La Comunidad Valenciana, según explicó la propia consellera, afronta simultáneamente el flujo derivado de la presión migratoria terrestre, el traslado de menores procedentes de otros territorios como Ceuta y la llegada por vía marítima, con embarcaciones que en el último mes han transportado una media de doce ocupantes cada una. Esa acumulación, sostuvo la Generalitat, hace «imposible» incorporar más menores a su sistema de protección, cuya red se encuentra al doble de su capacidad teórica.
Albalat calificó la situación de Ceuta como «un problema de Estado, en que el gobierno no está aceptando su responsabilidad» y añadió: «Solo hay que ver que el presidente sigue de vacaciones ante esta invasión que ha sufrido Ceuta». La consellera advirtió de que el Ejecutivo central, «antes de exigir responsabilidades a las comunidades autónomas, tiene que asumir las suyas, que le marca la ley».
La Generalitat Valenciana esperaba abordar la cuestión en una conferencia sectorial con representación política, en la que su gobierno pudiera exponer directamente ante la ministra de Juventud e Infancia, Elma Saiz, la saturación de su red y trasladar que el gasto derivado de la atención a menores no acompañados a partir del cuarto mes de estancia debería recaer en el Estado y no en las arcas autonómicas. El encuentro convocado esta semana, sin embargo, corresponde a la comisión sectorial técnica de juventud e infancia, un escalón de menor rango en el que participan funcionarios y no los responsables políticos.
El orden del día de esa comisión técnica se limita, según la Generalitat, a aprobar el acta de la reunión anterior, celebrada el 1 de julio, y a ratificar el reparto territorial de una partida de 25 millones de euros destinada a Ceuta para la atención a menores migrantes durante 2026. Se trata de la misma cantidad que la ministra Saiz anunció públicamente hace una semana, presentándola entonces como una habilitación extraordinaria de crédito por parte del Gobierno.
El reparto competencial que está en el centro de la disputa
La legislación aplicable se recoge fundamentalmente en la Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, y en la Ley de Extranjería. Ambas establecen que la tutela de los menores extranjeros no acompañados corresponde a la entidad pública de protección de la comunidad autónoma donde son localizados, mientras que el control de fronteras, la determinación de la minoría de edad mediante pruebas médicas y la tramitación de los expedientes de asilo o repatriación son competencia estatal. Es precisamente esa división la que Albalat situó en el centro de su reclamación.
La consellera enumeró las obligaciones que, a su juicio, corresponden al Ejecutivo central: el control efectivo de las fronteras, la determinación de la edad de los menores, su identificación documental, el trabajo en los países de origen para localizar e identificar a las familias con vistas a una reagrupación y la tramitación «de manera individualizada» de cada expediente. Según defendió, el Gobierno «tiene que cumplir la ley y tener sus propias responsabilidades que la ley le exige».
El mecanismo de distribución de menores migrantes no acompañados entre comunidades autónomas se apoya en un sistema de cupos pactado en conferencia sectorial, que en los últimos años ha generado fricciones recurrentes entre gobiernos regionales del PP y del PSOE y el Ejecutivo central, especialmente en episodios de llegadas masivas como los registrados en Canarias o en la propia Ceuta durante la crisis migratoria de mayo de 2021, cuando cerca de diez mil personas cruzaron la frontera con Marruecos en apenas 48 horas.
Aquel precedente de 2021 derivó en un reparto de menores no acompañados entre varias comunidades autónomas, negociado con notable tensión política y judicializado en algunos casos ante los tribunales, que hubieron de resolver sobre las competencias de cada administración. La situación actual, con Ceuta de nuevo en el foco por la llegada de embarcaciones en las últimas semanas, reabre un debate que nunca llegó a cerrarse sobre la financiación estatal de estos recursos y sobre el reparto proporcional entre territorios.
Desde el Gobierno central se ha defendido en ocasiones anteriores que la financiación de la atención ordinaria a los menores corresponde a las comunidades autónomas en su condición de tutoras legales, una vez asignados a su sistema de protección, mientras las partidas extraordinarias como la de Ceuta responden a un principio de solidaridad interterritorial. La Generalitat, por su parte, reclama que el coste a partir del cuarto mes de estancia lo asuma el Estado.
El choque entre la Generalitat Valenciana, gobernada por el Partido Popular, y el Gobierno de coalición entre el PSOE y Sumar se produce además en un marco de relaciones ya tensionadas por otros asuntos de financiación autonómica y por la gestión de la reconstrucción tras la dana de octubre de 2024, lo que añade un componente político a una discusión que, formalmente, debería resolverse en el plano técnico y presupuestario.
La próxima cita relevante será la conferencia sectorial de infancia que la Generalitat reclama que se convoque con presencia de las consejerías autonómicas y no solo de los equipos técnicos. De su celebración y del contenido de los acuerdos que en ella se alcancen sobre financiación y reparto de plazas dependerá si la tensión actual desemboca en una reforma del mecanismo de reparto o si, como tras 2021, el conflicto se prolonga sin una solución estructural a la vista.
