El núcleo de la acusación contra Estados Unidos reside en el elemento de conocimiento: los investigadores sostienen que quienes ordenaron o ejecutaron el bombardeo eran conscientes del riesgo de alcanzar la escuela de Minab, localidad de la provincia de Hormozgán próxima al estrecho por el que transita buena parte del petróleo del golfo Pérsico. Ese factor —saber o deber saber que un objetivo civil quedaba expuesto— es lo que eleva un ataque a la categoría de crimen de guerra bajo el derecho internacional humanitario.
Los Convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales exigen a las partes en conflicto distinguir entre objetivos militares y población civil, y prohíben los ataques cuando el atacante conoce o debería conocer el riesgo desproporcionado sobre civiles. Ese es el estándar que los investigadores aplican al caso de Minab, según el material.
La segunda parte del informe se dirige contra las autoridades iraníes, a las que atribuye crímenes contra la humanidad por la represión interna desplegada durante la crisis. La calificación es jurídicamente distinta de los crímenes de guerra: se aplica a actos sistemáticos o generalizados contra población civil, con independencia de que exista o no un conflicto armado internacional, según la definición del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, del que Irán no es Estado parte.
La imputación de un crimen de guerra a un contingente estadounidense por investigadores de la ONU remite a antecedentes recientes de escrutinio internacional sobre grandes potencias. Entre 2015 y 2020, un grupo de expertos de Naciones Unidas documentó posibles violaciones del derecho humanitario en los bombardeos de la coalición liderada por Arabia Saudí en Yemen, y la Corte Penal Internacional abrió examen sobre ataques con drones y operaciones en Afganistán durante la pasada década.
Teherán, señalado por su represión interna
El pulso entre Washington y Teherán se ha entrelazado con otros frentes regionales. Estados Unidos alcanzó un acuerdo con los hutíes yemeníes para no intervenir militarmente en Yemen a cambio de mantener abierto el tráfico comercial en el mar Rojo, una ruta que ha sufrido ataques recurrentes contra buques mercantes desde el inicio de la guerra en Gaza. Esa decisión dejó en un segundo plano al príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, tradicional aliado de Washington frente a la influencia iraní.
La presión sobre Irán corre en paralelo a la ejercida sobre Moscú, aliado de Teherán en el terreno energético y militar: el Senado de Estados Unidos aprobó esta semana sanciones contra el proyecto gasístico Arctic Yamal LNG de Rusia, en una estrategia que combina el aislamiento financiero del Kremlin con la presión directa sobre la República Islámica.
El recorrido institucional de este tipo de conclusiones es limitado sin respaldo político. Los informes de investigadores de la ONU se presentan ante el Consejo de Derechos Humanos, con sede en Ginebra, pero una derivación hacia la Corte Penal Internacional depende del Consejo de Seguridad, donde Estados Unidos dispone de derecho de veto como miembro permanente. Ni Washington ni Teherán reconocen la jurisdicción del tribunal para casos que les afecten.
