La consejera reclama negociación multilateral
Según la única fuente que recoge estas declaraciones hasta el momento, otro medio, la consejera murciana rechazó lo que calificó como el «pacto» catalán y exigió transparencia en el reparto de recursos entre comunidades. El planteamiento del Gobierno regional pasa por que cualquier reforma del modelo se negocie en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el órgano multilateral donde se sientan todas las comunidades autónomas, y no en mesas bilaterales entre Madrid y Barcelona. El Hemiciclo no ha podido verificar de forma independiente el contenido íntegro de las declaraciones, por lo que se atribuyen a la fuente citada.
López Miras: «privilegios por el territorio donde vives»
El Ejecutivo regional, presidido por Fernando López Miras (PP), lleva meses denunciando lo que considera un trato de favor hacia Cataluña en el reparto de fondos estatales. En comparecencias previas recogidas por la misma cabecera, López Miras criticó la reforma de la financiación de Sánchez por «fijar privilegios por el territorio donde vives», en línea con las advertencias que ahora reitera su consejera de Hacienda. La posición autonómica sostiene que el esquema en negociación vulneraría la igualdad entre territorios.
Un modelo caducado desde 2009
El actual sistema de financiación autonómica se rige por la Ley Orgánica 8/1980 de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y fue reformado por última vez en 2009, bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El modelo debía revisarse cada cinco años, por lo que acumula más de una década de vigencia prorrogada de facto sin acuerdo para sustituirlo. Ese bloqueo prolongado ha sido señalado de forma recurrente por comunidades de distinto signo político.
Murcia, históricamente entre las peor financiadas
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha advertido en sucesivos análisis de desigualdades estructurales entre comunidades con niveles de renta similares, derivadas de variables como la dispersión poblacional, el envejecimiento o el coste de los servicios públicos. En las liquidaciones del sistema publicadas por el Ministerio de Hacienda, Murcia ha figurado de forma reiterada entre las autonomías con menor financiación por habitante ajustado, junto a la Comunidad Valenciana, situándose por debajo de la media del conjunto del régimen común.
El artículo 138 de la Constitución, en el centro del debate
El pacto de investidura entre el PSOE y las formaciones independentistas catalanas tras las últimas elecciones generales reabrió el debate con la incorporación de mecanismos de financiación singular para Cataluña, que las comunidades del PP consideran contrarios al principio de solidaridad y equilibrio interterritorial recogido en el artículo 138 de la Constitución. Este precepto encomienda al Estado velar por un equilibrio económico «adecuado y justo» entre las distintas partes del territorio.
Cómo se reforma la financiación
El procedimiento para modificar el modelo exige, según la LOFCA, el acuerdo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, integrado por el Ministerio de Hacienda y los consejeros de Economía de las diecisiete comunidades. Cualquier modificación sustancial requeriría además tramitación parlamentaria en las Cortes Generales, dado su rango de ley orgánica. Una de las principales dudas que plantean las comunidades críticas es si el acuerdo con la Generalitat se someterá a ese trámite multilateral o se limitará a mecanismos bilaterales de cesión de tributos.
El precedente de la reforma que nunca llegó
La discusión no es nueva. En 2017, la Comisión de Expertos para la Revisión del Modelo de Financiación Autonómica, constituida por el Gobierno de Mariano Rajoy, elaboró un informe con recomendaciones para una reforma global que nunca llegó a aplicarse por falta de consenso entre comunidades. Antes, la propia reforma de 2009 se aprobó tras arduas negociaciones bilaterales que dejaron un modelo de difícil comprensión y objeto de críticas desde su origen.
Murcia, beligerante desde hace más de una década
La consejera López Aragón forma parte del Gobierno autonómico del PP, que gobierna en solitario tras el fin de la coalición con Vox. La Región de Murcia ha sido una de las comunidades más combativas en la disputa por la financiación, con campañas institucionales bajo el lema de la «financiación justa» que se remontan a los gobiernos de Ramón Luis Valcárcel y continuaron con López Miras. El discurso del agravio financiero ha atravesado a los sucesivos ejecutivos populares murcianos.
El PP autonómico, en bloque frente al Gobierno
La posición murciana se suma a las críticas de otros gobiernos del PP, como los de la Comunidad Valenciana y Andalucía, que también reclaman revisar el modelo por considerarlo desfavorable frente al trato singular a Cataluña. Estas comunidades coinciden en pedir que la reforma se aborde de forma multilateral, aunque hasta la fecha no han presentado una propuesta conjunta y articulada de modelo alternativo, más allá de reclamar mayores recursos por habitante ajustado.
La versión del Gobierno central
En intervenciones anteriores sobre el mismo asunto, el Ejecutivo de Sánchez ha defendido que la financiación singular para Cataluña no implica un trato discriminatorio para el resto de comunidades.
Una fuente y verificaciones pendientes
La constituye, por el momento, la única fuente disponible sobre estas declaraciones concretas de la consejera López Aragón. El Hemiciclo no ha podido corroborar con una segunda cabecera ni el contenido íntegro de sus palabras ni el estado real de las negociaciones entre el Gobierno central y la Generalitat sobre el nuevo modelo, por lo que esta pieza se limita a reproducir con la debida atribución lo informado hasta ahora.
Qué puede pasar ahora
El debate sobre la financiación autonómica previsiblemente continuará en las próximas semanas con nuevas comparecencias parlamentarias y la eventual inclusión del asunto en el orden del día de una futura reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que no ha fijado fecha para abordar formalmente la reforma. Cualquier nuevo modelo debería, en último término, superar la doble barrera del acuerdo multilateral y la aprobación de las Cortes Generales. El Hemiciclo seguirá informando de la evolución del debate y de la respuesta del Ministerio de Hacienda.
