Aceptemos también la segunda premisa, que es la más elegante de todas. La Superintendencia de Bancos, nos recuerda Ayón, no ha recurrido a fondos del Gobierno Central para financiar su funcionamiento desde su creación en 1998. Veintiocho años sin pedirle un balboa al bolsillo de usted. El 87% de su presupuesto para 2027 —$22.4 millones— saldrá de tasas y derechos que le cobra a los propios bancos que supervisa: la tasa de regulación bancaria, la tasa anual de fideicomiso, las inspecciones y avalúos. Es decir: la entidad que cuida su plata la paga el sector que la entidad cuida, y usted no aporta nada. Hasta aquí, todo perfecto.
: Concedamos la tercera. El Ministerio de Economía y Finanzas, por boca de Valerio González, subdirector de Presupuesto, también tiene razón. Su argumento es de una limpieza contable irreprochable: de los $24.6 millones aprobados para 2026, a la fecha de la sustentación se habían ejecutado $14.5 millones. Restaban $6.1 millones por gastar. Y González fue caballeroso: reconoció la eficiencia de la Superintendencia en el manejo de sus recursos. Nadie discute que quien no ha gastado lo de este año no necesite tanto para el que viene. Es la lógica del padre que le baja la mesada al hijo porque le sobró de la anterior. Impecable.
Vamos por la cuarta premisa, y aquí es donde la máquina empieza a funcionar sola. Recuerde usted que el año pasado ocurrió exactamente lo mismo: el MEF recortó $1.2 millones de la propuesta de la SBP para 2026, y después la Asamblea Nacional aprobó una partida adicional para cubrir la diferencia. Ayón lo cita como antecedente que respalda su expectativa: le recortan ahora, se lo reponen después. De modo que tenemos un ritual anual perfectamente aceitado, en el que un órgano quita para que otro ponga, y todos quedan habiendo hecho su trabajo. El recorte es real, la reposición es real, y el dinero, al final, es el mismo. Concedámoslo.
Y concedamos la quinta, que es la que corona el edificio. El dinero recortado no era del Estado. Era de las tasas que pagan los bancos. El MEF, que no aporta ese dinero, le recorta ese dinero a una entidad que se financia sin el MEF, con el argumento de que esa entidad no ha gastado ese dinero que el MEF no puso. Léalo despacio, porque cada palabra de esa frase consta en el material y ninguna es un adorno. El Órgano Ejecutivo administra la escasez de una caja que no es la suya.
Escribió Rogelio Sinán que lo insólito, en Panamá, tiene la costumbre de presentarse con cara de trámite. Y aquí lo insólito ya llegó, puntual, con corbata y con expediente: hemos construido un procedimiento en el que el guardián de que el ritmo de ejecución merece un elogio del MEF y, en la misma sesión, un castigo del MEF. La eficiencia se reconoce y se penaliza en el mismo párrafo de la sustentación. Si usted gasta poco, es que no necesitaba. Si necesita, primero demuestre que gastó. El buen administrador queda así atrapado en la única trampa que él mismo diseñó siendo prudente.
Sigamos el hilo hasta donde revienta, que no es lejos. Si la regla es que a quien ejecuta despacio se le recorta, entonces la Superintendencia aprende la lección obvia: el año próximo conviene ejecutar rápido, para no exhibir sobrantes que inviten a la tijera. Y así el país habrá logrado, mediante rigor presupuestario, que la entidad encargada de vigilar la solidez de la banca tenga un incentivo estructural para gastar deprisa antes de que le quiten lo que le sobre. Enséñenle a un supervisor a gastar por miedo a que le recorten y habrán fabricado, con las mejores intenciones fiscales, exactamente el hábito que ese supervisor existe para reprimir en los demás.
Repare usted además en las partidas que los diputados de la Comisión de Presupuesto sacaron a relucir mientras se libraba esta batalla por $1.017 millones: $1.4 millones para mantenimiento de un edificio en Obarrio cuyos acabados —cerca de $1.7 millones en pisos y cielo raso— ya asumió el Grupo Shahani, promotor del inmueble; $175,000 para gastos judiciales en una entidad que tiene departamento jurídico propio, según explicó Marlon Espino; y $1.4 millones en bonificaciones e incentivos para el personal, que quedó planteado para revisión posterior. Reconozcamos que preguntar es sano. Pero note el tamaño del microscopio: se discute con lupa el cielo raso de un edificio mientras el edificio entero se mantiene, año tras año, sin costarle a usted un centavo. La casa se paga sola y aquí discutimos por la pintura.
El presupuesto seguirá su trámite hacia el primer, segundo y tercer debate, y todo indica que la Asamblea repondrá lo que el MEF recortó, como el año pasado, como el ritual manda, y cada quien podrá decir que cumplió. Todos habrán fiscalizado, todos habrán ahorrado, todos habrán repuesto, y el balboa del banquero habrá dado la misma vuelta de siempre para volver al mismo cajón. Así que quede colgada la única pregunta que este teatro contable no responde: si el dinero no es del Estado, si la entidad no le cuesta nada al Estado, y si igual se lo reponen dentro de unos meses, ¿a quién le sirve exactamente el recorte que Valerio González fue a defender ante los diputados?