De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, la aprehensión estuvo a cargo de la Policía Ministerial estatal, que puso al exfuncionario a disposición de un juez en las instalaciones del propio centro de reinserción social. Hasta el momento no consta públicamente si un juez de control ha resuelto sobre su vinculación a proceso.
Medina Hernández es señalado como presunto responsable de haber participado en el desvío de recursos públicos a través de Empresas que Facturan Operaciones Simuladas, conocidas por su acrónimo EFOS, un esquema recurrente en investigaciones de desvío de fondos públicos en México que consiste en la contratación simulada de servicios o bienes inexistentes para justificar la salida de dinero de las arcas estatales.
La Fiscalía Anticorrupción de Campeche investiga también pagos por 97 mdp realizados a la empresa Mayavisión, aunque no se ha precisado si esos recursos forman parte de la misma causa que involucra a Medina Hernández o si corresponden a una línea de investigación paralela dentro de las pesquisas sobre el manejo de fondos públicos durante la administración estatal 2015-2019.
La detención se produce días después de que, el lunes pasado, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal arrestaran en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, a Luis Antonio Espinosa Campos, contador que prestó servicios profesionales a través de su despacho a Emigdio Gabriel Moreno Cárdenas, hermano de Alejandro Moreno Cárdenas, también señalado en investigaciones por presuntos desvíos de recursos durante el gobierno campechano.
Espinosa Campos fue detenido a las 14:40 horas en la colonia Mixcoac, en la calle Charco Azul, entre las calles Miguel Cabrera y La Castañeda. Según la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, el contador es investigado por su presunta participación en el mismo entramado de empresas factureras utilizado para el desvío de los 36 mdp que ahora se atribuye también a Medina Hernández.
El fuero de Alito Moreno y la respuesta morenista
Alejandro Moreno Cárdenas, actual dirigente nacional del PRI y senador de la República, ha sido objeto de múltiples señalamientos por presunto desvío de recursos públicos durante su gestión como gobernador de Campeche, señalamientos que ha rechazado en distintas ocasiones y ha atribuido a una motivación política. Como senador cuenta con fuero, protección constitucional que impide su procesamiento penal directo salvo que la Cámara alta autorice el procedimiento de desafuero previsto en el artículo 111 de la Constitución.
La titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel, reaccionó a una denuncia presentada por Moreno contra consejeros del INE con la frase «El fuero tarde o temprano termina», según consignó el material informativo. Hasta el momento no existe un procedimiento de desafuero formalmente iniciado en su contra ante el pleno del Senado.
En el sistema penal acusatorio mexicano, tras la audiencia inicial el siguiente paso procesal sería el auto de vinculación a proceso, contemplado en el artículo 19 constitucional, que fija los hechos por los que una persona será investigada formalmente sin que ello implique culpabilidad ni sentencia alguna. La defensa de Medina Hernández no se ha pronunciado públicamente sobre los señalamientos, y tampoco ha trascendido si cuenta ya con representación legal formal ante el juez de control que atenderá su caso.
La utilización de empresas factureras para desviar recursos públicos no es un fenómeno nuevo en la vida institucional mexicana: casos como la llamada Estafa Maestra, documentada por auditorías federales durante la década pasada, evidenciaron un esquema similar de contratos simulados entre dependencias públicas y empresas fantasma para triangular fondos, lo que en su momento derivó en denuncias penales ante la Fiscalía General de la República. Investigaciones sobre el ejercicio del gasto en gobiernos estatales han cobrado relevancia en los últimos sexenios tras las revisiones de la Auditoría Superior de la Federación y de las auditorías locales.
El proceso seguirá su curso conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales: tras la audiencia inicial, el juez de control determinará si existen elementos suficientes para vincular a proceso al exfuncionario, fijará en su caso las medidas cautelares aplicables —entre ellas la prisión preventiva, si el delito lo amerita— y establecerá los plazos para la investigación complementaria, que en delitos de esta naturaleza puede extenderse varios meses antes de que se determine si hay elementos para una acusación formal.