La disputa se remonta a comienzos de 2025, cuando el Ministerio del Interior francés, entonces dirigido por Bruno Retailleau, intensificó la presión sobre Argel para que aceptara la repatriación de ciudadanos con orden de expulsión del territorio francés, muchos de ellos con antecedentes penales. Argelia se negó reiteradamente a recibirlos, lo que bloqueó de facto el mecanismo de deportaciones. El marco bilateral aplicable es el acuerdo franco-argelino de 1968, un régimen migratorio específico —distinto del general aplicado a otros extranjeros— que otorga a los argelinos condiciones particulares de residencia y trabajo en Francia, heredadas del proceso de descolonización y modificado en sucesivas ocasiones.
El conflicto escaló en febrero de 2025, cuando un ciudadano argelino al que Francia llevaba tiempo intentando repatriar fue detenido como sospechoso de un ataque con arma blanca en Mulhouse que causó una muerte y tres heridos. El caso reforzó el discurso de los sectores más duros del Gobierno y de la oposición, que reclamaban la suspensión o revisión del acuerdo de 1968. Meses después, la detención en Argelia del periodista Christophe Gleizes, condenado por un tribunal argelino por colaboración con una organización considerada terrorista, añadió otro foco de tensión, con París denunciando la falta de garantías.
Para reconducir la relación, Macron recurrió hace dos meses a Stéphane Romatet, diplomático que ya había ejercido como embajador en Argel. Su designación se interpretó como un gesto de distensión en un contexto de intereses cruzados: la cooperación policial contra el yihadismo en el Sahel, el peso de la mano de obra argelina en sectores de la economía francesa, el volumen del comercio bilateral y la posición de cada país sobre el Sáhara Occidental, donde Argelia respalda al Frente Polisario y Francia se ha alineado con las tesis de Marruecos.
Fue Romatet quien, en esa entrevista del 16 de julio, confirmó la voluntad del Ejecutivo francés de restablecer los 250.000 visados anuales, la cifra previa al estallido de la crisis. Según el propio diplomático, no consta que el presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune, haya ofrecido contrapartida alguna en el asunto que originó la ruptura: la readmisión de nacionales con orden de expulsión.
Reacciones enfrentadas en el espectro político
El anuncio ha recibido una acogida desigual. Sectores de la izquierda han valorado el gesto como un paso hacia la normalización de una relación bilateral marcada por la desconfianza desde la guerra de independencia argelina, que concluyó en 1962 tras un conflicto en el que murieron decenas de miles de personas, entre soldados franceses, harkis y población civil argelina. Para estos sectores, la cooperación migratoria y económica con Argel resulta indisociable de la gestión de los flujos y del mercado laboral francés.
La respuesta desde la derecha y la ultraderecha ha sido frontal. Jordan Bardella, presidente de Agrupación Nacional, escribió en X: «Rechazamos categóricamente esta capitulación del macronismo frente al régimen argelino. Si los franceses nos otorgan su confianza, haremos respetar a nuestro país frente a todas las provocaciones, y finalmente retomaremos el control de nuestra política migratoria». Eric Ciotti, alcalde de Niza y aliado de Bardella tras su ruptura con Los Republicanos en 2024, lo definió como «una capitulación. Una humillación. Una traición».
Bruno Retailleau, ya fuera de la cartera de Interior pero declarado aspirante a la candidatura presidencial de su partido, ha pedido a Macron que revierta la decisión. Su argumento central es que el compromiso de emitir los 250.000 visados se habría adoptado sin ninguna concesión verificable por parte argelina en el punto que motivó la crisis: la aceptación de las deportaciones ordenadas por la justicia y la administración francesas. Ni la Presidencia francesa ni el Gobierno argelino han emitido, por el momento, una posición pública que matice o desmienta lo trasladado por el embajador.
Las raíces del vínculo migratorio franco-argelino
El vínculo entre ambos países se remonta a los acuerdos de Evian de 1962, que pusieron fin a la guerra colonial, y al posterior acuerdo bilateral de 1968, negociado cuando la industria y la minería francesas de posguerra demandaban mano de obra. Aquel marco, promovido entonces por el poder gaullista y los grandes sectores industriales, sigue rigiendo hoy la residencia de buena parte de la comunidad argelina en Francia, uno de los colectivos de origen extracomunitario más numerosos del país, por delante de marroquíes y portugueses, según los censos del instituto estadístico francés INSEE.
El debate sobre inmigración, integración y seguridad ocupa un lugar central en la política francesa desde hace más de una década, con hitos como los atentados yihadistas de 2015 y 2016 y casos posteriores de violencia que han derivado en procesos judiciales, incluidos algunos por delitos de motivación racista actualmente ante los tribunales. La cuestión argelina ocupa en ese debate un lugar simbólico particular por la historia común entre ambos países.
El sistema político argelino, en el poder desde la independencia y señalado por organismos internacionales de derechos humanos por sus limitaciones al pluralismo, ha empleado históricamente la cuestión migratoria y la memoria colonial como palancas de negociación frente a París. La detención de periodistas y opositores —como el caso Gleizes— ha sido objeto de críticas por organizaciones como Reporteros Sin Fronteras, que reclaman a Francia una posición firme en derechos humanos pese a los intereses estratégicos compartidos.
De cara a los próximos meses, el asunto se perfila como uno de los ejes de la campaña presidencial, cuya primera vuelta está prevista para abril de 2027. Agrupación Nacional, con Bardella o Marine Le Pen como principales opciones según las encuestas conocidas, ha hecho de la política migratoria su bandera electoral. Si el resultado presidencial derivase en una disolución de la Asamblea Nacional —facultad que la Constitución de la V República otorga al jefe del Estado y ya empleada en 2024—, unas legislativas anticipadas podrían añadir otro capítulo a esta disputa sobre soberanía migratoria y relación bilateral con Argelia.
