El nuevo pico se alcanzó de forma efímera, con el precio retrocediendo tras tocar el máximo, un patrón de alta volatilidad característico de esta criptomoneda desde su creación en 2009. El Banco Central de Reserva (BCR) no ha intervenido en la fijación del precio del activo, determinado por el mercado internacional y no por ninguna autoridad monetaria nacional, por lo que el movimiento no altera de manera directa la política del país, cuya economía sigue dolarizada.
El bitcoin dejó de ser moneda de curso legal obligatorio en El Salvador en enero de 2025, tras una reforma a la Ley Bitcoin aprobada por la Asamblea Legislativa como parte de las condiciones acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para un programa de financiamiento. Desde entonces, la aceptación del bitcoin en transacciones comerciales es voluntaria, aunque el Órgano Ejecutivo ha mantenido su política de acumulación del activo.
La apuesta estatal y sus reparos
Casa Presidencial ha defendido la estrategia de mantener reservas en bitcoin como parte de un plan de diversificación de activos del Estado, presentándola como una apuesta a largo plazo. El FMI ha expresado reparos sobre los riesgos fiscales y de estabilidad financiera que implica la exposición estatal a un activo de alta volatilidad, mientras que sectores de la oposición en el Salón Azul han cuestionado la falta de transparencia sobre el volumen exacto de las tenencias públicas. La Corte de Cuentas de la República, como fiscalizador del manejo de fondos públicos, es la instancia que la normativa habilita para auditar esas operaciones.
Organizaciones de la sociedad civil salvadoreña han señalado repetidamente la ausencia de detalle público sobre las compras estatales del activo como una zona de opacidad en la gestión de las finanzas públicas. La Oficina Nacional de Bitcoin (ONBTC), encargada de gestionar la estrategia estatal, ha sido la principal fuente de información sobre las tenencias del país, aunque sin el nivel de detalle que exigen organismos fiscalizadores.
El historial de precios del bitcoin ha estado marcado por ciclos de fuerte expansión seguidos de caídas abruptas. Tras superar los $60,000 por primera vez en 2021, el activo llegó a desplomarse por debajo de los $20,000 en 2022, en medio de la quiebra de plataformas como FTX, antes de iniciar una recuperación sostenida que lo llevó a superar los $100,000 por primera vez en diciembre de 2024.
El repunte reciente coincide con un mayor apetito institucional a escala global por productos financieros vinculados al bitcoin, como los fondos cotizados en bolsa (ETF) aprobados en mercados como el estadounidense, que han facilitado el acceso de inversionistas tradicionales al activo sin necesidad de comprarlo directamente.
El precedente salvadoreño de 2021
Para El Salvador, la evolución del precio tiene una relevancia particular más allá del debate financiero internacional. El país fue pionero en 2021 con la Ley Bitcoin, impulsada por el Órgano Ejecutivo y aprobada por la entonces mayoría oficialista en la Asamblea Legislativa, una decisión que generó atención mundial y también advertencias tempranas de instituciones como el Banco Mundial sobre los riesgos de adoptar un activo tan volátil como moneda oficial.
En el plano comercial, la adopción del bitcoin entre comercios y usuarios salvadoreños ha sido, según sondeos y estudios de universidades del país citados en años anteriores, significativamente menor a la prevista en el momento de la aprobación de la ley, con el dólar estadounidense manteniéndose como el medio de pago predominante en la economía cotidiana.
De cara a los próximos meses, el mercado de criptomonedas seguirá bajo la observación de inversionistas internacionales pendientes de decisiones de política monetaria en economías como la estadounidense, que inciden directamente en el apetito por activos de riesgo. Para El Salvador, el punto de referencia inmediato será si el Órgano Ejecutivo actualiza el volumen de sus reservas en criptomonedas y si el FMI incorpora nuevas condiciones sobre esta política en las revisiones periódicas de su programa de financiamiento con el país.
