La desaparición de Montserrat Uribe Palmeros, el 24 de julio de 2020, y el posterior hallazgo de sus restos en la zona boscosa del Ajusco, al sur de la Ciudad de México, marcaron el inicio de una causa que su madre ha sostenido durante seis años. Según denuncia la familia, en ese lapso no se ha esclarecido por completo lo ocurrido ni se ha detenido a todos los presuntos responsables.
Jacqueline Palmeros encabezó la ceremonia conmemorativa afuera del CAIBP, instalación vinculada a la atención de casos de personas desaparecidas ubicada en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc. En el acto, el colectivo colocó un memorial en la vía pública frente a la sede.
"La lucha por mi hija va a seguir, no he encontrado a Monse, y lo vuelvo a repetir: yo parí a mi hija completa, yo quiero a mi hija completa, no he tenido acceso a la verdad ni a la justicia, el sistema me engañó, pretendió que entregándome un cráneo me quedaría callada y me quedaría quieta", señaló Palmeros durante el acto.
La madre de la víctima sostuvo que las autoridades le han negado el seguimiento de la carpeta de investigación abierta por el caso, así como la captura de todas las personas presuntamente implicadas en la desaparición y el homicidio de su hija. Palmeros subrayó que continúa la búsqueda de más restos de Montserrat, lo que indica que el proceso de identificación forense no se considera concluido desde la perspectiva de la familia.
Un memorial y el reclamo por la memoria
Palmeros pidió que el monumento colocado frente al CAIBP sea respetado y no retirado, como, según relató, ha ocurrido con otros memoriales instalados en espacios públicos de la capital. "Exijo que se respete la memoria, que no se lo lleven como muchos memoriales que han sido colocados y al otro día ya no están, porque es un derecho que no nos pueden negar: el derecho a la memoria, el derecho a la libre expresión, y esto también nos pertenece", enfatizó.
La colocación de memoriales y antimonumentos es una práctica habitual entre familias de víctimas de desaparición y feminicidio en México para mantener viva la memoria de sus casos ante la opinión pública y las autoridades. En años recientes, distintas agrupaciones de familiares han denunciado el retiro de placas, cruces y ofrendas colocadas en la vía pública de la Ciudad de México.
La exigencia pública de justicia por parte de familiares de víctimas tiene antecedentes en la historia reciente del país. Desde los años setenta, durante la llamada guerra sucia, madres de personas desaparecidas encabezaron los primeros reclamos organizados de localización; el fenómeno se multiplicó tras el incremento de la violencia asociada al crimen organizado a partir de mediados de la década de 2000, con la proliferación de colectivos integrados mayoritariamente por madres que asumen labores de rastreo ante lo que consideran insuficiencia institucional.
El marco legal de la búsqueda
El derecho de las víctimas a dar seguimiento a sus carpetas de investigación está contemplado en la Ley General de Víctimas y en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que obligan a las autoridades ministeriales a mantener informados a los ofendidos sobre el estado de las pesquisas. En materia de desaparición, el marco de referencia es la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, publicada en el Diario Oficial de la Federación en 2017, que dio origen a la Comisión Nacional de Búsqueda y al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
El CAIBP forma parte de la infraestructura desplegada para la atención de casos de personas desaparecidas en la capital, e incluye servicios forenses y de acompañamiento a familias. Los colectivos suelen utilizar estas sedes como punto de visibilización de sus demandas, al ser el lugar donde se concentran los procesos de identificación genética y las diligencias ministeriales vinculadas a las carpetas de investigación.
El reclamo de la madre de Montserrat se inscribe en un contexto más amplio de exigencias de los colectivos hacia las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República, a las que atribuyen lentitud en la judicialización de casos y falta de coordinación en la identificación forense de restos localizados en fosas o zonas de búsqueda.
El caso de Montserrat Uribe Palmeros permanece, según lo expresado por su madre, en calidad de investigación abierta, sin que se haya informado públicamente sobre detenciones adicionales o el cierre de la carpeta correspondiente. La familia y el colectivo Una Luz en el Camino anunciaron su intención de continuar con actos de memoria y presión pública mientras no se cumplan sus demandas de verdad y justicia.