La planta de Brovary no fue un caso aislado. Apenas un día después, la Organización Mundial de la Salud confirmó que uno de sus almacenes había resultado dañado por un vehículo aéreo no tripulado, con pérdida de suministros médicos destinados a la ayuda humanitaria. Se trataba del segundo golpe sufrido por instalaciones de la OMS en apenas un mes, un patrón que, según Naciones Unidas, afecta también a agencias como ACNUR y UNICEF, cuyos centros de abastecimiento habrían sido alcanzados en los últimos meses.
El Ministerio de Economía de Ucrania estimó a finales de agosto que la ofensiva en marcha podría restar hasta 0,5 puntos porcentuales al crecimiento del país, cuya previsión para 2026 rondaba hasta ahora el 1,3%. El ministro de Política Agraria y Alimentación, Taras Vysotskyi, situó la mayoría de los almacenes afectados en las regiones de Kiev y Dnipropetrovsk, dos de los principales nudos logísticos y agrícolas del territorio ucraniano.
La capital ha vivido alarmas aéreas de manera casi continua durante los últimos ocho días, según fuentes citadas por la prensa local, lo que ha alterado el ritmo habitual de la ciudad y ha añadido presión a una actividad económica ya condicionada por más de cuatro años de guerra. Los drones de largo alcance, que Rusia ha perfeccionado desde 2023, permiten alcanzar objetivos en la retaguardia ucraniana con un coste muy inferior al de los misiles balísticos, lo que facilita su empleo masivo.
Según un informe de Forbes Ucrania publicado a principios de agosto, los bombardeos rusos habrían destruido en torno a 400.000 metros cuadrados de superficie de almacenes de empresas ucranianas en poco más de un mes, una extensión comparable a la del barrio madrileño de Sol. El analista Clément Molin cifró en su cuenta de X en 140 los impactos registrados durante agosto, de los cuales más de 95 habrían tenido como objetivo almacenes logísticos civiles, el doble que en el periodo comprendido entre enero y el 18 de julio.
El golpe al comercio electrónico y la réplica ucraniana
Entre las empresas más afectadas figura Rozetka, uno de los mayores operadores de comercio electrónico de Ucrania, que gestionaba más de 100.000 pedidos diarios antes de que su centro logístico de Brovary quedara inutilizado a principios de agosto. Iryna Chechotkina, cofundadora de la compañía, cifró las pérdidas directas derivadas de la destrucción de ese almacén en unos 70 millones de dólares, sin contar el impacto sobre la cadena de suministro y el empleo asociado.
Ucrania no ha permanecido pasiva. Desde julio, sus fuerzas han dirigido ataques con drones contra redes de distribución y centros de comercio minorista en territorio ruso, con especial incidencia en Wildberries, considerado el «Amazon ruso». Según la agencia Reuters, más de 1,18 millones de metros cuadrados de espacio de almacenamiento de la compañía habrían resultado dañados o destruidos, con ocho de sus diez mayores centros logísticos inutilizados.
El volumen de transacciones comerciales de Wildberries alcanzó los 75.000 millones de dólares en 2025, en torno al 3% del PIB ruso según cifras de la propia empresa, lo que da idea del calado económico de los ataques ucranianos sobre la retaguardia comercial rusa. La llamada «guerra logística» se ha convertido así en un frente paralelo al de las líneas de combate, con efectos directos sobre las economías civiles de ambos bandos.
Existe, no obstante, una diferencia sustancial entre las consecuencias de los ataques de uno y otro bando, según fuentes humanitarias: mientras los golpes ucranianos se han concentrado en infraestructuras comerciales rusas, los bombardeos rusos habrían alcanzado repetidamente instalaciones vinculadas a la ayuda humanitaria y a agencias de Naciones Unidas. Se trata de un ámbito protegido por el derecho internacional humanitario y los Convenios de Ginebra, que exigen distinguir entre objetivos militares y civiles y amparan expresamente al personal y los bienes de las organizaciones humanitarias.
Rusia no se ha pronunciado públicamente sobre estos ataques concretos y mantiene su posición histórica de negar que dirija sus operaciones contra infraestructura civil, atribuyendo los daños a fallos de la defensa antiaérea ucraniana o a objetivos militares camuflados. Kiev, por su parte, reclama una respuesta internacional más contundente y ha pedido en varias ocasiones el refuerzo de los sistemas de defensa aérea occidentales, en particular baterías Patriot adicionales.
La campaña contra la logística civil recuerda a estrategias de guerra económica empleadas en conflictos previos, como los bombardeos estratégicos de la Segunda Guerra Mundial contra la retaguardia industrial, si bien la irrupción de drones de bajo coste y producción masiva ha alterado radicalmente la ecuación de coste y alcance. En el caso ucraniano, la ofensiva se ha desplazado de la red eléctrica —objetivo prioritario en los inviernos de 2022 a 2024— hacia almacenes, puertos y rutas de exportación.
El contexto diplomático no es menor: las gestiones impulsadas por Washington para explorar un alto el fuego han marcado el verano de 2026, con reuniones de alto nivel entre representantes estadounidenses, ucranianos y rusos cuyo resultado concreto no ha trascendido. La lectura de Zelenski sobre el bombardeo de la planta de Coca-Cola como «señal a Estados Unidos» se inscribe en ese marco de presión mutua previa a cualquier eventual acuerdo.
De cara a las próximas semanas, la atención se centrará en si la ofensiva rusa contra almacenes y logística civil se mantiene al ritmo registrado en agosto o se modera, y en si las agencias de Naciones Unidas logran garantizar la continuidad de sus operaciones humanitarias en territorio ucraniano. El impacto acumulado sobre el crecimiento económico, que el Gobierno ucraniano cifra en hasta medio punto porcentual, será uno de los indicadores que marquen la evolución de la economía de guerra del país al cierre de 2026.
