La partida se ha tramitado mediante el mecanismo previsto en la Ley General Presupuestaria para transferencias de crédito entre departamentos, un procedimiento que permite movilizar fondos no contemplados en la dotación original de un ministerio recurriendo a un excedente de otra cartera. Según la documentación remitida al Consejo de Ministros, el objetivo es "financiar las gratificaciones por servicios extraordinarios para atender los trabajos fuera de la jornada como consecuencia del Plan de choque para el proceso de regularización extraordinaria de personas extranjeras". Hacienda no ha detallado qué partida presupuestaria original absorbe la reducción de crédito necesaria para financiar el traspaso.
El Plan de choque se activó como respuesta a un volumen de solicitudes que superó los cálculos manejados públicamente por el Ejecutivo. Preguntada por el número de personas que podrían beneficiarse del proceso, la ministra de Inclusión, Elma Saiz, situó la cifra "en torno a 500.000 personas", y matizó: "Las estimaciones, sabe que son estimaciones, pero las estimaciones son en torno a 500.000 personas". Ese cálculo remitía a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regularización extraordinaria presentada en 2023, cuyo escrito afirmaba que "de acuerdo con las estimaciones más recientes, en España residen de manera irregular entre 390.000 y 470.000 personas".
Esa previsión distaba de otras proyecciones técnicas. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) apuntaban a cifras próximas a las 800.000 solicitudes, casi el doble de la estimación oficial. El resultado final, 1.174.978 peticiones, rebasó todas las proyecciones disponibles.
Según la información del proceso, el Ministerio de Inclusión contemplaba internamente tres escenarios: uno que confirmara los cálculos de la ILP en torno a las 500.000 solicitudes; un segundo intermedio entre esa cifra y las proyecciones de AIReF y Funcas; y un tercero, calificado como el peor de los casos, que podría alcanzar el millón de peticiones. La cifra real superó incluso ese último umbral.
Desde la cartera de Saiz sostienen que las solicitudes no desbordaron a sus funcionarios y que el operativo se dimensionó para que todas las personas que cumplieran los requisitos pudieran acogerse a la regularización. No obstante, el recurso a horas extraordinarias y a una transferencia de crédito adicional refleja una tensión operativa por encima de la previsión pública inicial de 500.000 personas.
Un despliegue de 550 profesionales y 448 oficinas
Para gestionar el proceso, Saiz anunció el refuerzo de 550 profesionales distribuidos entre las 448 oficinas habilitadas: 60 dependientes de la Seguridad Social o la Tesorería General, 371 de Correos y 5 de las oficinas de Extranjería. Ese entramado permitió tramitar 197.102 solicitudes de forma presencial, un 16,8% del total, mientras que la mayoría —977.876 peticiones, el 83,2%— se presentaron por vía telemática. El coste de 2.220.750 euros en gratificaciones se enmarca en un gasto total del proceso que el Gobierno no ha desglosado y que incluiría además la habilitación de oficinas, la contratación de personal de refuerzo y el despliegue de medios telemáticos a través de Correos y la Seguridad Social.
El marco del proceso remite al Reglamento de Extranjería, aprobado por el Real Decreto 557/2011, que regula las vías de regularización por arraigo social, laboral o familiar, condicionadas a la acreditación de vínculos con España y a la ausencia de antecedentes penales. Los procesos extraordinarios de este tipo tienen precedentes: España aprobó regularizaciones masivas en 1991, 1996, 2000, 2001 y 2005, esta última bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que regularizó a más de medio millón de personas mediante el denominado proceso de normalización.
El resultado del proceso ha reactivado la controversia parlamentaria sobre su diseño y su coste. El Partido Popular y Vox han cuestionado la brecha entre la previsión inicial de 500.000 solicitudes y las casi 1,2 millones finalmente registradas, que a su juicio evidenciaría una falta de planificación. Desde el Gobierno, fuentes de Inclusión defienden que el dispositivo, aun ampliado sobre la marcha, permitió tramitar la totalidad de las solicitudes dentro de los plazos fijados, sin bloqueos generalizados en las oficinas habilitadas.
A partir de ahora, el proceso entra en su fase de resolución administrativa, en la que los servicios de Extranjería y Seguridad Social deberán estudiar individualmente cada una de las cerca de 1,17 millones de solicitudes presentadas. Según los plazos ordinarios de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común, el trámite puede prolongarse varios meses y determinará cuántas personas obtienen finalmente la regularización de su situación en España.
