En el sitio de la detección, el personal federal aseguró, además de la pipa, una válvula de fabricación artesanal instalada directamente en la tubería, 400 metros de manguera negra, 15 metros de manguera roja de alta presión y seis conexiones rápidas, elementos que integran el equipo típico empleado para desviar el flujo de combustible sin autorización desde ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).
La llamada "ordeña" de hidrocarburo —término con el que se identifica coloquialmente en México la sustracción ilegal de combustible mediante tomas clandestinas, conocida oficialmente como huachicoleo— es un delito federal. La reforma de 2016 al marco penal endureció las sanciones para quienes sustraigan, comercialicen, adquieran o den mantenimiento a instalaciones utilizadas en este ilícito, así como para quienes perforen o alteren ductos de hidrocarburos.
El camión cisterna, con placas de Chiapas, era empleado para el traslado del hidrocarburo extraído, un patrón logístico documentado en la región sureste, donde el tránsito de pipas entre entidades limítrofes complica la trazabilidad del combustible sustraído. La colindancia entre Cárdenas y Huimanguillo, ambos municipios tabasqueños con fuerte presencia de infraestructura petrolera, concentra ductos que trasladan hidrocarburos desde las zonas de producción hacia centros de almacenamiento y distribución en el Golfo de México.
Del predio al Ministerio Público
Tanto la pipa como el material decomisado y la toma clandestina fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación, instancia adscrita a la Fiscalía General de la República (FGR) que deberá integrar la carpeta de investigación correspondiente para dar con los responsables del delito. Conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, esa carpeta define si existen imputados identificables y, en su caso, el ejercicio de la acción penal; en casos similares el rastreo de la cadena de distribución hacia puntos de venta irregular ha derivado en detenciones posteriores.
Hasta el momento, Pemex no ha emitido una postura pública específica sobre este operativo, mientras que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana —a cargo de la coordinación de las fuerzas federales en la vigilancia de infraestructura estratégica— tampoco ha difundido un comunicado propio sobre los hechos en El Habanero. La información disponible procede del reporte del aseguramiento.
Un frente reincidente en el sureste
El robo de hidrocarburos ha sido uno de los ejes de la estrategia de seguridad energética de los últimos sexenios. Durante la administración de Enrique Peña Nieto se reportaron picos de tomas clandestinas detectadas por Pemex, y en 2019, ya en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, se implementó la estrategia contra el huachicol, que incluyó el cierre temporal de ductos y el refuerzo de la vigilancia militar en puntos críticos como el denominado "triángulo rojo", en la franja de Puebla e Hidalgo.
Tabasco, junto con Veracruz y Puebla, figura de manera recurrente entre las entidades con mayor número de tomas clandestinas detectadas en los reportes que Pemex difunde sobre esta problemática. La paraestatal no ha publicado una cifra consolidada correspondiente a 2026 que permita comparar la incidencia actual con años anteriores.
El oleoducto Paredón-Habanero forma parte de la red que conecta instalaciones de producción y distribución en Tabasco, entidad históricamente asociada a la actividad petrolera nacional desde el desarrollo de los yacimientos de la Cuenca de Macuspana y el campo Cinco Presidentes. La franja rural del sureste, con ductos que atraviesan terrenos de difícil vigilancia, ha sido señalada en operativos previos como una zona de vulnerabilidad.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha señalado en distintas revisiones de la Cuenta Pública el robo de combustible como una fuente relevante de pérdidas económicas para Pemex, sin que exista, según la información disponible, una cifra oficial actualizada para el ejercicio fiscal en curso. El siguiente paso corresponde al Ministerio Público de la Federación, que deberá determinar responsabilidades a partir de las evidencias aseguradas en el predio del kilómetro 7+800.