Alemán señaló que la UABR adelanta "auditorías y evaluaciones técnicas" sobre los contratos vigentes en Amador para verificar el uso de los bienes revertidos e identificar áreas de relleno de fondo de mar, y precisó que los resultados serán divulgados cuando concluyan las revisiones técnicas y legales, sin ofrecer un plazo concreto. El objetivo declarado, según el subdirector, es que los espacios que sean desafectados sirvan para "establecer el cobro por el uso de dichos terrenos, asegurando que el Estado perciba la justa contraprestación por su patrimonio".
El funcionario no precisó cuántas hectáreas están bajo revisión, qué concesiones podrían verse afectadas ni cuántos rellenos han sido identificados. La entidad tampoco divulgó mapas, estudios técnicos o resoluciones que permitan determinar el alcance territorial del proceso o si las áreas ahora bajo fiscalización corresponden a rellenos previamente registrados. La UABR sí confirmó que mantiene consultas con la Anati para avanzar en los trámites administrativos que permitan regularizar esas áreas y establecer el cobro por su uso.
Qué son los bienes revertidos y qué autoridad los administra
Los bienes revertidos son las instalaciones, tierras e infraestructuras que regresaron a manos del Estado panameño tras la salida de las fuerzas estadounidenses de la Zona del Canal, en cumplimiento de los Tratados Torrijos-Carter firmados en 1977, que fijaron el traspaso progresivo hasta la entrega total del Canal de Panamá el 31 de diciembre de 1999. Amador, antigua base militar estadounidense en la boca pacífica del Canal, forma parte de ese patrimonio y ha sido gestionada desde entonces mediante concesiones a privados para desarrollo turístico, hotelero y náutico.
La fiscalización de estas áreas corresponde a la administración estatal de bienes revertidos, cuya función es evitar que queden fuera del control público o se exploten sin la debida contraprestación económica. El caso de Amador no es el primero que genera controversia sobre el manejo del patrimonio devuelto por Estados Unidos: en las décadas posteriores a 1999, distintas administraciones han afrontado cuestionamientos sobre la gestión de tierras revertidas en zonas como Colón y el propio corredor interoceánico, con procesos de fiscalización que en ocasiones se prolongaron sin resolución definitiva.
Empresarios que participaron en reuniones con representantes de la UABR relataron que, además de las auditorías, se discutió la posibilidad de segregar, delimitar e inscribir como nuevas fincas estatales algunos de los rellenos existentes en Amador, superficies que eventualmente podrían venderse, arrendarse o concesionarse de nuevo. El presidente de la Asociación de Inversionistas y Comerciantes de Amador (Adica) y de Fuerte Amador Resort & Marina (FARM), Miguel López Piñeiro, confirmó que en esos encuentros se les explicó que dichas áreas podrían incorporarse al patrimonio estatal mediante la creación de fincas nuevas.
"Lo que está intentando hacer el Gobierno es legalizar esos rellenos, poniéndoles un valor y pasándolos a ser fincas del Estado", manifestó López Piñeiro. El empresario advirtió que uno de los principales riesgos del proceso es que algunas de esas superficies no formarían parte de las fincas originales ni de las zonificaciones históricas de Amador. "Están creando una finca nueva que no tiene ningún tipo de zonificación", añadió, en referencia a la ausencia de un marco que determine los usos permitidos —turístico, comercial, habitacional o portuario— en esas áreas.
Según los concesionarios consultados, la propuesta abarcaría superficies ganadas al mar ubicadas dentro de áreas concesionadas y, en algunos casos, utilizadas para fines distintos a los marítimos previstos originalmente en los contratos. Una vez inscritas como fincas del Estado, esas áreas podrían ser objeto de venta, arrendamiento o nuevas concesiones, de acuerdo con los empresarios que asistieron a las reuniones. Hasta ahora, la UABR no ha confirmado la existencia de un proyecto formal para vender esos terrenos y ha centrado su comunicación pública en el proceso de auditoría y en la coordinación con la Anati.
La UABR informó, además, que ha recibido denuncias relacionadas con cambios de uso dentro de concesiones ubicadas en Amador. "En el sector de Amador se han recibido algunas denuncias relacionadas con cambios de uso turístico a uso habitacional", indicó Alemán, quien precisó que estos casos forman parte de procedimientos administrativos en curso, por lo que la entidad evitó ofrecer mayores detalles sobre las concesiones investigadas o las sanciones que podrían derivarse.
El expediente se inserta en un debate más amplio sobre la fiscalización del patrimonio inmobiliario estatal en Panamá, en un contexto de expansión del sector inmobiliario y turístico en zonas costeras. La Contraloría General de la República, órgano encargado de fiscalizar el uso de los fondos y bienes públicos, no se ha pronunciado públicamente sobre las auditorías en curso, aunque su intervención podría resultar pertinente si se determinara un eventual perjuicio patrimonial al Estado por el uso no autorizado de rellenos.
El proceso también podría alcanzar a la Asamblea Nacional en caso de que una eventual venta o nueva concesión de las fincas resultantes requiera un marco legal específico o la aprobación de contratos que, por su cuantía o naturaleza, deban pasar por el Órgano Legislativo, como ha ocurrido históricamente con otras concesiones de gran envergadura vinculadas al patrimonio revertido del Canal. Las islas de Amador —Naos, Perico y Flamenco— concentran casi tres décadas de concesiones marcadas por incumplimientos, litigios, proyectos inconclusos y cuestionamientos sobre la fiscalización estatal.
De cara a los próximos meses, la UABR reiteró que dará a conocer los resultados de sus auditorías una vez concluyan las revisiones técnicas y legales, sin que se haya fijado una fecha límite. Los concesionarios esperan mayor claridad sobre los criterios de zonificación aplicables a las nuevas fincas y sobre si el proceso afectará contratos ya vigentes, en un asunto que combina la fiscalización patrimonial, la seguridad jurídica de la inversión privada y el interés del Estado por maximizar los ingresos derivados de su patrimonio costero.