De acuerdo con la teoría fiscal expuesta ante el tribunal, Sánchez López habría contactado a la víctima con el ofrecimiento de venderle dos vacas que, según le dijo, serían donadas a una iglesia. Bajo ese pretexto, la víctima se trasladó hasta el cantón Loma Larga, donde presuntamente lo esperaba Mata Reyes. La FGR sostiene que, al llegar la víctima, Mata Reyes la habría agredido con golpes en la cabeza.
Según la acusación presentada en la audiencia, ambos procesados despojaron a la víctima de $11,200 en efectivo. El relato fiscal agrega que, tras el despojo, los acusados le rociaron gasolina y le prendieron fuego antes de huir del lugar. El cuerpo fue localizado al día siguiente. La FGR indicó, además, que Sánchez López habría ocultado el dinero sustraído en la vivienda de un familiar, elemento que los fiscales presentaron como parte de los indicios que vinculan a los procesados con el hecho.
Ambos son procesados por homicidio agravado bajo las reformas legales que habilitan la imposición de la pena de cadena perpetua para ese tipo penal. La figura de la cadena perpetua fue incorporada por la Asamblea Legislativa como parte del endurecimiento del régimen de penas para los delitos considerados de mayor gravedad, un giro punitivo que ha marcado la política criminal salvadoreña en los últimos años.
La audiencia se celebró ante el Juzgado de lo Criminal de La Unión, instancia que resolvió mantener la prisión provisional para ambos como medida cautelar mientras continúa el proceso judicial. La resolución no implica un pronunciamiento sobre la responsabilidad penal de los acusados, que corresponde establecer en etapas posteriores.
Qué es la prisión provisional y en qué fase está el proceso
La prisión provisional, contemplada en el Código Procesal Penal, es una medida cautelar que el juez puede ordenar cuando existe riesgo de fuga, de obstaculización de la investigación o de reiteración delictiva, y no constituye una declaración de culpabilidad. Sánchez López y Mata Reyes mantienen la condición de procesados y, conforme al principio de presunción de inocencia reconocido en la Constitución de la República, no han sido declarados responsables del hecho que se les atribuye.
El caso se tramita en la fase de instrucción, en la que la FGR debe reunir y ordenar los elementos probatorios que sustenten una eventual acusación formal ante un tribunal de sentencia. Es en esa etapa posterior, si el proceso avanza, donde se debatirá la responsabilidad penal de los procesados con las garantías del contradictorio, incluido el derecho de la defensa a controvertir las pruebas de cargo.
La defensa de ambos procesados podrá, dentro de las etapas del proceso, recurrir la medida cautelar y solicitar su sustitución por una menos gravosa, así como aportar prueba de descargo. Hasta la fecha no se ha hecho pública una versión de los imputados sobre los hechos que se les atribuyen.
Un patrón en zonas rurales del oriente del país
Casos de homicidios agravados vinculados al despojo de bienes y al posterior ocultamiento del cuerpo mediante fuego han sido documentados en años recientes en zonas rurales de Morazán y La Unión, departamentos del oriente del país donde la persecución de delitos contra la vida se tramita ante los juzgados de la jurisdicción de La Unión. El régimen de excepción, vigente en el país desde marzo de 2022 y prorrogado de forma sucesiva por la Asamblea Legislativa, ha redefinido en los últimos años el escenario de la seguridad pública y la carga procesal de los tribunales salvadoreños.
El expediente continuará su curso en el Juzgado de lo Criminal de La Unión, donde se definirán los siguientes plazos procesales, incluida la eventual presentación del requerimiento fiscal con la acusación formal. De prosperar la acusación, el caso pasaría a la fase de vista pública ante un tribunal de sentencia, instancia que decidiría sobre la condena o la absolución. Hasta entonces, ambos procesados permanecerán bajo la medida de prisión provisional dictada por el tribunal.
