Hay aniversarios que se celebran y aniversarios que se administran. El de Fidel Castro parece pertenecer a la segunda categoría: un coloquio internacional, un acto político-cultural y la presencia de Raúl Castro, quien asumió la conducción de la isla tras la salida de su hermano y ahora comparece como custodio de una liturgia que cada tanto necesita renovarse para no apagarse. El formato mismo —coloquio académico con clausura protocolaria— contrasta con la figura del homenajeado, orador de discursos maratónicos e improvisados.
Que Díaz-Canel afirmara, según Prensa Latina, que Fidel «no es solo de Cuba» apunta a un gesto recurrente: universalizar un legado convocando ponentes extranjeros cuando el relato busca proyección más allá de las fronteras propias. Los regímenes que sobreviven a sus fundadores tienden a convertir el carisma en gestión de actos y la revolución en calendario de efemérides. El marco institucional cubano ofrece la clave de esa continuidad: el Partido Comunista es la única organización política reconocida en la Constitución, y la sucesión se ha escalonado de los Castro a Díaz-Canel, quien preside desde 2018.
Desde El Salvador el episodio interesa por contraste, no por imitación. El país vivió su propio ciclo de vanguardias armadas y liderazgos providenciales durante el conflicto de 1980 a 1992, cerrado por los Acuerdos de Paz de Chapultepec, firmados en Ciudad de México en enero de 1992. Aquel pacto desmontó la estructura militar heredada de la guerra, creó la Policía Nacional Civil como cuerpo de naturaleza civil y transformó al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, antigua guerrilla, en partido legal. La Revolución cubana había sido para buena parte de esa insurgencia una referencia ideológica explícita; tres décadas después, esa genealogía se ha diluido en el debate público salvadoreño.
Conviene no caer en la equivalencia fácil. Cuba y El Salvador son hoy sistemas políticos distintos, con trayectorias recientes que no admiten paralelismos cómodos. Pero el centenario plantea una pregunta común a cualquier régimen: qué ocurre cuando el poder se organiza alrededor de una figura y no de instituciones capaces de sobrevivirla. Es el interrogante que la propia arquitectura constitucional salvadoreña, adoptada en 1983 y complementada por las reformas posteriores a Chapultepec, buscó responder al apostar por la alternancia y el control entre Órganos del Estado.
Instituciones diseñadas para que nadie sea insustituible
La Asamblea Legislativa, con sus 60 curules, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Cuentas de la República existen, sobre el papel, para que ningún nombre propio sea insustituible. La Corte de Cuentas fiscaliza el gasto del Presupuesto General de la Nación; la Fiscalía General de la República investiga; el Tribunal Supremo Electoral organiza los comicios. Que esos contrapesos funcionen con mayor o menor autonomía es materia de debate permanente, pero su razón de ser es precisamente evitar que el liderazgo se vuelva vitalicio.
El silencio institucional ante el centenario habanero tiene una explicación en la política exterior. El Salvador mantiene relaciones diplomáticas con Cuba, pero su orientación reciente ha privilegiado la relación con Estados Unidos, lo que convierte cualquier gesto de cercanía con La Habana en un cálculo de costos más que en una manifestación espontánea. La ausencia de comunicado de Casa Presidencial o de la Cancillería, en ese contexto, resulta coherente con esa prioridad.
Para el lector salvadoreño, la utilidad de observar este centenario ajeno no está en la nostalgia ni en la condena, sino en el ejercicio de comparar modelos de institucionalidad. Mientras Cuba discute su legado en coloquios convocados desde el aparato estatal, cabe preguntarse con la misma frecuencia si los contrapesos salvadoreños —la Corte de Cuentas ante el gasto público, la Fiscalía en sus investigaciones, el Tribunal Supremo Electoral ante las urnas— cumplen la función que Chapultepec les asignó hace más de tres décadas, o si el personalismo halla vías más discretas de perpetuarse.
La diferencia entre sistemas que sobreviven a sus figuras y los que dependen de ellas reside en si las instituciones perduran más allá del carisma. Ningún régimen —revolucionario o liberal— está exento de la tentación de identificar a un hombre con el Estado. Esa es la pregunta que El Salvador, con las heridas de su guerra civil todavía presentes, haría bien en no dejar de plantearse cada vez que en algún país vecino se apagan las velas de otro aniversario redondo. En La Habana, entretanto, el calendario de efemérides seguirá su curso: el centenario clausurado esta semana marca apenas un hito más en la administración de una memoria de Estado.
