De acuerdo con el relato de la comunidad, la estructura se levanta en un terreno ubicado en pleno centro del cantón, una zona de tránsito cotidiano de familias. Los residentes afirmaron que ninguna entidad les notificó formalmente sobre el proyecto antes de que iniciaran los trabajos, lo que —sostuvieron— generó desconfianza sobre la legalidad del proceso.
Entre las principales inquietudes señaladas figura el desconocimiento de los estudios técnicos y ambientales que deben respaldar este tipo de infraestructura antes de su instalación. La normativa salvadoreña contempla requisitos de permisos municipales de construcción y, según la ubicación y las características del proyecto, evaluaciones de impacto ambiental cuya revisión corresponde al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Los denunciantes también manifestaron temor por los efectos que atribuyen a la exposición prolongada a las ondas electromagnéticas emitidas por las antenas de telefonía. Se trata de una inquietud recurrente en comunidades del país, si bien la Organización Mundial de la Salud sostiene que no existe evidencia científica sólida que vincule la exposición a los niveles de radiación de las antenas celulares, dentro de los límites regulados, con daños graves a la salud.
La comunidad indicó que ha intentado, sin éxito hasta el momento, obtener respuesta de las autoridades locales y de la empresa de telecomunicaciones presuntamente responsable. Los vecinos aseguraron desconocer el nombre de la compañía instaladora, lo que dificulta, según explicaron, cualquier gestión formal de reclamo ante la entidad correspondiente.
El marco de permisos y competencias
En El Salvador, la instalación de infraestructura de telecomunicaciones está sujeta a permisos municipales de construcción, que deben tramitarse ante el concejo municipal respectivo, en este caso el de Cojutepeque. La Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) es la entidad encargada de regular el espectro radioeléctrico y de velar por que las operadoras cumplan con los estándares técnicos, aunque no interviene de forma directa en los procesos de consulta comunitaria previa a la construcción física de una torre.
La legislación salvadoreña no exige de manera expresa una consulta ciudadana vinculante para este tipo de infraestructura, a diferencia de otros proyectos de mayor impacto ambiental. Ese vacío ha alimentado, en episodios anteriores en distintos municipios, tensiones entre alcaldías y vecindarios: las comunas han argumentado que los permisos se ajustaban a la normativa vigente, mientras los vecinos han insistido en que no fueron informados de forma directa.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ha señalado en pronunciamientos sobre conflictos similares que las municipalidades tienen la obligación de garantizar procesos de información transparente hacia la ciudadanía cuando se trata de obras que puedan incidir en el entorno inmediato de las comunidades, aun cuando no exista un mecanismo formal de consulta previa para infraestructura de telecomunicaciones.
La denuncia de Los Naranjos se produce en un contexto de expansión de la red de telefonía celular e internet impulsada tanto por el Órgano Ejecutivo como por operadoras privadas, en el marco de proyectos de conectividad rural. Ese avance en infraestructura ha coincidido en ocasiones con reclamos comunitarios centrados en la falta de comunicación oportuna entre empresas, autoridades municipales y habitantes de las zonas donde se instalan las torres.
La comuna cuscatleca y la SIGET no habían fijado una posición pública sobre la denuncia planteada por los residentes.
Los vecinos del cantón anunciaron que continuarán exigiendo una respuesta formal y no descartaron acudir a instancias como la gobernación departamental de Cuscatlán o la propia SIGET. De confirmarse irregularidades, correspondería al concejo municipal de Cojutepeque revisar la legalidad del permiso otorgado y, en su caso, a la SIGET verificar el cumplimiento de la normativa técnica del sector.
