La CNDH sostuvo que el fallecimiento de un menor en un contexto de violencia criminal no debe analizarse exclusivamente como un asunto de seguridad pública, pues también evidencia, según el organismo, la vulneración sistemática de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. La comisión pidió no reducir al adolescente fallecido al sobrenombre que le atribuyeron diversos medios de comunicación, pues detrás de ese apodo, subrayó, existía una persona de 15 años cuya historia refleja fallas estructurales que afectan a miles de menores en el país.
"No podemos normalizar que las infancias sean utilizadas como instrumentos de la violencia ni aceptar que menores de edad sean incorporados a dinámicas criminales", manifestó la CNDH en el pronunciamiento. El organismo señaló que el reclutamiento de menores no ocurre de manera aislada ni responde únicamente a decisiones individuales, sino que está relacionado con condiciones de desigualdad y exclusión que persisten en distintas regiones.
Entre los factores que favorecen la captación, la comisión mencionó la pobreza, la migración, la falta de acceso a educación de calidad, la deserción escolar, la violencia intrafamiliar, la precariedad económica, la ausencia de espacios comunitarios seguros, el desplazamiento forzado y la limitada presencia institucional. El organismo advirtió que las organizaciones criminales utilizan a menores para labores de vigilancia, transporte de mensajes o mercancías ilícitas y, en algunos casos, para participar directamente en actividades armadas.
El pronunciamiento recordó que tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como la Organización de los Estados Americanos (OEA) han advertido sobre la gravedad de la desaparición y el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en México. De acuerdo con el informe citado por la CNDH, al 19 de agosto de 2025 se encontraban desaparecidas 18,192 personas menores de edad en el país, un sector que enfrenta un riesgo elevado de ser captado mediante la fuerza, la coerción o el aprovechamiento de sus condiciones de vulnerabilidad.
La comisión explicó que, en comunidades afectadas por la violencia y entre poblaciones migrantes, los grupos delictivos aprovechan las carencias materiales y la falta de oportunidades para ofrecer ingresos económicos, reconocimiento social, sentido de pertenencia o falsas expectativas de movilidad social. "Cuando una niña, niño o adolescente encuentra más oportunidades dentro de una estructura criminal que en las instituciones del Estado, estamos frente a una grave señal de alerta que obliga a revisar las políticas públicas dirigidas a la protección de las infancias", advirtió el organismo.
Un fenómeno documentado desde hace más de una década
La problemática del reclutamiento de menores no es nueva en la agenda de derechos humanos del país. Organizaciones civiles y organismos internacionales han documentado durante años casos en entidades como Michoacán, Guerrero, Tamaulipas y Chiapas, donde el crimen organizado ha aprovechado la debilidad institucional y la falta de oportunidades para incorporar a adolescentes como vigías, mensajeros o, en los casos más graves, integrantes armados de células delictivas. Michoacán, donde falleció el adolescente, ha sido escenario de disputas territoriales entre distintos grupos delictivos.
La CNDH no detalló en su comunicado el nombre del grupo criminal presuntamente vinculado al adolescente fallecido, ni ofreció precisiones adicionales sobre las circunstancias de su muerte, que permanece bajo investigación de las autoridades competentes. El organismo solicitó reforzar los mecanismos de protección y restitución de derechos para las víctimas, mejorar la atención psicosocial de menores expuestos a la violencia y consolidar estrategias de desarrollo comunitario que atiendan las causas estructurales del fenómeno, en lugar de limitarse a respuestas reactivas una vez que los menores ya han sido captados.
La recomendación se inscribe en un marco normativo que incluye la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, promulgada en 2014, la cual establece la obligación del Estado de garantizar la protección integral de este sector frente a cualquier forma de violencia, explotación o utilización por parte de terceros, incluidos grupos delictivos. La CNDH, como organismo constitucional autónomo, puede emitir recomendaciones no vinculantes a autoridades de los tres órdenes de gobierno, sin capacidad para obligar su cumplimiento.
El pronunciamiento coincide con señalamientos de organizaciones de la sociedad civil sobre la falta de cifras oficiales consolidadas del reclutamiento de menores por el crimen organizado, lo que dificultaría dimensionar la magnitud real del fenómeno. Colectivos dedicados al monitoreo de desapariciones han apuntado a inconsistencias en los registros oficiales que impedirían conocer con precisión cuántas niñas, niños y adolescentes permanecen desaparecidos.
La CNDH no adelantó mecanismos de seguimiento específicos para verificar el cumplimiento de su exhorto por parte de las autoridades federales, estatales y municipales, ni precisó si prevé emitir una recomendación formal —instrumento de mayor peso institucional que un pronunciamiento— en caso de que no se adopten medidas concretas. La discusión sobre el papel del Estado frente al reclutamiento infantil se mantendrá previsiblemente en la agenda pública, luego de que organizaciones de derechos humanos hayan cuestionado la atención a la crisis de desapariciones y violencia contra la niñez en el marco del segundo informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.