El salto de siete posiciones sitúa a la educación en el cuarto sitio de la medición 2026, frente al décimo lugar que ocupaba en 2025. De sostenerse ese ritmo, el tema se instalaría entre las prioridades centrales de la conversación pública, junto a la agenda de seguridad que ha dominado el debate político durante los últimos sexenios.
La valoración ciudadana sobre la calidad de la educación pública aparece dividida, con inclinación hacia el descontento: siete de cada 10 personas consultadas la califican de regular o mala, mientras que solo tres de cada 10 se declaran satisfechas con la formación académica que reciben los estudiantes en las escuelas públicas. La percepción sobre el futuro del sistema educativo también retrocedió respecto a la medición de 2023, según el estudio, lo que apunta a un deterioro sostenido en la confianza antes de este repunte.
Uno de los hallazgos que la casa encuestadora subraya es que menos de 15% de las personas consultadas considera que la educación pública sea una prioridad clara para el gobierno federal. Ese dato, leído junto al ascenso del tema en la lista de preocupaciones, retrata una brecha entre la relevancia que la ciudadanía otorga a la educación y la que percibe en la agenda gubernamental.
De la baja prioridad percibida a la desconfianza institucional
Erik Avilés, director general de Mexicanos Primero en su capítulo Michoacán, consideró que ese hallazgo —la baja percepción de prioridad gubernamental combinada con el salto del décimo al cuarto lugar— refleja la preocupación ciudadana por el estado del sistema educativo. Avilés situó el fenómeno en el contexto de los paros, los conflictos con la CNTE, las disputas en torno al calendario escolar y los episodios de violencia en planteles que han mantenido a la educación en el centro del debate público.
En materia de confianza institucional, la encuesta ubica a los maestros como el actor mejor evaluado, con niveles que oscilan entre 29% y 37% según el segmento de la medición. En el extremo opuesto, 39% de las personas encuestadas coloca al gobierno federal entre los niveles más bajos de confianza en asuntos educativos, mientras que los sindicatos magisteriales aparecen, según el estudio, como el actor peor evaluado de todos los consultados.
Sobre las prioridades de inversión, la mejora de los planes y programas de estudio concentra el mayor respaldo, señalada por 35% de las personas encuestadas como la acción más urgente. Le siguen la infraestructura escolar, mencionada por 18%, y la capacitación docente, con 17% de las menciones. Los horarios escolares, en cambio, no aparecen como problema prioritario: seis de cada 10 los consideran adecuados. El mayor consenso lo concentra la alimentación escolar: 94% está de acuerdo con ofrecer alimentos nutritivos en las escuelas públicas, un respaldo que supera 90% en todos los grupos de edad, género, regiones y niveles educativos consultados.
Un sistema de 34.3 millones de estudiantes con rezagos de conectividad
El diagnóstico se inscribe en un sistema educativo que, según cifras oficiales del ciclo escolar 2024-2025, atiende a 34.3 millones de estudiantes, de los cuales 83.7% cursa sus estudios en instituciones públicas. La cobertura convive con rezagos estructurales: en educación básica pública, 45.2% de las escuelas cuenta con computadoras y 41.5% tiene acceso a internet, brechas que inciden en las condiciones de aprendizaje que perciben las familias.
En resultados de aprendizaje, la prueba PISA 2022 —instrumento de referencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)— ubicó a México por debajo del promedio del organismo en matemáticas, lectura y ciencias. Solo 34% de los estudiantes mexicanos evaluados alcanzó al menos el nivel básico de desempeño en matemáticas, frente a 69% del promedio de los países miembros, una brecha que ilustra el trasfondo técnico detrás de la insatisfacción ciudadana.
El sector arrastra tensiones laborales de larga data con la CNTE, organización que desde su fundación en 1979 ha protagonizado movilizaciones recurrentes por temas salariales, la evaluación docente y reformas al modelo educativo, incluida la resistencia al esquema de evaluación derivado de la reforma educativa de 2013 durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Ese historial de conflicto contextualiza por qué los paros y disputas recientes con la coordinadora han encontrado eco inmediato en la percepción ciudadana.
La Secretaría de Educación Pública (SEP) no ha emitido una postura pública sobre los hallazgos de la encuesta ni sobre la caída en la percepción de prioridad gubernamental que el estudio atribuye a la dependencia federal. Tampoco la CNTE ha respondido públicamente al señalamiento de figurar como el actor peor evaluado en confianza dentro del sector.
Los porcentajes deben leerse como una fotografía de percepción ciudadana y no como un diagnóstico técnico del desempeño del sistema, cuya evaluación formal corresponde a instrumentos como PISA o a las mediciones que en distintas etapas ha realizado el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.
De cara a los próximos meses, el calendario político ofrece varios puntos donde el tema podría reaparecer con fuerza: la discusión del paquete económico y del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el próximo ejercicio fiscal en San Lázaro, donde las bancadas suelen disputar el monto destinado a infraestructura escolar y programas educativos, y la eventual continuidad de las negociaciones entre la SEP y la CNTE de cara al inicio del siguiente ciclo escolar, un proceso que en años anteriores ha determinado si el arranque de clases se da con normalidad o entre nuevas movilizaciones magisteriales.