El esquema de subsidios eléctricos no es una medida excepcional, sino un instrumento que el Estado panameño utiliza de forma recurrente desde 2004 para evitar que las variaciones en el costo de generación se trasladen íntegramente a la tarifa que pagan los hogares y comercios del país. En 2026, según las cifras disponibles de la ASEP, el Gobierno destinará unos $188 millones entre ambos fondos para mantener la estabilidad de las tarifas eléctricas para los clientes finales.
De esa cifra, $65.8 millones fueron aprobados en agosto para compensar el subsidio correspondiente al primer semestre del año, mientras que el 8 de septiembre se sumaron otros $32 millones, con lo que el segundo semestre alcanzaría un total de $122 millones. La suma de ambos periodos explica el grueso de los $188 millones proyectados para todo el ejercicio.
El comportamiento de los últimos tres años ilustra la magnitud creciente del gasto. En 2024, los subsidios eléctricos ascendieron a $137.3 millones; en 2025, la cifra prácticamente se duplicó hasta $274.1 millones; y con los cerca de $188 millones estimados para 2026, el ciclo trienal que se cerrará en diciembre próximo sumaría $599.2 millones en aportes estatales destinados a contener la tarifa eléctrica.
Del origen en 2004 a la focalización por consumo
El origen del mecanismo se remonta a 2004, cuando se creó el Fondo de Estabilización Tarifaria con el propósito de amortiguar el impacto de las variaciones en los costos de generación eléctrica, particularmente aquellas ligadas al precio internacional del petróleo. En sus primeros años, el FET cubría a la totalidad de los clientes regulados, sin distinción de nivel de consumo. A partir de 2012, el Estado comenzó a focalizar el beneficio hacia los consumidores de menor consumo, primero fijando el umbral en 500 kilovatios-hora (kWh) mensuales y, posteriormente, concentrando el subsidio en los clientes de hasta 300 kWh al mes, el segmento donde se agrupa buena parte del consumo residencial del país.
A este fondo se suma el Fondo Tarifario de Occidente (FTO), dirigido a los clientes atendidos por la Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí (Edechi), en la región occidental, donde el Estado compensa parte de los costos de generación para evitar incrementos en la factura de los usuarios beneficiados. Durante 2026, además, se aprobó un esquema complementario del FET para cubrir diferencias tarifarias del segundo semestre que, de manera excepcional, incluyó a todos los clientes, incluidos los grandes consumidores, según lo dispuesto en la Resolución de Gabinete N.°58 de 2025. Esa ampliación temporal explica en parte el salto en los desembolsos registrados en los últimos meses.
El contexto energético de 2026 ha presionado al alza el costo de la electricidad. El incremento en el precio de los combustibles, sumado a una mayor demanda eléctrica y a un escenario de menores lluvias asociado al fenómeno de El Niño, ha obligado a recurrir con más frecuencia a la generación térmica, cuyo costo por kilovatio resulta considerablemente más elevado que el de las fuentes hidroeléctricas. Ese encarecimiento en la matriz de generación es, en última instancia, el que traslada presión sobre los fondos que el Estado debe destinar para contener el recibo que reciben los clientes finales.
Tanto como los aportes anuales del Canal
Para dimensionar la magnitud del gasto acumulado, resulta útil compararlo con otras cifras del erario nacional. Los cerca de $3,300 millones destinados a subsidios eléctricos desde 2004 equivalen a casi la totalidad de lo que la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) prevé entregar directamente al Estado en 2027, cuando se proyectan aportes por unos $3,608 millones, según las estimaciones del propio Canal.
La cifra también supera el valor base estimado para la construcción de la Línea 3 del Metro de Panamá, calculado en unos $3,159 millones sin contar los costos de financiamiento, y se ubica en un orden de magnitud comparable a la inversión realizada en el diseño y construcción del tercer juego de esclusas del Canal, una de las obras de infraestructura más significativas de la historia reciente del país.
El peso fiscal de los subsidios eléctricos no es un asunto nuevo en la discusión pública panameña. Desde su creación, el mecanismo ha sido objeto de análisis recurrente en las vistas presupuestarias que cada año se celebran en la Asamblea Nacional, donde diputados de distintas bancadas han cuestionado tanto la sostenibilidad del esquema como su focalización hacia los sectores de menor consumo. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha sostenido en discusiones anteriores la necesidad de mantener el subsidio como herramienta de contención frente a los shocks externos en el precio de los combustibles, mientras que sectores empresariales han planteado revisar la estructura tarifaria de fondo antes que depender de aportes recurrentes del Estado.
El esquema opera bajo la fiscalización de la ASEP, entidad reguladora encargada de calcular y publicar periódicamente los montos destinados a cada fondo, así como de definir los umbrales de consumo que determinan la elegibilidad de los clientes beneficiarios. Cualquier ampliación extraordinaria del subsidio, como la aprobada este año mediante la Resolución de Gabinete N.°58, requiere el aval del Consejo de Gabinete y queda sujeta a los mecanismos ordinarios de control del gasto público, incluido el refrendo de los desembolsos correspondientes por parte de la Contraloría General de la República.
De cara a lo que resta de 2026, el desembolso de los $32 millones aprobados el 8 de septiembre para el segundo semestre marcará el cierre de un ciclo trienal —2024, 2025 y 2026— que habrá sumado $599.2 millones en subsidios eléctricos. Esa cifra volverá a situarse en el centro del debate sobre la sostenibilidad del esquema en las próximas vistas presupuestarias que la Asamblea Nacional deberá abordar para el Presupuesto General del Estado de 2027.