El hecho puntual es sencillo: en Bogotá, el Congreso recién instalado obliga a de la Espriella a negociar mayorías antes de gobernar, en lugar de heredarlas. Es el guion clásico de cualquier sistema presidencialista con separación de poderes: el jefe de Estado propone y el Legislativo dispone, y a veces dispone que no. Que ese guion se cumpla se ha vuelto, en más de una latitud de la región, más noticia por su rareza que por su normalidad.
La comparación con El Salvador no es caprichosa. También es una república presidencialista, con una Asamblea Legislativa de 60 curules que, sobre el papel, ejerce contrapesos frente al Órgano Ejecutivo: aprueba el Presupuesto General de la Nación, ratifica nombramientos de segundo grado, fiscaliza a través de comisiones y recibe los informes de la Corte de Cuentas de la República. La pregunta que deja Colombia es cuánto de ese diseño sigue operando como contrapeso y cuánto ha quedado como arquitectura formal.
El argumento de la eficiencia y su costo
Quienes defienden la concentración de mayorías legislativas alrededor del Ejecutivo suelen invocar la eficiencia: menos trabas, más velocidad para ejecutar el programa de gobierno, menos parálisis institucional. Es un argumento con peso, sobre todo donde la ciudadanía exige resultados rápidos frente a la inseguridad o a la crisis económica. El régimen de excepción salvadoreño, vigente de forma sostenida desde su decreto original en marzo de 2022, se ha prorrogado mes tras mes gracias a mayorías legislativas dispuestas a renovarlo sin fricciones visibles.
Pero la eficiencia sin fricción tiene un costo que no aparece en ningún indicador macroeconómico del Banco Central de Reserva: la erosión del principio de pesos y contrapesos que un sistema presidencialista promete a cambio de renunciar a la fusión parlamentaria de poderes. Cuando el Legislativo deja de ser un lugar de negociación y se convierte en sala de ratificación, la pregunta sobre para qué sirve un Congreso —o una Asamblea— deja de ser retórica.
Colombia no es un modelo a imitar sin matices; carga con su propia historia de clientelismo parlamentario y con escándalos de financiamiento electoral. Pero que un Congreso recién instalado le recuerde a un presidente electo que necesitará construir mayorías, y no simplemente disponer de ellas, es un ejercicio de vida institucional cuya escasez en la región lo vuelve llamativo.
La memoria de la posguerra salvadoreña
Vale la pena un poco de memoria histórica para calibrar la distancia. Tras los Acuerdos de Paz de 1992, la Asamblea Legislativa fue durante años un espacio de negociación obligada entre bancadas sin mayorías absolutas, donde ARENA y el FMLN debían pactar con partidos minoritarios para aprobar reformas, préstamos o nombramientos de segundo grado como los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Fue una etapa con sus propios vicios —cuoteo, tráfico de influencias, negociaciones opacas— pero también con una pluralidad de voces que hoy resulta lejana.
El escenario actual, con una fracción legislativa mayoritaria capaz de aprobar reformas, préstamos o el régimen de excepción sin tejer coaliciones, ha simplificado los tiempos legislativos. Pero simplificar los tiempos no equivale a fortalecer la institución. Un Salón Azul que aprueba sin debate perceptible no representa necesariamente mejor a sus votantes; es, en el mejor de los casos, un trámite más rápido.
Los defensores del modelo replicarán, con razón parcial, que la ciudadanía votó por esa concentración de poder y que la aprobación presidencial se mantiene alta según los sondeos de opinión pública. Es un argumento de legitimidad de origen que no puede despacharse: el mandato popular existe y es real. Pero la legitimidad de origen no sustituye a la de ejercicio, y esta se mide, entre otras cosas, en la capacidad de la Corte de Cuentas, la Fiscalía General de la República y la Sala de lo Constitucional de actuar con independencia efectiva y no solo formal.
El caso colombiano, con todas las diferencias de escala y cultura política, deja una idea trasladable: un sistema presidencialista sano no es aquel donde el presidente electo controla automáticamente al Congreso desde el primer día, sino aquel donde debe ganarse esa relación, sesión tras sesión, ley tras ley. Es una lección incómoda para cualquier oficialismo, el que llega y el que ya lleva tiempo instalado.
No se trata de añorar la parálisis legislativa de otras épocas ni de idealizar un pasado con sus propias sombras. Se trata de no perder de vista que la salud de un Órgano Legislativo no se mide en la velocidad con que aprueba las iniciativas del Ejecutivo, sino en la calidad del debate que antecede a esa aprobación —o a su eventual rechazo.
Colombia estrena Congreso con un gesto de autonomía que deberá demostrarse en la práctica legislativa de los próximos meses, cuando de la Espriella tome posesión y ponga a prueba esa mayoría recién configurada. El Salvador sigue con su propio calendario: nuevas prórrogas del régimen de excepción, la discusión del próximo Presupuesto General de la Nación y la observación permanente sobre cuánto margen conservan las 60 curules del Salón Azul para decir que no. La comparación no absuelve ni condena a nadie; solo recuerda que la democracia representativa, en cualquier latitud, se mide por la calidad de sus fricciones, no por su ausencia.
