El planteamiento no niega que la burocracia excesiva favorezca la corrupción, hipótesis extendida en el debate público sobre transparencia estatal. Pero pone el foco en un fenómeno menos discutido: el ciudadano que decide no pagar, no pedir ni aceptar sobornos y que, aun así, termina desistiendo del trámite o refugiándose en la informalidad. No lo hace, según el texto, por voluntad de incumplir la ley, sino porque el costo de formalizarse resulta desproporcionado frente al tamaño y al retorno económico de la actividad que pretende regularizar.
El ejemplo central es doméstico y cotidiano: una persona que elabora desde su casa una crema, un jabón o un alimento para venderlo en pequeña escala. El análisis reconoce que el Estado tiene motivos legítimos para exigir controles —evitar sustancias tóxicas, garantizar condiciones mínimas de higiene, asegurar un etiquetado que informe al consumidor—. El problema, sostiene, comienza cuando esos requisitos indispensables quedan sepultados bajo certificaciones, formularios y renovaciones cuya relación con el riesgo que se busca evitar no siempre resulta evidente para quien debe cumplirlos.
La consecuencia, según el planteamiento, puede ser contraria al propósito original de la norma. Quien no puede sostener el procedimiento no necesariamente deja de producir: se resigna a mantenerse fuera del sistema formal. El Estado conserva la regulación en el papel, pero pierde la capacidad de supervisar el producto que finalmente llega al consumidor. La norma protege en la teoría; en la práctica, empuja la actividad hacia un terreno donde el control estatal es todavía menor.
El aviso de operación como espejo de la contradicción
El aviso de operación, trámite que habilita el funcionamiento de un negocio bajo un esquema declarativo, ilustra la contradicción que señala el análisis. Su apertura puede completarse de forma digital y surtir efectos ante otras autoridades. Sin embargo, en el distrito de Panamá su cancelación no sustituye el procedimiento de cierre que debe tramitarse aparte ante el municipio. Entrar al sistema puede tomar minutos; salir exige conocer otra ruta y completar gestiones adicionales. Una administración integrada, plantea el texto, debería permitir cancelar el aviso, consultar lo adeudado, pagar en línea y comunicar el cierre dentro de un mismo procedimiento.
El planteamiento no propone eliminar controles ni adoptar una política de «dejar hacer, dejar pasar». Lo que pide es someter cada requisito a un examen mínimo: qué riesgo evita, qué derecho protege y qué información indispensable aporta. La ausencia de esa evaluación, sugiere, es lo que permite que trámites acumulados sin revisión terminen operando como barreras de entrada antes que como garantías de calidad.
Incluso si desmontar ciertas regulaciones resulta un proceso complejo, el análisis propone un punto de partida más modesto: que cumplirlas sea comprensible. La digitalización de trámites no debería limitarse a colocar un formulario en internet mientras se mantiene intacta la peregrinación entre instituciones. Una gestión digital integral, según el texto, debería permitir conocer en un solo lugar la norma vigente, los requisitos, el costo, el plazo de respuesta y la autoridad responsable de resolver.
El análisis apunta además a la interoperabilidad entre instituciones estatales como una deuda pendiente. Solicitar al ciudadano documentos que ya fueron emitidos por otra entidad pública, cuando esa información podría verificarse internamente, traslada al solicitante el costo de una desconexión que es responsabilidad del propio aparato estatal, no del usuario.
Un debate de larga data sobre la formalización
La discusión sobre simplificación de trámites no es nueva en el país. Distintas administraciones han impulsado iniciativas de modernización del Estado orientadas a reducir la tramitología, entre ellas ventanillas únicas y plataformas digitales para la apertura de negocios. La medición de la ocupación informal corresponde al Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), a través de sus encuestas de mercado laboral; el planteamiento se inserta en ese debate de larga data sobre la relación entre regulación estatal y formalización económica.
El texto cierra con una distinción conceptual: los trámites y regulaciones deberían entenderse como instrumentos al servicio de un fin, no como fines en sí mismos. Nadie realiza un trámite gubernamental por entretenimiento, sostiene el análisis; las personas recurren al Estado porque necesitan trabajar o formalizar un negocio. Bajo esa premisa, la función pública no debería consistir en poner a prueba la resistencia del ciudadano, sino en facilitar un cumplimiento serio, proporcional y verificable.
El planteamiento advierte, finalmente, sobre un daño menos visible que la corrupción explícita: mientras algunos logran comprar una salida mediante el soborno, el ciudadano honesto que se niega a hacerlo carga con un costo silencioso —en tiempo, en oportunidad económica perdida y, en muchos casos, en la permanencia forzada dentro de la informalidad— que rara vez entra en las estadísticas sobre corrupción, pero que erosiona igualmente la confianza en la capacidad del Estado para servir a quien cumple las reglas.