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Associated Newspapers reclama 11,68 millones a Enrique tras ganarle el juicio

El editor del Daily Mail pide un pago provisional al duque de Sussex y otros seis demandantes, entre ellos Elton John y Liz Hurley, con un plazo de 14 días

Por Redacción de El Hemiciclo·
4 min de lectura
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El Tribunal Superior de Londres (High Court) desestimó el pasado 7 de julio la demanda del príncipe Enrique, duque de Sussex, contra Associated Newspapers, editor del Daily Mail y The Mail on Sunday, por la presunta obtención ilícita de información.

La sentencia puso fin a un litigio en el que el duque de Sussex y otras personalidades acusaban a Associated Newspapers de haber recurrido a métodos ilegales para obtener información publicada en sus cabeceras. El fallo concluyó que no existían pruebas suficientes para sostener esas acusaciones, un resultado que el príncipe conoció mientras se encontraba de visita en Londres.

Derrotado en el procedimiento, el duque de Sussex se enfrenta ahora a la fase relativa a las costas judiciales. Associated Newspapers, parte vencedora, reclama que se le reembolsen los gastos de su defensa, una pretensión habitual en el sistema procesal inglés, donde la parte perdedora suele asumir buena parte de los costes de la ganadora.

, el editor del Daily Mail está presionando para que el conjunto de sus costes, cifrados en 34 millones de libras —cerca de 40 millones de euros—, se liquide sobre la base de la llamada indemnización (indemnity basis), un método de tasación más gravoso que el criterio estándar. El diario económico advierte de que ese cálculo «amenaza con dejar a las celebridades con pérdidas millonarias».

Qué distingue a la base de indemnización

La diferencia entre ambos sistemas no es menor. Bajo el criterio estándar, el tribunal solo reconoce los gastos que considera razonables y proporcionados, con el beneficio de la duda a favor de quien debe pagar. La base de indemnización invierte esa presunción: se presume que los costes reclamados son razonables salvo prueba en contrario, lo que habitualmente eleva la cantidad final. En la práctica judicial inglesa, este criterio más gravoso suele reservarse para supuestos en que el tribunal aprecia una conducta procesal especialmente reprochable de la parte vencida, como plantear reclamaciones sin fundamento sólido. Su eventual aplicación en este caso tendría que ser decidida por el propio Tribunal Superior, sin que conste todavía una resolución definitiva.

El pago provisional de 10 millones de libras exigido ahora no equivale a la liquidación final de costas. Se trata de un anticipo que los tribunales ingleses suelen ordenar mientras se sustancia la tasación definitiva, un mecanismo pensado para que la parte ganadora no tenga que esperar a recuperar parte de sus gastos. El plazo de 14 días fijado para el abono es el habitual en este tipo de resoluciones, y su incumplimiento podría acarrear consecuencias procesales adicionales, aunque no consta ningún pronunciamiento sobre eventuales impagos.

La cifra final que Enrique de Inglaterra y el resto de demandantes podrían llegar a desembolsar, de confirmarse la petición sobre los 34 millones de libras reclamados, representaría una carga económica considerable incluso para personalidades con patrimonios elevados como el duque de Sussex, Elton John o Liz Hurley.

El litigio se enmarca en una serie de acciones legales que el príncipe Enrique ha emprendido en los últimos años contra distintos grupos mediáticos británicos por presuntas prácticas ilícitas de recopilación de información, una estrategia que le había llevado a obtener acuerdos y victorias parciales frente a otras cabeceras antes de esta derrota frente a Associated Newspapers.

Associated Newspapers ha negado en todo momento las acusaciones de los demandantes y ha defendido la legalidad de sus métodos periodísticos, una posición reforzada por el fallo del Tribunal Superior de Londres del pasado 7 de julio. El entorno del duque de Sussex no ha hecho público, por el momento, un pronunciamiento sobre la reclamación de costas.

Un terreno marcado por el escándalo de las escuchas

El caso se inscribe en un ámbito, el del derecho al honor y la intimidad frente a la prensa británica, jalonado por litigios similares desde el escándalo de las escuchas telefónicas que afectó a News of the World y que en 2011 llevó a su cierre tras las revelaciones sobre interceptaciones ilegales a personalidades y víctimas de delitos. Aquel episodio derivó en la comisión Leveson y en una revisión de las prácticas de la prensa sensacionalista en el Reino Unido.

La resolución sobre la tasación definitiva de costas, así como la eventual aplicación de la base de indemnización solicitada por Associated Newspapers, quedan pendientes de un pronunciamiento posterior del Tribunal Superior de Londres, que deberá decidir si la conducta procesal de los demandantes justifica el criterio más gravoso. Mientras tanto, el plazo de 14 días para el pago provisional empieza a correr desde la orden judicial.

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