El requerimiento afecta a anuncios de viviendas situadas en asentamientos de Cisjordania considerados ilegales por el derecho internacional, según la posición reiterada de Naciones Unidas al amparo de la Cuarta Convención de Ginebra de 1949 y de las resoluciones del Consejo de Seguridad, entre ellas la 2334, aprobada en diciembre de 2016, que califica los asentamientos israelíes en territorio palestino ocupado como una violación flagrante del derecho internacional y exige su cese.
La actuación se apoya en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y en la normativa comunitaria de comercio electrónico, que obligan a las plataformas a garantizar que la información sobre la ubicación, titularidad y legalidad de los inmuebles ofertados no induzca a error. Consumo entiende que anunciar alojamientos en asentamientos sin advertir de su estatus jurídico contraviene ese principio de transparencia, al tratarse de territorio no reconocido como soberanía israelí por la comunidad internacional ni por España, que mantiene su respaldo a la solución de dos Estados desde los Acuerdos de Oslo de 1993.
La medida sigue la estela de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de noviembre de 2019, que obligó a etiquetar como procedentes de asentamientos israelíes los productos —principalmente agrícolas y cosméticos— fabricados en Cisjordania, los Altos del Golán o Jerusalén Este, para no inducir a error al consumidor sobre su origen. Aquella resolución, dictada a raíz de un litigio francés, sentó jurisprudencia sobre la obligación de distinguir el territorio israelí reconocido del ocupado en cualquier transacción comercial dentro del mercado único.
España cuenta ya con antecedentes en la fiscalización de plataformas de alquiler turístico, aunque por motivos distintos. La justicia rechazó recientemente el recurso de Airbnb contra una multa de 64 millones de euros por publicar anuncios sin licencia turística, en un litigio que la compañía había recurrido sin éxito ante los tribunales españoles. Aquel conflicto, centrado en la regulación del mercado de la vivienda y el turismo, es jurídicamente distinto del que ahora se plantea, ligado al derecho internacional humanitario, pero comparte el mismo instrumento: la capacidad de las administraciones de consumo para exigir la retirada de anuncios que incumplan la normativa.
Ninguna de las cinco plataformas afectadas ha confirmado el contenido íntegro del requerimiento ni ha detallado si procederá a retirar los anuncios señalados. Las grandes compañías del sector han defendido en el pasado, ante controversias similares en otros países, que actúan como meras intermediarias y que corresponde a los propietarios garantizar la legalidad de sus ofertas, mientras que organismos de consumo de varios Estados miembros han cuestionado esa interpretación al considerar que las plataformas son también responsables de la información que difunden.
De la Guerra de los Seis Días al reconocimiento del Estado palestino
La presencia de asentamientos israelíes en Cisjordania se remonta a la ocupación del territorio tras la Guerra de los Seis Días de 1967, cuando Israel tomó el control de Cisjordania, la Franja de Gaza, los Altos del Golán y la península del Sinaí. Desde entonces, sucesivos gobiernos israelíes han promovido la construcción de núcleos de población civil en Cisjordania, que hoy albergan a cientos de miles de colonos, según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), que documenta la expansión de estas construcciones en informes periódicos.
El Gobierno de Israel sostiene que los asentamientos responden a razones de seguridad y a vínculos históricos y religiosos con el territorio, y rechaza la calificación de ocupación ilegal que mantienen la ONU y la mayoría de la comunidad internacional. La Autoridad Palestina, por su parte, reclama Cisjordania como parte del futuro Estado palestino junto con Gaza y Jerusalén Este, en línea con las fronteras previas a 1967 que sirven de referencia en las negociaciones internacionales impulsadas por la Unión Europea y Estados Unidos desde los años noventa.
La Unión Europea mantiene una posición oficial de no reconocimiento de la soberanía israelí sobre los territorios ocupados en 1967, aunque las políticas de sus Estados miembros hacia empresas y productos vinculados a los asentamientos varían. España, que reconoció al Estado de Palestina en mayo de 2024 junto con Irlanda y Noruega, ha reforzado en el último año y medio su escrutinio sobre actividades económicas ligadas a los asentamientos, en un contexto marcado por la guerra en Gaza iniciada tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 y la posterior ofensiva militar israelí.
Un procedimiento que puede acabar en sanción y en los tribunales
El requerimiento remitido por Consumo constituye la primera fase de un procedimiento administrativo que podría derivar en sanciones si las plataformas no atienden la petición de retirada en el plazo fijado. La Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios contempla multas que, en función de la gravedad de la infracción y de su reincidencia, pueden alcanzar cifras significativas, como ocurrió en los expedientes previos abiertos contra plataformas de alquiler turístico por otras infracciones.
El Ministerio, dirigido por Pablo Bustinduy desde noviembre de 2023, ha impulsado en los últimos meses distintas actuaciones de vigilancia sobre plataformas digitales, en línea con el reglamento europeo de servicios digitales (Digital Services Act), que refuerza las obligaciones de transparencia y responsabilidad de los grandes intermediarios en línea ante contenidos o anuncios potencialmente ilegales.
La resolución final de este expediente podría tardar meses y estar sujeta a recurso ante los tribunales, como ha ocurrido en litigios anteriores del sector turístico. De confirmarse las sanciones o la retirada efectiva de los anuncios, España se sumaría a un grupo reducido de países europeos que han adoptado medidas concretas de consumo vinculadas a la actividad económica en los asentamientos, un terreno en el que Bruselas no ha fijado hasta ahora una política común vinculante para los Veintisiete.
