Concedamos también la segunda premisa. El administrador general de la AAUD, Moreno, explicó ante la Comisión de Presupuesto que una licitación pública para alquilar la maquinaria —un tractor, una motoniveladora, una pala excavadora, una retroexcavadora y camiones volquete de veinte yardas, por unos $139,200— podría demorar. El propio Afú calculó más de diez meses. Aceptemos ese plazo sin discutirlo. Diez meses son diez meses, y la basura no lee calendarios administrativos. Hasta aquí, el razonamiento del diputado de Azuero se sostiene sin una sola grieta: hay una emergencia y hay un trámite lento. La conclusión parece dictarse sola.
Sigámosla, entonces, paso a paso, porque la lógica de la urgencia es una lógica honrada y merece que la tomemos completamente en serio. Si la licitación pública tarda demasiado, la solución que propone Afú es la contratación directa. Es decir: puesto que el procedimiento diseñado para que varios oferentes compitan y el Estado obtenga el mejor precio consume tiempo, prescindamos de que compitan. Como la casa se está incendiando, no llamemos a tres bomberos a que presenten presupuesto: contratemos al primero que pase. Concedámoslo, porque es verdad que las casas incendiadas no toleran vistas presupuestarias.
Aceptemos, pues, una premisa más. Si la urgencia justifica saltarse la licitación en Azuero, la justifica en cualquier vertedero que esté igual de mal. Y aquí Moreno nos entregó, sin proponérselo, una cifra que conviene que usted retenga: la AAUD ha inspeccionado el 79% de los vertederos del país y ha intervenido apenas el 19%. Traduzca usted eso a la lógica de la urgencia. Si el estado de Azuero es una emergencia que autoriza la contratación directa, y Azuero es solo una porción de ese 79% ya diagnosticado, entonces la emergencia no es de una península: es nacional. La contratación directa dejaría de ser la excepción para Chitré y Las Tablas y pasaría a ser, con toda coherencia, el método ordinario de un país entero.
Sigamos, que aún no revienta. Moreno recordó algo que en el acaloramiento de la prisa suele olvidarse: la licitación pública se ajusta al marco normativo vigente, y esos procesos quedan sujetos, en última instancia, al refrendo del contralor general de la República. El refrendo no es un adorno burocrático. Es el momento en que un tercero —el contralor— revisa que el contrato del Estado sea válido antes de que salga un solo balboa de la planilla de todos. El plazo que Afú considera insoportable es, en buena parte, el plazo que tarda alguien en comprobar que a usted no le están cobrando de más. Concedamos también esto: el control cuesta tiempo. Es, de hecho, su única función.
Aquí conviene detenerse en una lección que Panamá pagó cara y aprendió bien. Cuando en 1999 el país recibió el Canal en virtud de los Tratados Torrijos-Carter, no lo administró con la lógica del apuro. Se montó una ACP con reglas, contrataciones transparentes y rendición de cuentas, precisamente porque se entendió que la cosa más valiosa del país no podía manejarse a golpe de urgencia y confianza personal. Lo escribió Ricardo Miró en otro registro, pero sirve: hay patrias que se defienden mejor con paciencia que con prisa. La institución que hoy es orgullo nacional lo es porque nadie, en su momento crítico, dijo «es urgente, saltémonos el procedimiento».
Y es exactamente en ese punto donde el razonamiento de la urgencia se rompe solo, sin que haga falta empujarlo. Porque la contratación directa que promete rapidez tiene un costo que nadie enunció en la comisión: renuncia a la competencia de precios y adelgaza el control previo. De modo que, para evitar una crisis de desechos, se propone un mecanismo que la Contraloría General fiscaliza justamente porque el manejo de los fondos municipales de aseo es —dice el propio material— materia habitual de sus señalamientos. Es decir: se pide agilizar el gasto en el terreno donde más gasto irregular se ha detectado históricamente. La medicina propuesta es la enfermedad que el país ya conoce.
Llevémoslo hasta el final, con todo el rigor que la urgencia merece. Si aceptamos que la prisa autoriza a contratar sin competencia en Azuero, y que el diagnóstico es nacional, y que estos son precisamente los fondos que más se descontrolan, entonces la propuesta razonable de un diputado que solo quiere salvar a su región de la basura desemboca, sin que él lo quisiera, en una regla general: que el Estado panameño compre maquinaria a dedo, sin comparar precios y con el control debilitado, cada vez que algo apremie. Y en un país donde el 79% de los vertederos ya está diagnosticado como problema, todo apremia siempre. La excepción se habrá comido la norma, y usted, que paga la entrada a este club, habrá financiado el banquete sin saber cuánto costó el cubierto. José Pérez Barboni tuvo la prudencia de preguntar si Azuero le quitaría recursos a Cerro Patacón; Moreno respondió que no, que la tina de vertido de $4.4 millones avanza aparte. Buena respuesta. La pregunta que faltó fue otra.
Porque el material lo dice con nitidez: la comisión no adoptó posición definitiva, la disyuntiva entre licitación pública y contratación directa quedó abierta, y de ella depende que Azuero tenga o no maquinaria pronto. La urgencia es real, el control también lo es, y alguien tendrá que firmar cuál de los dos pesa más. Así que, cuando el traslado de partida siga su trámite en la Asamblea Nacional y llegue el momento de decidir si Chitré, Las Tablas, Guararé, Pedasí, Pocrí, Tonosí y La Villa reciben sus tractores por concurso o por confianza, la única pregunta que importa es quién pondrá su nombre debajo de la palabra «directa»: ¿lo hará el diputado Afú, que la propuso, o el administrador Moreno, que hasta ahora ha insistido en la licitación?