La llamada Situación Operativa 3 es el escalón más alto de la escala de gravedad prevista en los planes de protección civil frente a incendios forestales. Su activación implica que existe una amenaza directa sobre la vida de las personas o sobre infraestructuras y patrimonio de relevancia, y que la coordinación de los medios ya no depende de la comunidad autónoma afectada, sino que pasa a manos del Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias. Grande-Marlaska firmó la declaración desde el puesto de mando avanzado instalado en Cenicientos (Madrid), donde siguió en persona la evolución de los tres frentes activos.
Ayuso trasladó la petición al Gobierno central la noche del jueves a través de la red social X, donde advirtió de que la jornada del viernes traería "condiciones meteorológicas muy adversas" y de que sería necesario reforzar el operativo "incluso con apoyo internacional". La presidenta madrileña no detalló en ese primer mensaje el balance de daños ni el número exacto de evacuados, cifra que la Comunidad de Madrid situó horas después en el entorno de las 10.000 personas.
La respuesta del Ejecutivo llegó en apenas un par de horas, un plazo breve para este tipo de trámites. La decisión, según trasladó la Delegación del Gobierno en Madrid, se adoptó por la concurrencia de los tres incendios, unas condiciones meteorológicas especialmente adversas y la necesidad de movilizar un importante volumen de recursos de distintas administraciones, factores que incrementaron la complejidad de la respuesta.
La activación no estuvo exenta de fricción institucional previa. El delegado del Gobierno en la región, Francisco Martín Aguirre, había cuestionado horas antes, en declaraciones a la Cadena SER, la forma en que se produjo la petición de Ayuso, a la que calificó de "escueta carta con la que ha sacado un tuit", y reclamó que la Comunidad de Madrid "explicara y justificara" esa solicitud. Pese a esas reticencias iniciales, el Gobierno acabó activando la emergencia nacional tanto en Madrid como en la provincia de Ávila, ambos territorios gobernados por el PP.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se había pronunciado poco antes en redes sociales, sin hacer aún referencia a la petición formal de Ayuso, para asegurar que el Ejecutivo había "desplegado todos los medios" disponibles para frenar los incendios que afectaban "a numerosas zonas: Ávila, León, Toledo, Madrid y otros puntos de España". El mensaje situaba el foco en una crisis de alcance interautonómico, más allá de los tres incendios que finalmente motivaron la declaración de emergencia nacional.
Sobre el terreno, los frentes más activos se concentraban este viernes en el término de Almorox (Toledo), con afectación directa sobre Villa del Prado y Aldea del Fresno —esta última con miles de vecinos evacuados—, y en San Martín de Valdeiglesias, con un frente en Pelayos de la Presa. A ellos se sumó un tercer incendio declarado el jueves en Villa del Prado, distinto del originado en Almorox aunque afectaba parcialmente al mismo municipio, que obligó a decretar el confinamiento de la población cercana y a evacuar una urbanización y dos residencias en Aldea del Fresno.
El consejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, subrayó que el objetivo prioritario del operativo conjunto —integrado por Bomberos de la Comunidad, efectivos del Ayuntamiento de Madrid y unidades de la Unidad Militar de Emergencias (UME)— es "salvar vidas y bienes" en un escenario de fuegos simultáneos que ha desbordado la capacidad de respuesta autonómica.
Un mecanismo excepcional con precedentes recientes
La gestión de grandes incendios forestales en España se rige por la Norma Básica de Protección Civil y por los planes territoriales de cada comunidad autónoma, homologados por la Comisión Nacional de Protección Civil. El sistema contempla varios niveles de gravedad: los inferiores, de gestión autonómica; y la Situación Operativa 3, que implica la dirección estatal según la magnitud del riesgo. La declaración de interés nacional es una figura excepcional, reservada a situaciones en las que la coordinación de recursos supera el ámbito de una sola administración.
España cuenta con precedentes de mecanismos de coordinación estatal en episodios de gran magnitud, como la ola de incendios que arrasó Galicia en 2006 o los grandes fuegos del verano de 2022 en Galicia, Castilla y León y la Comunidad Valenciana, considerados entre los más devastadores de las últimas décadas. La actual crisis se inscribe en esa serie por la simultaneidad de frentes activos en una misma región y su desbordamiento de los medios autonómicos.
La petición de ayuda internacional mencionada por Ayuso remite al Mecanismo Europeo de Protección Civil (rescEU), gestionado por la Comisión Europea, que permite movilizar medios aéreos y terrestres de otros Estados miembros cuando la capacidad nacional se ve superada. Hasta la publicación de esta información no constaba una solicitud formal de activación de ese mecanismo por parte del Gobierno español, aunque la presidenta madrileña la había apuntado como escenario probable si se confirmaban las condiciones meteorológicas previstas para el viernes.
A partir de la declaración, la dirección técnica y operativa de los incendios de Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias y Burgohondo queda bajo mando estatal, lo que abre la puerta a la incorporación de medios aéreos adicionales de la UME y de otros cuerpos estatales. El seguimiento de las próximas horas, marcadas por la previsión de condiciones adversas, será determinante para valorar si resulta necesario recurrir a la cooperación internacional o si el actual despliegue basta para estabilizar los frentes activos.
