A escala nacional las cifras descienden pero se mantienen elevadas, según los mismos datos: en torno al 76% de los sospechosos de robos simples y el 71% de los sospechosos de robos en el conjunto del transporte público francés serían de nacionalidad extranjera. En 2025, la policía y la gendarmería registraron 104.880 víctimas de robo, violencia o fraude con medios de pago en el transporte público de todo el país, según las mismas estadísticas oficiales.
Dentro de ese conjunto, los inmigrantes de origen magrebí aparecen especialmente sobrerrepresentados: constituirían alrededor del 40% de los sospechosos de robo en el transporte a nivel nacional, pese a suponer en torno al 2% de la población total de Francia, según los datos citados por el medio Remix News.
El Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos (INSEE) sitúa en el 9,1% la proporción de extranjeros sobre el total de la población francesa en 2025, unos 6,3 millones de personas, con una concentración superior a la media en la región de Île-de-France, que engloba París y su área metropolitana. Ese contraste entre el peso demográfico y la representación en las cifras delictivas es el eje del debate público sobre seguridad en el transporte.
El SSMSI, creado en 2014 dentro del Ministerio del Interior, publica desde entonces las estadísticas oficiales de delincuencia en Francia. El propio organismo advierte de que las cifras brutas que cruzan nacionalidad y delito deben leerse junto a variables socioeconómicas y territoriales antes de extraer conclusiones causales, dado que la población extranjera se concentra en áreas urbanas con mayor densidad y menor renta.
El debate sobre inmigración y seguridad se ha visto alimentado por casos judiciales de fuerte repercusión, como la condena a 13 años de cárcel impuesta a un ciudadano camerunés por la violación de una mujer de 75 años en el norte del país. Episodios de este tipo reavivan periódicamente la controversia sobre el origen de los autores de determinados delitos graves.
La discusión se enmarca en un contexto europeo de endurecimiento del discurso migratorio. En Alemania, el canciller Friedrich Merz acusó a Alternativa para Alemania (AfD) en el debate presupuestario del Bundestag de propugnar una «limpieza étnica» al defender la reemigración como sinónimo de esa política, un intercambio que ilustra la polarización del debate en el continente.
Francia acumula desde hace décadas tensiones en torno a la integración de la población de origen magrebí, heredera en buena parte de los flujos migratorios posteriores a la descolonización de Argelia, Marruecos y Túnez entre los años cincuenta y sesenta. Ese trasfondo histórico condiciona la lectura política de cualquier estadística que relacione nacionalidad y delincuencia, terreno en el que el propio SSMSI insiste en matizar los datos brutos.
