El acto reunió a personas que perdieron a familiares directos en la matanza, así como a representantes de comités de víctimas y organizaciones defensoras de derechos humanos que dan seguimiento al caso. Los asistentes depositaron flores y realizaron actos religiosos en memoria de las víctimas, en un ejercicio de memoria histórica que se repite cada año en distintos puntos del país donde se documentaron masacres durante el conflicto armado.
Chalatenango fue uno de los departamentos más golpeados por la guerra civil, debido a su ubicación fronteriza con Honduras y a la presencia de columnas guerrilleras del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en su territorio montañoso. La zona norte del país, con accidentado relieve y escasa infraestructura, se convirtió en corredor de movilización de combatientes y en escenario recurrente de operaciones de contrainsurgencia de la Fuerza Armada, lo que derivó en numerosos episodios de violencia contra la población civil documentados posteriormente por la Comisión de la Verdad para El Salvador.
La masacre del río Gualsinga se inscribe en un patrón de violencia atribuido a distintos batallones y destacamentos militares que operaron en el norte y el oriente del país entre finales de los años setenta y mediados de los ochenta. El caso de El Mozote, en Morazán —donde según el informe de la Comisión de la Verdad de 1993 fueron ejecutados cientos de civiles en diciembre de 1981—, se ha convertido en la referencia obligada para dimensionar la magnitud de los hechos ocurridos en zonas rurales durante ese periodo.
Un marco legal que cambió tres décadas después
El tratamiento judicial de estos casos ha sido objeto de sucesivos cambios normativos. La Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, aprobada en 1993 tras la firma de los Acuerdos de Paz de Chapultepec, fue declarada inconstitucional por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en julio de 2016, lo que reabrió la posibilidad de investigar judicialmente crímenes cometidos durante el conflicto armado. En 2020, la Asamblea Legislativa aprobó una Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional, cuya aplicación práctica ha sido calificada por organizaciones de víctimas como insuficiente en cuanto a avances judiciales concretos.
Organizaciones de derechos humanos que acompañan a las víctimas de Gualsinga han señalado en años anteriores que el caso no ha derivado en procesos penales concluyentes ante los tribunales salvadoreños, pese a que la Fiscalía General de la República ha recibido denuncias relacionadas con hechos de violencia ocurridos durante el conflicto armado en distintos puntos del país. La ausencia de sentencias firmes en la mayoría de estos casos ha sido objeto de señalamientos reiterados por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que ha instado en informes previos a garantizar el acceso a la justicia para las víctimas de la guerra civil.
Los familiares de las víctimas han reclamado en ediciones anteriores del acto conmemorativo que el Estado salvadoreño reconozca oficialmente lo ocurrido y facilite el acceso a información sobre los responsables. Hasta la fecha no consta que el Órgano Ejecutivo ni la Fuerza Armada hayan emitido un pronunciamiento específico sobre la masacre del río Gualsinga en el marco de este aniversario, ni que existan procesos judiciales activos vinculados directamente al caso ante los tribunales competentes.
El conflicto armado salvadoreño, que se extendió durante doce años y dejó más de 75,000 personas muertas según estimaciones recogidas por la Comisión de la Verdad, concluyó formalmente con la firma de los Acuerdos de Paz de Chapultepec el 16 de enero de 1992 en Ciudad de México, bajo mediación de las Naciones Unidas. Ese proceso permitió la desmovilización del FMLN como fuerza guerrillera y su transformación en partido político, además de una reforma de la Fuerza Armada orientada a subordinarla al poder civil.
La memoria del conflicto armado sigue presente en la agenda pública salvadoreña, con actos conmemorativos que se realizan cada año en fechas asociadas a distintas masacres documentadas, entre ellas las de El Mozote, El Calabozo, en San Vicente, y el río Sumpul, también en Chalatenango. Estos actos suelen coincidir con llamados de organizaciones de víctimas a que el Estado impulse políticas de reparación integral, incluyendo búsqueda de personas desaparecidas, exhumaciones y acceso a archivos militares que permitan esclarecer responsabilidades individuales.
De cara a los próximos meses, las organizaciones de derechos humanos que acompañan a las víctimas de Gualsinga han anunciado que continuarán gestionando ante instancias estatales y organismos internacionales el impulso de investigaciones formales sobre el caso, sin que a la fecha se conozca un calendario oficial de actuaciones judiciales. La evolución de estos procesos dependerá en buena medida de la actividad que despliegue la Fiscalía General de la República y del margen que ofrezca el marco legal vigente tras la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía de 1993.
