La gestión internacional de Petro estuvo marcada por pronunciamientos públicos que derivaron en fricciones con gobiernos vecinos. Perú calificó de «injerencia inaceptable» las declaraciones del mandatario colombiano sobre su crisis política interna, mientras Petro elevó la tensión al plantear una controversia fronteriza en la Amazonía que las autoridades peruanas negaron que existiera. Ecuador, por su parte, retiró a su embajador en Bogotá tras la intervención del gobernante colombiano en el caso judicial del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas.
Las fricciones no se limitaron a esos dos países: el gobierno colombiano también protagonizó choques diplomáticos con El Salvador, Argentina, Bolivia, Paraguay y Chile a lo largo del cuatrienio. En el ámbito regional, la propuesta de Petro de exhumar y trasladar restos de combatientes liberales y trabajadores sepultados en territorio panameño generó rechazo, en tanto aquellos episodios ocurrieron cuando el istmo aún formaba parte de Colombia, antes de la separación de 1903.
Frente a la crisis venezolana, la postura del mandatario colombiano generó decepción en sectores diplomáticos de la región. Aunque solicitó de manera tardía la publicación de las actas electorales y no reconoció el resultado de los comicios venezolanos de 2024, Petro mantuvo una posición ambigua respecto al gobierno de Nicolás Maduro, señalado como responsable del deterioro económico que ha provocado la salida de millones de venezolanos del país. En abril de 2026 se convirtió en el primer mandatario extranjero en realizar una visita oficial a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.
La relación con Estados Unidos, socio histórico de Colombia en seguridad y comercio, atravesó uno de sus momentos de mayor tensión en décadas. Se registraron acusaciones mutuas, retiro de personal diplomático y un llamado público del mandatario, realizado en Nueva York, a militares estadounidenses para que desconocieran la autoridad de su comandante en jefe. Washington respondió con la revocación del visado de Petro y su inclusión, junto con su esposa, uno de sus hijos y un colaborador cercano, en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense.
Ruptura con Israel y silencio ante Hamás
El conflicto derivado de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, agravado por la participación de Hezbollah e Irán, se convirtió en uno de los ejes de la política exterior de Petro. Colombia rompió relaciones diplomáticas con Israel, suspendió nuevas compras de armamento israelí y prohibió las exportaciones de carbón hacia ese país. El gobierno colombiano intervino además en el proceso iniciado por Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia y respaldó las órdenes de captura emitidas por la Corte Penal Internacional contra dirigentes israelíes, solicitadas por el entonces fiscal Karim Khan, destituido posteriormente por conducta sexual indebida.
Petro no condenó de manera inequívoca a Hamás por los ataques del 7 de octubre de 2023, en los que murieron ciudadanos israelíes y extranjeros, entre ellos los colombianos Ivonne Rubio y Antonio Macías Montaño. Sus comparaciones entre las acciones de Israel y el nazismo fueron cuestionadas por el riesgo de banalizar el Holocausto y alimentar expresiones de antisemitismo.
En el frente interno, la negativa de Petro a reconocer los resultados electorales del 21 de junio de 2026 generó tensión institucional, en un contexto en el que la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea desestimó las denuncias de fraude planteadas por el mandatario y calificó el proceso como bien organizado. El presidente también reivindicó símbolos asociados a la llamada «guerra a muerte» proclamada por Simón Bolívar en el siglo XIX y ofreció interpretaciones consideradas indulgentes sobre la actuación histórica del grupo guerrillero M-19, del que él mismo formó parte antes de su desmovilización, sin una condena clara de sus acciones armadas.
La política de «paz total», bandera del gobierno para negociar con grupos armados ilegales, otorgó tiempo y presencia territorial a estructuras criminales sin mecanismos de control ni protección efectiva para las comunidades afectadas. Según un informe de seguridad divulgado por la agencia Reuters, los grupos armados ilegales en Colombia aumentaron un 45% entre 2022 y 2025, un incremento vinculado al fortalecimiento de organizaciones ligadas al narcotráfico y la extorsión durante las negociaciones. Antecedentes recientes muestran los riesgos del modelo: el proceso de paz con las FARC, firmado en 2016, dejó como saldo la aparición de disidencias armadas que no se acogieron a lo pactado.
En materia deportiva, Barranquilla perdió durante la administración de Petro la sede de los Juegos Panamericanos de 2027 por incumplimientos contractuales con Panam Sports, organización rectora del deporte panamericano. La decisión representó un revés para la proyección internacional de Colombia en un evento que hubiera reunido a delegaciones de todo el continente, incluida Panamá.
En el balance económico, el gobierno deja indicadores que sus defensores destacan como positivos, entre ellos una reducción de la pobreza monetaria oficial hasta el 28% en 2025, según cifras de la propia administración colombiana. No obstante, persisten brechas sociales significativas y dificultades estructurales que limitan el alcance de esa mejora estadística.
El desenlace del gobierno de Petro se produce en un contexto de recomposición política en Colombia, con la conformación del Congreso y la definición de la agenda legislativa del próximo período presidencial. La comunidad diplomática regional, Panamá incluida, observa los pasos del nuevo gobierno colombiano para recomponer las relaciones bilaterales afectadas durante los últimos cuatro años, particularmente en la cooperación en seguridad fronteriza y comercio.