De acuerdo con la información difundida por García Harfuch, del arsenal asegurado 195 corresponden a armas largas y 15 a armas cortas, además de cargadores. El funcionario atribuyó el resultado a labores de inteligencia e investigación orientadas a identificar y desarticular las rutas utilizadas para introducir armamento de manera ilegal al país desde territorio estadounidense.
La carretera Nuevo Laredo–Monterrey es uno de los corredores señalados por autoridades de ambos países como ruta de tráfico de armas hacia el centro y norte del territorio nacional, en sentido inverso al del trasiego de drogas hacia Estados Unidos. Nuevo Laredo, en Tamaulipas, es el principal cruce fronterizo comercial entre ambas naciones, condición que se ha aprovechado tanto para el comercio legal como para el flujo ilícito de mercancías, incluidas armas.
García Harfuch enmarcó el aseguramiento en lo que definió como una responsabilidad compartida entre México y Estados Unidos. "La responsabilidad compartida exige frenar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, pero también detener, con la misma firmeza, el flujo de armas de Estados Unidos hacia México", subrayó el secretario.
El funcionario detalló que, con este decomiso, la administración encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acumula más de 30,000 armas de fuego aseguradas desde el inicio del sexenio. "Son más de 30 mil armas que ya no llegarán a manos de los cárteles ni serán utilizadas para generar violencia en México", afirmó García Harfuch en su mensaje. Las autoridades no han dado a conocer un balance desagregado por entidad de ese total.
Un delito de competencia federal
La detención de las tres personas y el aseguramiento del arsenal quedaron, según lo informado, bajo investigación de la FGR, instancia encargada de determinar la situación jurídica de los detenidos y las posibles rutas de procedencia y destino del armamento. La Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos reserva a la Defensa y a la Armada la facultad exclusiva de autorizar la posesión y portación de este tipo de armas, por lo que su transporte sin permiso constituye un delito federal cuya persecución corresponde a la fiscalía.
El tráfico de armas desde Estados Unidos hacia México ha sido documentado por años por dependencias de ambos gobiernos como uno de los principales insumos de la violencia armada en el país. La proximidad geográfica y la existencia de miles de armerías en los estados fronterizos estadounidenses han sido señaladas de forma reiterada como factores que facilitan el ingreso ilegal de armamento de alto poder.
El asunto ha sido motivo de tensión diplomática recurrente. El gobierno mexicano promovió en años recientes acciones legales ante tribunales de Estados Unidos contra fabricantes de armas, con el argumento de que su comercialización facilita el tráfico hacia territorio mexicano. Washington, por su parte, ha insistido en que la contención del trasiego de drogas hacia su territorio corresponde en buena medida a las autoridades mexicanas, lo que ha mantenido abierto el debate sobre las obligaciones de cada parte.
El litigio de México contra la industria armamentista estadounidense tuvo un antecedente relevante en 2024, cuando una corte de apelaciones permitió avanzar parte de la demanda que el gobierno mexicano había interpuesto en 2021 contra varias empresas fabricantes, un proceso que ha sido invocado por la Cancillería como parte de la estrategia para frenar el flujo de armas desde el norte.
El gabinete de seguridad ha sostenido, desde el arranque del sexenio en octubre de 2024, una estrategia que combina despliegue de la Guardia Nacional en carreteras y puntos fronterizos con labores de inteligencia coordinadas entre la FGR, la Defensa y la propia SSPC. El caso de Sabinas Hidalgo se suma a operativos similares reportados en semanas recientes en entidades del norte del país.
El aseguramiento se dio a conocer días después de que la SSPC reforzara la seguridad en Ojocaliente, Zacatecas, tras un ataque con explosivo. Ambos episodios forman parte del panorama de seguridad que el gobierno federal ha colocado como prioridad en su comunicación pública, particularmente en los mensajes que difunde García Harfuch en sus redes.
Para los próximos días corresponde a la FGR determinar la situación jurídica de los tres detenidos y precisar el origen específico del armamento en territorio estadounidense y su destino dentro de México. La cifra acumulada de más de 30,000 armas decomisadas, referida por el propio secretario, previsiblemente seguirá siendo empleada por el gobierno federal como indicador de resultados, en un debate público donde suele contrastarse con las estadísticas de administraciones anteriores y con los decomisos registrados del lado estadounidense.