La diputada popular Alicia Sánchez-Camacho defendió el rechazo de su grupo argumentando que el préstamo se concedió "hace quince años" y que el Gobierno regional "ha actuado con total transparencia en todo momento". La insistencia del PSOE, sostuvo, responde a un intento de "desgastar al Gobierno de Ayuso". Otra diputada popular zanjó el debate con una frase que la oposición afeó en el pleno: "No se va a realizar por mucho que ustedes la presenten más de 140.000 veces".
Una diputada de Más Madrid le replicó en la misma sesión: "Tienen la capacidad de impedir la comisión. Lo que no tienen es el derecho moral a hacerlo". Su compañera de grupo Jimena González Gómez fue más lejos al describir la gestión de la entidad.
"Hay una falta atroz de transparencia, por supuesto que hay una corruptela infame. Como quedaba feo decir que era para saquear a los madrileños y rescatar los proyectos fallidos de los amigos lo llamaron 'business friendly'", afirmó Jimena González Gómez, diputada de Más Madrid.
Vox, socio parlamentario habitual del PP en la región, también reclamó abrir la investigación. "Hay material suficiente como para que sigamos profundizando en esa información", sostuvo el partido, que emplazó al PP a la coherencia: "Si ustedes no tienen nada que esconder, y yo les creo, hagan el favor de dejar de actuar como si lo tuvieran".
El debate llegó un día después de que, este miércoles, un empresario interpusiera una querella criminal ampliada por malversación, estafa y otros delitos contra Madrid Network y sus responsables. Según la denuncia, la entidad ideó un procedimiento para cobrar a los prestatarios el 6% de cada desembolso de los préstamos concedidos, un extremo que atravesó buena parte de las intervenciones de la oposición.
El socialista Fernando Fernández Lara insistió en abrir "las puertas" a la comisión y cuestionó el veto: "¿Qué tiene de peligroso una comisión de investigación? ¿Que sepamos la verdad? Negar esa investigación no borra las preguntas". El diputado apuntó a los vínculos de empresas beneficiarias con antiguos altos cargos del PP madrileño —Manuel Lamela, exconsejero de Sanidad, e Ildefonso de Miguel, mano derecha del expresidente Ignacio González— y preguntó: "¿No será que intenta tapar a una entidad morosa y los vínculos con figuras relevantes del PP?".
El trasfondo se remonta a 2017, cuando el Gobierno de Cristina Cifuentes encargó al bufete Uría Menéndez un informe jurídico sobre cómo proceder ante un eventual impago. El documento permaneció sin difundir hasta que una sentencia obligó a la Comunidad a publicarlo; el Ejecutivo autonómico intentó en junio de este año que el Tribunal Supremo anulase esa resolución. La propia Ayuso trabajó en el departamento de prensa de Madrid Network hasta 2011, año en que obtuvo su primer escaño. La asociación, nacida al amparo del Gobierno de Aguirre, dejó un agujero superior a 70 millones de euros en las arcas públicas.
No es la primera vez que la petición decae en la Cámara madrileña. El PSOE registró una solicitud similar en junio, tras conocerse el veto del Ejecutivo regional a difundir el informe de Uría Menéndez, un episodio que se suma a la pugna sobre la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión autonómica.
