La imagen que ha dejado Ceuta esta semana es la de una ciudad de unos 85.000 habitantes desbordada por la llegada simultánea de varias decenas de miles de personas en cuestión de horas. El aluvión comenzó el jueves con la entrada masiva por mar desde las costas marroquíes y ha derivado en uno de los sucesos con mayor número de víctimas mortales registrados en una frontera española: 57 fallecidos, cuyos cuerpos fueron localizados en las playas del Tarajal y su entorno.
El relato de quienes regresan describe un ciclo de esperanza frustrada en apenas 48 horas. Nabil, de 30 años, conductor de Uber en Marruecos, y su mujer Wisal, de 23, cruzaron el jueves con su hija de tres años, que padece asma, sujeta a un flotador. Este viernes desandaban el mismo camino hacia el puesto fronterizo. "Nos vamos porque no hay comida, tenemos dinero, pero no nos venden, no hay leche para la niña, todo está cerrado. Y nos han enseñado cuchillos y tirado piedras. Solo queríamos un futuro para mi hija", relató la mujer.
La escena de la marcha de vuelta contrasta con la de la llegada. Filas de personas con ropa desgarrada, calzado disparejo y heridas vendadas caminan bajo la vigilancia de militares españoles hacia el paso del Tarajal, esta vez sin las muestras de alivio o celebración que acompañaron su entrada dos días antes. Los flotadores empleados en la travesía se acumulan, abandonados, en instalaciones de la Guardia Civil o flotan sin dueño en la bahía.
Un precedente reciente en la frontera sur
El saldo sitúa el episodio entre los más graves desde que Ceuta y Melilla se consolidaron como puntos de fricción migratoria en la frontera sur de la Unión Europea. El precedente más citado es la crisis de mayo de 2021, cuando unas 10.000 personas cruzaron a Ceuta en apenas dos días tras la relajación temporal de los controles marroquíes, en plena tensión diplomática entre Madrid y Rabat. En junio de 2022, un salto múltiple a la valla de Melilla dejó al menos 23 muertos según el recuento oficial marroquí, cifra que organizaciones humanitarias elevaron por encima de la treintena.
El marco jurídico que rige estos movimientos combina la legislación española de extranjería, el Código de Fronteras Schengen (Reglamento UE 2016/399) y los acuerdos bilaterales de readmisión suscritos entre España y Marruecos desde 1992. Ese convenio permite la devolución de personas interceptadas en el intento de entrada irregular, una práctica que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos avaló en 2020 en el caso N.D. y N.T. contra España, siempre que exista una vía legal y efectiva para solicitar protección internacional. La Convención de Ginebra de 1951 y la Ley de Asilo española de 2009 reconocen el derecho a pedir asilo, un extremo que organizaciones como CEAR han reclamado que se garantice en cada devolución en crisis anteriores.
La respuesta operativa recae sobre la Delegación del Gobierno en Ceuta, el Ministerio del Interior y la Guardia Civil, con el apoyo de Frontex, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, cuyo mandato se limita a labores de vigilancia y asistencia sin capacidad ejecutiva sobre las devoluciones. En episodios previos, Interior ha subrayado que la gestión de los retornos se coordina con las autoridades marroquíes en aplicación de los acuerdos bilaterales vigentes.
Desde el lado marroquí, las autoridades no se han pronunciado públicamente sobre las circunstancias que motivaron el cruce masivo ni sobre los fallecidos. Marruecos figura entre los socios clave de la Unión Europea en el control de flujos en el Mediterráneo occidental, en el marco de una cooperación que incluye financiación comunitaria para reforzar la vigilancia costera.
La escasez de recursos básicos ha marcado la dimensión humanitaria del suceso. Según los testimonios recabados, la llegada simultánea de decenas de miles de personas a un territorio con capacidad logística limitada derivó en falta de alimentos y agua y en el cierre de comercios, factores que —según los propios migrantes— precipitaron el retorno de buena parte de quienes habían cruzado.
El episodio reabre el debate sobre la gestión de la frontera sur europea. La Unión Europea aprobó en 2024 el Pacto sobre Migración y Asilo, cuya aplicación por los Estados miembros está prevista de forma escalonada. España, como uno de los principales puntos de entrada junto con Italia y Grecia, ha reclamado en foros comunitarios un reparto más equitativo de la carga migratoria entre los Veintisiete.
A corto plazo, la atención se centra en el recuento definitivo de víctimas mortales, que las autoridades españolas podrían actualizar a medida que continúen las labores de búsqueda en el litoral ceutí, y en el número final de personas que permanecen en la ciudad autónoma pendientes de identificación o de un procedimiento de retorno. Queda por determinar, asimismo, si el Gobierno refuerza el dispositivo policial y militar en el perímetro fronterizo ante posibles nuevos intentos de cruce.
