El presidente de la Autoridad Portuaria, Juan Manuel Doncel, se sumó al bloque mayoritario que rechazó la cesión. Votaron en contra los representantes de la ciudad autónoma, los sindicatos presentes en el órgano, la Cámara de Comercio y la Confederación de Empresarios, mientras que a favor únicamente se pronunciaron la Abogacía del Estado, Puertos del Estado, Capitanía Marítima y la Delegación del Gobierno en Ceuta, los cuatro vocales que representan directamente a la Administración General del Estado.
La decisión llegó horas después de que más de un centenar de vecinos se concentraran para oponerse a que los terrenos portuarios albergaran un recurso de acogida. Los manifestantes calificaron esa zona como el «cordón umbilical de Ceuta», en alusión a su papel logístico para el abastecimiento de la ciudad, y reclamaron «retornos ágiles y efectivos ya» en lugar de nuevas instalaciones de acogida. Pidieron además que los recursos económicos y humanos se destinen a reforzar el triaje y la tramitación de solicitudes de asilo, no a habilitar espacios de estancia prolongada.
La votación de este viernes no es un episodio aislado. Desde hace varias semanas, cada vez que trasciende una posible ubicación para instalar un recurso provisional, los vecinos del entorno afectado se movilizan para impedirlo, en protestas sucedidas en distintos puntos de la ciudad. Esta dinámica ha ido cerrando progresivamente las opciones disponibles para las autoridades locales y estatales, que se enfrentan a la dificultad añadida de que Ceuta apenas alcanza los 20 kilómetros cuadrados de superficie, buena parte de ellos de uso urbano o militar.
Un episodio de magnitud excepcional en la frontera sur
La crisis se remonta a más de un mes atrás, cuando se produjo la llegada de más de 70.000 personas migrantes a la ciudad autónoma. Según el Ministerio del Interior, la mayoría de quienes llegaron ya han regresado a Marruecos, aunque persisten en la ciudad miles de adultos y cientos de menores sin plaza de acogida asignada. La cifra sitúa este episodio entre los de mayor magnitud registrados en la frontera sur española, muy por delante del salto masivo de mayo de 2021, cuando en apenas 48 horas cruzaron la frontera con Marruecos cerca de 10.000 personas tras una crisis diplomática entre Rabat y Madrid.
La situación descrita sobre el terreno apunta a condiciones de insalubridad, alimentación insuficiente y riesgo de agresiones para quienes permanecen a la intemperie, especialmente entre la población menor de edad no acompañada. Ese colectivo tiene reconocido en España un régimen de protección reforzada conforme a la Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor y a la normativa de extranjería, que obliga a las administraciones a garantizarles tutela y alojamiento hasta que se resuelva su situación.
El nudo del conflicto reside en el reparto de responsabilidades entre administraciones. El Gobierno central ha rechazado hasta el momento los traslados masivos de migrantes desde Ceuta a la península, una fórmula que sí se empleó en 2021 para descongestionar la ciudad autónoma tras la crisis de aquel año. Sin traslados y sin plazas de acogida suficientes en el propio territorio ceutí, la presión sobre los escasos recursos disponibles se mantiene, mientras entidades sociales advierten de que la permanencia prolongada en la calle agrava los riesgos sanitarios y de convivencia.
La Autoridad Portuaria de Ceuta es un organismo público estatal adscrito al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, cuyo consejo de administración integra representantes de la Administración General del Estado junto a vocales designados por la ciudad autónoma, las organizaciones empresariales y los sindicatos, conforme a la Ley 27/1992 de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. Que el bloque estatal quedara en minoría frente al resto de vocales evidencia una discrepancia de fondo entre el Gobierno y los agentes económicos y sociales locales sobre cómo gestionar la emergencia.
Los representantes empresariales y sindicales que votaron en contra defendieron que la actividad portuaria resulta esencial para el abastecimiento y la economía de la ciudad, y que ceder terrenos estratégicos podría entorpecer las operaciones logísticas de las que depende Ceuta, una plaza con una economía fuertemente dependiente del comercio y el tránsito de mercancías con el exterior. Los cuatro vocales que representan al Estado sostuvieron, por su parte, la necesidad de habilitar de forma urgente un espacio, aunque fuera provisional, para sacar de la calle a la población migrante.
El rechazo del consejo portuario no cierra necesariamente la vía de instalar un recurso de acogida en la zona, puesto que la decisión podría ser replanteada por el Gobierno a través de otros mecanismos administrativos, dada la condición de organismo público estatal de la Autoridad Portuaria. El resultado de la votación, no obstante, refuerza la posición de quienes reclaman que cualquier solución pase por reforzar los retornos y agilizar los procedimientos de asilo antes que por habilitar nuevos espacios de estancia.
En los próximos días será determinante observar si el Gobierno propone una ubicación alternativa para el recurso provisional, si reconsidera la vía de los traslados a la península —descartada hasta ahora— o si opta por reforzar los medios de triaje y tramitación de asilo que reclaman los vecinos concentrados. Mientras no se resuelva esa disyuntiva, la situación de cientos de menores y miles de adultos sin alojamiento formal en Ceuta seguirá siendo la principal urgencia humanitaria pendiente de respuesta institucional.
