El CESTA es una de las organizaciones más longevas del ambientalismo salvadoreño. Se define como una entidad no gubernamental dedicada a la promoción de tecnologías apropiadas y sostenibles, un concepto que en la década de 1980 buscaba ofrecer alternativas de desarrollo adaptadas a las condiciones locales, con menor impacto ambiental y mayor accesibilidad para comunidades rurales. Con el paso de los años, su agenda se amplió hacia la incidencia política, la educación ambiental y la participación en la discusión de normativa ambiental.
A lo largo de casi medio siglo, la organización ha sido una voz recurrente en los debates públicos sobre biodiversidad, uso del suelo y modelos de desarrollo. Su trabajo ha incluido posturas técnicas y de incidencia frente a iniciativas legislativas y proyectos privados que, según la propia entidad, representarían riesgos para los ecosistemas de un país con alta densidad poblacional y escasa cobertura boscosa remanente en Centroamérica.
Minería y bosques, ejes de casi medio siglo
Uno de los frentes más visibles de la organización ha sido su posición frente a la minería metálica, un tema que marcó un hito en la política ambiental salvadoreña en 2017, cuando la Asamblea Legislativa aprobó una ley que prohibió esa actividad extractiva en todo el territorio nacional. El Salvador se convirtió entonces en el primer país del mundo en establecer una prohibición total de la minería metálica, decisión que las organizaciones ambientalistas, entre ellas el CESTA, atribuyeron a años de movilización social y técnica.
Ese marco normativo experimentó un giro en diciembre de 2024, cuando la Asamblea Legislativa aprobó una nueva ley que derogó la prohibición de 2017 y habilitó nuevamente la exploración y explotación de minerales metálicos bajo un esquema estatal. El Órgano Ejecutivo argumentó que el país cuenta con reservas de oro y otros minerales que podrían representar una fuente de ingresos para las finanzas públicas.
La medida generó reacciones divididas. Representantes del Órgano Ejecutivo sostuvieron que la actividad se realizará bajo control estatal directo, sin participación de empresas privadas extranjeras, como parte de la justificación de la reforma. En contraste, organizaciones ambientalistas, iglesias y comunidades rurales expresaron su preocupación por el impacto en fuentes de agua y suelos en un territorio con recursos hídricos limitados. Diversas organizaciones de sociedad civil han solicitado en reiteradas ocasiones mayor transparencia sobre los estudios de impacto ambiental que respaldarían los nuevos proyectos.
El otro eje histórico del trabajo del CESTA ha sido la defensa de la cobertura forestal. El Salvador figura entre los países con menor porcentaje de bosque primario remanente de América Latina, resultado de décadas de expansión agrícola, urbanización y presión demográfica sobre el territorio. La organización ha documentado y denunciado episodios de deforestación vinculados tanto a proyectos de infraestructura como a la expansión de actividades agropecuarias.
La entidad ha mantenido presencia en discusiones legislativas sobre el manejo de desechos, la protección de fuentes de agua y la regulación de actividades extractivas. El marco institucional ambiental del país recae principalmente en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, creado en 1997 dentro del proceso de fortalecimiento institucional posterior a los Acuerdos de Paz de 1992, que pusieron fin a doce años de conflicto armado y abrieron un ciclo de reformas del Estado.
La celebración de los 46 años del CESTA se inscribe en una tradición de organizaciones ambientalistas salvadoreñas que desde la posguerra han buscado incidir en la formulación de políticas públicas sobre el uso del territorio, el agua y la biodiversidad. La reducida extensión del país y su alta vulnerabilidad climática lo colocan entre los territorios centroamericanos más expuestos a sequías, inundaciones y degradación de suelos.
De cara a los próximos meses, el debate sobre minería metálica y gestión ambiental previsiblemente continuará en la agenda pública salvadoreña, en la medida en que avancen los primeros proyectos de exploración autorizados bajo la ley de 2024 y se conozcan los resultados de los estudios técnicos anunciados por el Órgano Ejecutivo. El CESTA ha señalado su intención de mantener seguimiento y postura pública sobre esos desarrollos, en línea con su trayectoria de más de cuatro décadas en el activismo ambiental del país.
