La propuesta busca despenalizar y regular la ayuda médica para morir de forma indolora en personas con padecimientos crónico-degenerativos en fase avanzada o terminal. La iniciativa, según sus impulsores, se sustenta en investigaciones y en las firmas de respaldo recabadas, y de aprobarse marcaría un giro en la legislación mexicana sobre el final de la vida.
Actualmente, el marco legal mexicano contempla la voluntad anticipada, mecanismo que permite a los pacientes rechazar tratamientos destinados a prolongar la vida, pero mantiene prohibida la eutanasia activa, es decir, la provocación deliberada de la muerte a solicitud del paciente. Esa distinción —entre dejar morir y ayudar a morir— es el eje de la controversia que la iniciativa pretende resolver.
Según la activista, Brugada le transmitió que «no solo ella, sino todo el Gobierno local ya está a favor de que sea un tema prioritario en este periodo legislativo». Martínez afirmó que existe el compromiso de establecer una ruta de trabajo y sostuvo que la capital podría convertirse en la primera entidad del país en aprobar una reforma de este tipo antes de que el calendario electoral frene los debates.
Durante el recorrido, los legisladores locales Xóchitl Bravo y Fernando Zárate recibieron el paquete de iniciativas para iniciar su análisis en las próximas sesiones del órgano legislativo capitalino. Se trata del arranque del trámite legislativo, previo a los debates y votaciones que toda propuesta debe superar antes de convertirse en ley.
Los manifestantes avanzaron con pancartas y consignas como «¡Muerte digna ya!», «Mi cuerpo, mi vida, mi libertad» y «Hay una opción y es mi decisión». Entre los asistentes se encontraba Víctor Cristóbal, diagnosticado con cáncer en el sistema linfático, quien relató a la agencia EFE el impacto de no contar con esta alternativa: «Los tratamientos son muy dolorosos [.] me gustaría que la gente pudiera terminar su ciclo sin dolor, tranquila y rodeada de su familia».
Otra de las participantes, Ana Grimaldo, defendió la iniciativa como una cuestión de autonomía personal. «Es un bien para todos y es un poder de decisión para todos, no es justo ni válido vivir con dolor», declaró durante la jornada.
El pronunciamiento del Gobierno federal
El debate trascendió el ámbito local en abril pasado, cuando llegó hasta el Gobierno federal. La presidenta Claudia Sheinbaum consideró entonces que se trata de un asunto complejo que «tiene que discutirse socialmente» y planteó la necesidad de abrir una discusión amplia entre la ciudadanía y los sectores involucrados, sin comprometerse con una postura definitiva sobre la legalización a escala nacional.
La discusión sobre el final de la vida no es nueva en América Latina. Colombia despenalizó la eutanasia mediante fallos de su Corte Constitucional desde 1997 y años después la reglamentó, convirtiéndose en el primer país de la región en implementarla de forma reglada. Ese antecedente ha sido invocado por quienes sostienen que un cambio normativo de este tipo es viable en sistemas jurídicos de tradición similar.
El caso mexicano ilustra además cómo estas reformas suelen abrirse paso primero en capitales o entidades subnacionales antes de escalar a una discusión de alcance nacional. Martínez insistió en que el objetivo inmediato es que la Ciudad de México apruebe la reforma antes de que el proceso electoral paralice la agenda legislativa capitalina.
Por ahora, el compromiso anunciado por la jefatura de Gobierno capitalino no se ha traducido en un calendario público de votaciones ni en un texto dictaminado por las comisiones correspondientes. La ruta de trabajo mencionada por Martínez deberá concretarse en las próximas sesiones del órgano legislativo local, donde Bravo y Zárate quedaron encargados de iniciar el análisis formal del paquete de iniciativas entregado durante la marcha.