petición de comisión de investigación en ocasiones anteriores sin que prosperara en la Cámara andaluza, donde el Partido Popular cuenta con mayoría absoluta desde las elecciones autonómicas de junio de 2022. La creación de estas comisiones requiere el respaldo de una mayoría del pleno, por lo que su puesta en marcha resulta improbable sin el aval del grupo mayoritario, salvo pacto expreso, como ha ocurrido en otras comunidades tras sucesos de gran impacto público.
Hasta el momento no consta una respuesta pública de la Junta de Andalucía ni del propio Moreno a las exigencias formuladas este sábado. El Gobierno autonómico es competente en materia de gestión forestal y de emergencias en su territorio a través del Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía (Infoca), y no ha detallado públicamente un balance pormenorizado de la secuencia de avisos emitidos durante el incendio ni las razones por las que, según las familias, no se recurrió al ES-Alert.
La distribución de competencias en las alertas tempranas ha generado controversias en episodios anteriores. El ES-Alert se desplegó de forma efectiva en España en 2022 en cumplimiento de la normativa europea que obliga a los Estados miembros a disponer de sistemas de alerta pública a la población. El Estado gestiona la infraestructura técnica, mientras que las comunidades autónomas deciden su activación. Este reparto ya fue objeto de debate tras la dana de octubre de 2024 en la Comunidad Valenciana, donde se cuestionó el momento del envío de la alerta a la población.
El incendio de Los Gallardos, en el Levante almeriense, se saldó con 14 fallecidos, una cifra que lo sitúa entre los siniestros forestales con mayor número de víctimas mortales registrados en España en las últimas décadas. Los fallos de comunicación durante su desarrollo motivaron comparaciones con episodios posteriores en Madrid y Ávila, donde también se cuestionó la coordinación entre administraciones a la hora de alertar a la ciudadanía.
La causa judicial deberá determinar, a partir de la instrucción, si hubo negligencia en la actuación de las administraciones implicadas o si el siniestro respondió a circunstancias imprevisibles agravadas por las condiciones meteorológicas. La personación de las familias como acusación particular les otorga acceso a la documentación del sumario y la posibilidad de solicitar diligencias adicionales.
El desarrollo de la instrucción judicial y la eventual respuesta de la Junta de Andalucía marcarán el rumbo de una controversia que sigue abierta, sin que hasta ahora se hayan fijado plazos concretos para la comparecencia de responsables ni para la constitución de la comisión de investigación reclamada por el PSOE-A.
