El FMLN, fundado en 1980 como coalición de organizaciones guerrilleras y convertido en partido político tras los Acuerdos de Paz de Chapultepec en 1992, gobernó El Salvador entre 2009 y 2019 con Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén. Desde la irrupción de Nuevas Ideas y la consolidación de Nayib Bukele en el Órgano Ejecutivo, la antigua fuerza de izquierda ha visto reducida su representación en la Asamblea Legislativa a una fracción minoritaria, lejos de las bancadas que llegó a controlar en el Salón Azul durante las dos décadas posteriores a la firma de la paz.
La posible candidatura de Aguirre se produciría en un escenario de correlación de fuerzas adverso para cualquier proyecto opositor. Nuevas Ideas ha mantenido desde 2021 una mayoría calificada en el Legislativo que le ha permitido, entre otras decisiones, avalar la reelección presidencial y aprobar reformas al sistema electoral, entre ellas la reducción del número de diputados de 84 a 60 curules aplicada a partir de las elecciones de 2024.
Según el material periodístico disponible, el primer desafío de Aguirre sería articular una fórmula de unidad entre el FMLN y las organizaciones sociales, sindicales o de izquierda que respaldarían su aspiración, particularmente en la definición del nombre que acompañaría la candidatura a la vicepresidencia. Ese tipo de acuerdos ha sido históricamente uno de los puntos de fricción dentro de las alianzas de izquierda salvadoreñas, donde conviven sectores ortodoxos del FMLN con organizaciones más próximas a plataformas ciudadanas o gremiales.
El marco legal y el papel del TSE
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) es la institución encargada de fijar el calendario oficial de elecciones presidenciales, inscribir a los candidatos y fiscalizar el financiamiento de las campañas, conforme al Código Electoral vigente. Cualquier aspirante deberá cumplir los requisitos constitucionales, entre ellos ser salvadoreño por nacimiento, mayor de 30 años y no estar comprendido en las inhabilidades que establece el artículo 152 de la Constitución de la República. La confirmación de la candidatura de Aguirre dependerá, en última instancia, del proceso de inscripción formal ante ese tribunal, que suele abrirse varios meses antes de la votación.
La debilidad electoral del FMLN no es un fenómeno reciente. En las elecciones legislativas y municipales de 2021 el partido quedó reducido a una fracción mínima de diputados, y en los comicios presidenciales de 2024 su candidatura obtuvo un porcentaje marginal, muy por debajo del bipartidismo que el país sostuvo entre el FMLN y Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) durante más de dos décadas tras la posguerra.
El precedente más ilustrativo para dimensionar el reto de Aguirre es el propio ascenso de Bukele, quien en 2019 rompió el bipartidismo FMLN-ARENA al ganar la presidencia con el partido GANA y consolidó después su proyecto político con Nuevas Ideas, fundado en 2018. Ese realineamiento relegó a ambos partidos tradicionales a un papel minoritario en la Asamblea Legislativa, un fenómeno sin precedentes desde la firma de la paz en 1992.
La fragmentación de la izquierda salvadoreña, dividida entre el FMLN histórico y movimientos ciudadanos surgidos tras 2019, ha sido señalada como uno de los factores que dificultan la construcción de una candidatura de unidad capaz de competir con el aparato electoral de Nuevas Ideas, que reforzó su implantación territorial al controlar la mayoría de las alcaldías del país tras la reforma municipal y las elecciones de 2024.
El desenlace de esta negociación interna, de confirmarse el interés de Aguirre, marcará si el FMLN logra presentar una fórmula unificada de cara a la próxima cita electoral o si, por el contrario, la dispersión de la oposición se profundiza. Hasta el momento no hay fecha pública para un anuncio formal del partido ni del propio Aguirre, por lo que los próximos hitos serán los comunicados oficiales del FMLN y las resoluciones que en su momento emita el TSE sobre el calendario e inscripción de candidaturas.
