El fallo, firmado por el magistrado Olmedo Arrocha, desestima uno de los dos recursos que Del Río llevó ante la Corte para intentar frenar las acciones emprendidas en su contra por la Contraloría General de la República y el Registro Público, que han afectado su patrimonio. El edicto no detalla si el rechazo obedeció a razones de forma en la presentación o a un problema de competencia.
Del Río mantiene además una demanda de inconstitucionalidad contra la Resolución 3126-2026, del 23 de septiembre de 2025, expedida por la Contraloría, con la que el contralor Anel Flores abrió el proceso de investigación sobre su patrimonio que derivó en el secuestro de bienes y cuentas.
El 24 de agosto pasado, la defensa de Del Río solicitó ante la Corte una audiencia de afectación de derechos contra el contralor Flores. La magistrada presidenta, María Cristina Chen Stanziola, declinó competencia y remitió el caso al Tribunal de Cuentas, al estimar que la Corte solo puede intervenir cuando la presunta vulneración de derechos durante la fase de investigación se atribuye al fiscal de la causa, no al contralor.
En esa gestión, la defensa de la exfuncionaria protestó porque entre las cuentas cauteladas por orden de Flores figuraría, según alegó, aquella en la que se deposita la pensión de manutención de su hija menor de edad. El reclamo no modificó la decisión de trasladar el asunto al Tribunal de Cuentas.
Cercana a Cortizo y Carrizo
Del Río, abogada de 43 años, fue una de las funcionarias con mayor peso durante el gobierno del presidente Laurentino Cortizo (2019-2024), del que fue asistente pese a figurar en la planilla oficial como directora ejecutiva del Ministerio de la Presidencia, cargo por el que devengaba un salario mensual de $6,000. Se le identificó también como cercana al exvicepresidente José Gabriel Carrizo, candidato presidencial del PRD en los comicios de mayo de 2024, quien enfrenta de forma separada una investigación por presunto enriquecimiento injustificado.
La causa se inscribe en la fiscalización que la Contraloría ha desplegado sobre exfuncionarios del quinquenio pasado, un control patrimonial que se sustenta en las facultades de investigación e imposición de medidas cautelares que la ley otorga al contralor sobre bienes de servidores públicos cuando existen indicios de irregularidades. El refrendo y el escrutinio de la Contraloría sobre exservidores no es nuevo en el país: procesos por presunto enriquecimiento injustificado han alcanzado en años recientes a exfuncionarios de distintas administraciones, entre ellos figuras del entorno de causas ventiladas en los tribunales tras las investigaciones vinculadas al escándalo de Odebrecht.
El Edicto No. 1357, con el que se notifica a las partes, es hasta ahora la única constancia pública sobre el rechazo del amparo por parte del Pleno de la Corte.