Un invernadero no es una revolución. Es una estructura de plástico y madera, unos metros cuadrados de tierra protegida y una comunidad que decide sembrar de otra manera. Pero en un país donde el debate ambiental suele quedarse en declaraciones solemnes sobre el cambio climático, la noticia de Ceiba Chacha tiene el mérito de referirse a algo que existe y se puede medir.
La cuenca del lago de Coatepeque no es un paraje cualquiera. Es uno de los destinos turísticos más reconocidos del país, motor económico de varios municipios de Santa Ana y, a la vez, un ecosistema sometido a la presión de la actividad agrícola, la urbanización de sus orillas y el uso del agua. Que un paso hacia la sostenibilidad llegue a través de un invernadero comunitario, y no de una gran obra anunciada desde Casa Presidencial o desde una alcaldía, invita a mirar dónde se origina, en la práctica, el trabajo ambiental sobre el terreno.
Un solo invernadero no cierra una cuenca
Conviene no idealizar. Una estructura aislada no resuelve la erosión de una cuenca ni sustituye la ausencia de una política hídrica robusta, pendiente en El Salvador desde hace décadas. El país ha vivido ciclos recurrentes de anuncios ambientales de gran alcance —reforestación, protección de mantos acuíferos, planes de manejo de cuenca— que después se diluyen entre cambios de gobierno, recortes o desinterés institucional. Precisamente por eso, cuando la iniciativa parte de una fundación y de las propias comunidades, la escala reducida obliga a una rendición de cuentas elemental: se ve, se toca y, si no funciona, se sabe pronto.
La pregunta que cabe hacerse, con la frialdad que exige cualquier ejercicio de fiscalización, es qué papel juegan las instituciones estatales en procesos como este. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa —que administra la infraestructura hídrica ligada al Lempa y sus cuencas— o el Órgano Ejecutivo a través de sus programas agropecuarios no aparecen mencionados en el avance reportado por la Fundación Coatepeque. Su ausencia en el reporte no implica ausencia real, pero deja abierta la duda sobre si la sostenibilidad de la cuenca depende más de la iniciativa privada y comunitaria que de una estrategia estatal coordinada.
Ese vacío, si lo es, no es exclusivo de Santa Ana. El Salvador ha construido buena parte de su tejido de resiliencia ambiental y social a través de organizaciones de base, cooperativas cafetaleras, asociaciones de regantes y fundaciones locales que ocupan espacios que corresponderían a la planificación pública. La agricultura sostenible en la cuenca de Coatepeque se inscribe en esa tradición: no como sustituto de la política pública, sino como recordatorio de lo que aún no se ha terminado de construir.
No sería razonable, sin embargo, exigir a un proyecto comunitario que resuelva lo que compete a la Asamblea Legislativa o al Órgano Ejecutivo: una ley de aguas, un ordenamiento territorial de la cuenca o una fiscalización de los usos del suelo alrededor del lago. Lo que sí cabe exigir, con el mismo rigor con que se examina cualquier fondo público, es que, si estos proyectos comunitarios reciben en algún momento financiamiento estatal, cooperación internacional o subsidio, esa trazabilidad quede clara y sujeta al control de la Corte de Cuentas de la República, como corresponde a cualquier recurso con incidencia pública, sea cual sea su origen.
La lección de los proyectos posteriores a la paz
El precedente salvadoreño invita a la cautela sin caer en el desprecio. Desde la firma de los Acuerdos de Paz de Chapultepec, en 1992, el país experimentó sucesivas oleadas de proyectos de desarrollo rural financiados por cooperación internacional, muchos centrados en agricultura sostenible y manejo de cuencas. Algunos dejaron huella duradera; otros se disolvieron en cuanto se agotó el financiamiento externo. La diferencia rara vez estuvo en la buena voluntad inicial, sino en si la comunidad terminó apropiándose del proyecto o si este dependió, hasta el final, de una mano externa que tarde o temprano se retira.
Ahí radica la verdadera prueba para el invernadero de Ceiba Chacha y para el resto de iniciativas que la Fundación Coatepeque impulsa en la zona: no en su instalación, sino en su continuidad dentro de cinco o diez años, cuando ya no sea noticia. La agricultura sostenible no se mide al montar una estructura, sino en la capacidad de una comunidad para mantenerla, mejorarla y replicarla sin depender indefinidamente de un actor externo.
Mientras tanto, el lago de Coatepeque sigue con las mismas presiones de siempre sobre su cuenca. Que un invernadero comunitario sea hoy la noticia ambiental más concreta que llega desde esa zona no debería leerse como un triunfo definitivo, sino como una pregunta abierta dirigida a quienes tienen la responsabilidad institucional de proteger ese ecosistema. Si la sostenibilidad de Coatepeque descansa en que las comunidades sigan construyendo, paso a paso, lo que la planificación estatal no termina de ordenar, convendría empezar a hacer las cuentas de quién está haciendo qué, y con qué recursos.
