El salto en las cifras marcó la jornada. Hasta la mañana del viernes las autoridades manejaban un dato situado casi un tercio por debajo del finalmente confirmado. Rego explicó que a los 1.342 menores ya contabilizados hay que sumar centenares pendientes de identificación, además de un número indeterminado que permanece escondido en zonas de montaña o deambula por la ciudad sin haber sido registrado todavía.
La ministra distinguió entre los menores llegados en el episodio más reciente y los que ya estaban bajo tutela previa. Según sus datos, a los aproximadamente 600 menores ya tutelados por la administración se suman ahora hasta 1.500 más, una cifra que, de completarse la identificación de quienes faltan por registrar, podría llegar a duplicarse. Todos ellos deberán ser trasladados a la península por vía marítima, único cauce logístico disponible dada la condición de ciudad autónoma de Ceuta y su falta de conexión terrestre con el resto del territorio nacional.
El precedente de la contingencia de hace un año
La crisis actual no es la primera que pone a prueba el mecanismo de reparto. Hace doce meses el Gobierno aprobó la declaración de contingencia migratoria en Canarias y en las dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, un instrumento de la normativa de protección de menores que permite activar la derivación a otras comunidades cuando el territorio receptor ve superada su capacidad de acogida. En aquella ocasión la ley no obligaba a completar los traslados en un plazo determinado, y el proceso se prolongó durante siete meses, en los que salieron 1.019 menores hacia distintas comunidades.
El marco legal aprobado un año después sí introdujo un plazo máximo de quince días para derivar a los menores desde el territorio de acogida inicial. Sin embargo, tanto el Ejecutivo como las comunidades autónomas asumen que ese plazo será imposible de cumplir en esta ocasión: el volumen actual supera en al menos un 30% al registrado en el episodio anterior y debe gestionarse en un margen de tiempo mucho más ajustado. Rego lo describió como «un desafío logístico sin precedentes».
La respuesta institucional no se ajusta, por ahora, a la velocidad de los acontecimientos. La conferencia sectorial extraordinaria —órgano de coordinación entre el Ministerio y las comunidades en materia de infancia— no se celebrará hasta finales de agosto, coincidiendo con la incorporación de nuevos consejeros autonómicos al frente de los servicios sociales de varias comunidades tras los procesos electorales celebrados este año, algunos de ellos de Vox. Aunque la ministra podría haber convocado una reunión telemática urgente, el Ejecutivo ha optado por esperar al fin del periodo vacacional. La misma lógica se aplica a la ayuda de 25 millones de euros comprometida para reforzar los recursos de acogida, que no se autorizará hasta el 25 de agosto, un mes después del episodio que disparó las cifras.
Las comunidades y el reparto pendiente
El reparto de los menores entre comunidades es el punto de mayor fricción política. El Partido Popular, que en un primer momento se alineó con el rechazo expresado por sus socios de gobierno autonómico a recibir a los menores derivados desde Ceuta, rectificó después y admitió que cumplirá la ley del mismo modo que lo hizo durante el episodio de hace un año, cuando ya gobernaba varias de las comunidades que acogieron menores. Ese giro reduce el margen para una oposición frontal a la acogida, aunque las discrepancias sobre el número que corresponde a cada territorio y sobre los criterios de cálculo siguen abiertas y previsiblemente se intensificarán con las cifras definitivas. Por el momento no existe ningún borrador oficial que detalle a qué comunidades se derivará a los más de mil menores contabilizados.
Rego insistió en que la respuesta exige «corresponsabilidad» entre administraciones, un principio que el Ministerio ha repetido toda la semana. La ministra defendió que el Gobierno trabaja simultáneamente para garantizar la protección de los menores y para aliviar la sobrecarga que soporta Ceuta, aunque reconoció que, por ahora, ese doble objetivo no se está cumpliendo en su totalidad sobre el terreno. Admitió que la situación representa «una presión extraordinaria para un territorio con capacidades limitadas».
La ciudad autónoma de Ceuta, con una población en torno a los 83.000 habitantes según el padrón municipal del Instituto Nacional de Estadística, dispone de una red de centros de acogida dimensionada para una fracción de la cifra actual. El fenómeno de las llegadas de menores no acompañados a Ceuta y Melilla no es nuevo: ambas ciudades, por su condición fronteriza con Marruecos, han sido puerta de entrada recurrente durante más de una década, con un pico especialmente intenso en 2021, durante la crisis diplomática entre España y Marruecos.
De cara a las próximas semanas, el calendario oficial marca dos hitos concretos: la conferencia sectorial extraordinaria de finales de agosto, que deberá fijar los criterios de reparto entre comunidades, y la autorización de los 25 millones de euros de ayuda estatal el día 25 de ese mismo mes. Hasta entonces, la gestión de los menores identificados y de quienes permanecen sin registrar recaerá sobre los recursos de la ciudad autónoma, mientras el número exacto de menores por reubicar sigue sin cerrarse.
