El esquema divide a los hogares afectados en dos grupos que reciben y pierden el servicio de manera alterna en ciclos de 48 horas. La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, explicó en un comunicado que la decisión se tomó «tras evaluar cuidadosamente las condiciones actuales del embalse de Carraízo junto con los pronósticos meteorológicos». Según la mandataria, «esta situación escapa a nuestro control» y es «el resultado de las condiciones meteorológicas que hemos estado enfrentando, de las que los expertos ya habían advertido hace semanas».
La aplicación del plan, sin embargo, ha generado confusión entre los residentes sobre qué hogares y negocios se ven afectados y en qué momento. En el sector de Morcelo, al sur de San Juan, se había anunciado el restablecimiento del líquido el viernes y un nuevo corte el domingo, una vez cumplido el primer ciclo, pero vecinos consultados por medios locales aseguraron que el agua no llegó según lo prometido.
«La gente está inquieta porque sabe que estamos dentro del periodo de 48 horas durante el cual se supone que debemos tener agua potable», declaró el líder comunitario Rubén Torres al periódico El Nuevo Día. «¿Qué está pasando? Ya han pasado las primeras 24 horas y el agua no ha llegado», cuestionó. A medida que se aplican los cortes, los residentes hacen fila frente a los camiones cisterna desplegados en las zonas sin servicio para llenar recipientes de gran capacidad. Gloriany Baba, residente de San Juan, calificó la situación como «brutal»: «Es increíble tener que vivir esto hoy en día», dijo a la cadena estadounidense CBS.
Una red que pierde dos de cada tres litros
De acuerdo con el Monitor de Sequía de Estados Unidos, la mayor parte de Puerto Rico atraviesa condiciones que van de moderadas a severas, y actualmente el 68% del territorio insular está bajo algún grado de sequía. No obstante, especialistas coinciden en que el fenómeno climático no explica por sí solo la magnitud de la crisis, sino que actúa sobre un sistema de distribución ya debilitado. La autoridad del agua de la isla ha reconocido que cerca del 65% del líquido que se produce se pierde o no llega a facturarse, principalmente por fugas y tuberías deterioradas, según datos difundidos por CBS.
A ese rezago acumulado se suma la acumulación de sedimentos en los embalses, que reduce su capacidad real de almacenamiento pese a que, sobre el papel, mantienen su volumen de diseño. En junio pasado, la rotura de una tubería principal dejó sin servicio a decenas de miles de usuarios en el área de San Juan; aunque la reparación se completó, las interrupciones continuaron en las semanas siguientes, lo que refleja, según los expertos citados, la fragilidad estructural del sistema más allá de incidentes puntuales.
La producción en plantas potabilizadoras clave viene en descenso desde hace varios años, una tendencia que se atribuye a la reducción sostenida de las inversiones durante el prolongado periodo de crisis fiscal que ha atravesado el territorio. Analistas consultados por medios estadounidenses señalan que, con una infraestructura en condiciones adecuadas, el impacto de la sequía actual habría sido manejable; en cambio, la combinación de red deteriorada y déficit de lluvias ha derivado en un escenario de mayor gravedad. La gobernadora González ha reconocido esos problemas de fondo, pero insiste en que el racionamiento obedece a las condiciones meteorológicas que dejaron prácticamente vacío el embalse de Carraízo.
El racionamiento no es inédito en Puerto Rico. La isla ha enfrentado episodios similares en décadas anteriores asociados tanto a sequías como a la falta de inversión en infraestructura hidráulica, en un patrón que organizaciones comunitarias y expertos han denunciado de forma recurrente ante las autoridades locales y federales.
El gobierno no ha precisado una fecha para levantar las restricciones y ha indicado que la evolución de la medida dependerá del comportamiento de las lluvias y del nivel de recuperación del embalse de Carraízo en las próximas semanas. Tampoco ha detallado un cronograma público de las obras de mantenimiento pendientes en la red de distribución. Organizaciones vecinales han solicitado mayor claridad sobre los calendarios de corte y reanudación del servicio en cada sector.
La situación mantiene en vilo a comunidades enteras que dependen de los camiones cisterna para actividades básicas, desde el consumo doméstico hasta la atención de comercios y pequeños negocios, en momentos en que la temporada de altas temperaturas en el Caribe agrava la demanda del recurso. El caso puertorriqueño se inscribe en un debate más amplio en la región sobre la vulnerabilidad de los sistemas de abastecimiento frente a eventos climáticos extremos, especialmente en territorios donde la inversión pública en infraestructura ha quedado rezagada por restricciones presupuestarias prolongadas.