El Parlamento Europeo distribuye sus 720 escaños entre los veintisiete Estados miembros mediante un sistema de proporcionalidad decreciente inscrito en el Tratado de Lisboa (en vigor desde el 1 de diciembre de 2009). El principio asigna más representantes en términos absolutos a los países más poblados, pero reduce la ratio de escaños por habitante conforme crece el censo, de modo que un ciudadano de un Estado pequeño dispone de mayor peso representativo individual que uno de un Estado grande. Es el único órgano de la Unión elegido por sufragio universal directo y el que colegisla con el Consejo en prácticamente la totalidad de las políticas comunitarias.
El mecanismo y sus umbrales en los tratados
El artículo 14.2 del Tratado de la Unión Europea, en su redacción post-Lisboa, establece con precisión los límites del reparto: ningún Estado puede contar con menos de seis eurodiputados ni con más de noventa y seis. Esos umbrales actúan simultáneamente como suelo de protección para los más pequeños y como techo que impide la concentración de escaños en los más grandes. Dentro de esa horquilla, la distribución concreta se fija mediante decisión del Consejo Europeo adoptada por unanimidad y a propuesta del propio Parlamento, antes de cada convocatoria electoral, lo que convierte el proceso en una negociación intergubernamental con participación parlamentaria.
El resultado no es proporcionalidad estricta —que exigiría que cada escaño representase idéntico número de habitantes en toda la UE— sino una ponderación deliberada de la desigualdad demográfica. La doctrina jurídica comunitaria ha descrito esta arquitectura como una solución de compromiso antes que una fórmula matemáticamente óptima, reflejo de la tensión estructural entre igualdad de ciudadanos e igualdad de Estados en una unión de naciones soberanas.
Qué implica para el equilibrio de poder en la cámara
El reparto de escaños no es un detalle procedimental: determina las mayorías necesarias para aprobar legislación, la composición de las comisiones parlamentarias y la correlación de fuerzas entre grupos políticos. Un diseño distinto alteraría, por ejemplo, los equilibrios en ámbitos tan sensibles como el presupuesto plurianual de la UE, la regulación de mercados digitales o la política agrícola común. Los Estados más poblados —Alemania, Francia, Italia, España y Polonia encabezan ese grupo en la legislatura 2024-2029, con delegaciones de 96, 81, 76, 61 y 53 escaños respectivamente, según la Decisión del Consejo Europeo de mayo de 2023— obtienen mayor capacidad de influencia en la formación de mayorías.
En el extremo opuesto, Malta, Luxemburgo y Chipre, con poblaciones inferiores al millón de habitantes según datos de Eurostat de 2023, conservan el mínimo de seis escaños cada uno. Esa dotación garantiza su presencia efectiva en comisiones y en la negociación de textos legislativos pese a representar una fracción mínima del censo total de la UE, estimado por Eurostat en aproximadamente 448 millones de personas a 1 de enero de 2023, frente a los cerca de 450 millones registrados antes del Brexit.
La salida del Reino Unido y la redistribución de 2019-2024
El precedente más reciente y de mayor impacto en la distribución actual fue la salida del Reino Unido, formalizada el 31 de enero de 2020. Hasta entonces, el país contaba con 73 eurodiputados. La Decisión del Consejo Europeo (UE) 2018/937, adoptada el 28 de junio de 2018 anticipando el Brexit, redistribuyó 27 de esos 73 escaños entre catorce Estados miembros para la legislatura 2019-2024; los 46 restantes se reservaron para futuras ampliaciones o ajustes. España, por ejemplo, pasó de 54 a 59 escaños en esa redistribución. El ejercicio evidenció la magnitud de la geometría política implicada: cualquier reasignación afecta los equilibrios preexistentes y requiere unanimidad en el Consejo Europeo.
Un principio con historia en cada ampliación
La proporcionalidad decreciente acompaña al Parlamento Europeo desde sus primeras configuraciones, anteriores incluso a la elección directa establecida en 1979. Cada adhesión ha reabierto el debate sobre cómo incorporar a los nuevos miembros sin superar el límite máximo de escaños ni perjudicar en exceso a los Estados ya presentes. La ampliación de 2004, que incorporó a diez países simultáneamente —la mayor de la historia de la UE—, obligó a una revisión profunda del reparto y sentó jurisprudencia política sobre cómo gestionar las transiciones entre legislaturas. El techo de 751 escaños vigente antes del Brexit, reducido a 705 tras la salida británica y ampliado a 720 para la legislatura actual mediante la Decisión del Consejo Europeo de mayo de 2023, ilustra cómo el número total no es fijo sino resultado de cada negociación.
El debate abierto sobre legitimidad democrática
El diseño ha generado un debate recurrente entre juristas y politólogos europeos. Sus defensores sostienen que sin el suelo mínimo y la proporcionalidad decreciente, los Estados pequeños quedarían diluidos en una cámara dominada por los grandes, comprometiendo la naturaleza dual de la legitimidad de la UE —basada tanto en sus ciudadanos como en sus Estados miembros—. Sus críticos, en cambio, advierten de que el sistema distorsiona el principio democrático de igualdad del voto: un ciudadano maltés tiene, en términos de representación parlamentaria europea, un peso aproximadamente diez veces superior al de un ciudadano alemán, según cálculos basados en los datos de escaños y población de Eurostat 2023. Ninguno de los dos bloques ha obtenido hasta ahora mayoría suficiente para impulsar una reforma de los tratados en este punto.
Plazos y procedimiento para la próxima revisión
Con cada convocatoria electoral, el Parlamento Europeo elabora una propuesta de redistribución que toma como base los datos oficiales de población facilitados por los Estados miembros y compilados por Eurostat. Esa propuesta debe ser adoptada por unanimidad en el Consejo Europeo con suficiente antelación para que los Estados organicen sus sistemas electorales nacionales. Para la legislatura 2029-2034, la ventana de negociación se abrirá previsiblemente entre 2026 y 2027, momento en que el Parlamento deberá presentar su propuesta teniendo en cuenta las tendencias demográficas —entre ellas el envejecimiento y la emigración en varios Estados del Este, que ya han reducido su peso relativo respecto a 2004— y la eventual adhesión de nuevos miembros, con Ucrania y Moldavia en proceso de negociación desde 2022. Cualquier modificación de los límites de seis y noventa y seis escaños exigiría, además, reforma del Tratado, un procedimiento que requiere ratificación unánime de los veintisiete.
