La presentación, realizada en San Salvador, reunió a los autores, funcionarios y observadores interesados en documentar el proceso de reducción de la violencia en El Salvador, uno de los temas de mayor atención internacional respecto al país en los últimos años. Según el relato del asistente, la obra busca "nombrar lo que la historia tantas veces ha dejado sin decir", en referencia a episodios de violencia vividos por comunidades salvadoreñas durante décadas de actividad de pandillas. Ese mismo testimonio expresó gratitud a los autores por "la valentía que hay detrás de estas páginas".
El régimen de excepción fue aprobado por la Asamblea Legislativa el 27 de marzo de 2022, tras un fin de semana con decenas de homicidios registrados, y suspendió garantías constitucionales como la inviolabilidad de la correspondencia y las telecomunicaciones y el derecho de asociación. Desde entonces, el pleno legislativo lo ha prorrogado de manera consecutiva, mes tras mes, mediante votaciones en el Salón Azul en las que la fracción oficialista ha aportado la mayoría de los votos entre las 60 curules.
La medida ha permitido, según cifras difundidas por el Órgano Ejecutivo a lo largo de los últimos años, la detención de decenas de miles de personas señaladas de pertenecer a estructuras pandilleriles. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y organizaciones de la sociedad civil han documentado en distintos momentos denuncias de detenciones arbitrarias y de fallecimientos de personas privadas de libertad bajo el régimen, mientras que el Órgano Ejecutivo ha defendido la medida como responsable de la caída sostenida de la tasa de homicidios.
El vicepresidente Félix Ulloa hijo, mencionado en uno de los capítulos del libro según el relato del asistente, ha promovido en foros internacionales el modelo de seguridad salvadoreño como referencia para otros países de la región, en el marco de giras y presentaciones ante organismos multilaterales. La obra dedicaría un apartado a su trayectoria, en el que el funcionario habría estampado su firma durante el acto.
De San Salvador a las librerías europeas
El interés editorial en Alemania por una obra centrada en El Salvador se produce en un contexto de atención mediática internacional hacia el país, que en los últimos años ha sido objeto de reportajes, documentales y publicaciones sobre el descenso de los índices de criminalidad y sus implicaciones en materia de derechos humanos y estado de derecho. Esa cobertura se ha diversificado más allá de la prensa especializada en seguridad, alcanzando publicaciones de no ficción dirigidas al público general en países como Alemania, Estados Unidos e Israel, de donde procederían los autores.
El Salvador figuró durante buena parte de las últimas décadas entre los países con las tasas de homicidios más altas del mundo, según registros de organismos internacionales, y ha reportado en los años recientes una reducción sostenida de esa cifra. El Órgano Ejecutivo atribuye ese cambio a la estrategia de seguridad implementada desde 2019 y reforzada con el régimen de excepción. Organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación han señalado, en contraste, que esa reducción coexiste con denuncias de fallecimientos bajo custodia estatal y con procesos judiciales que, según defensores, no siempre habrían garantizado el debido proceso a las personas detenidas.
El precedente histórico más cercano a la actual estrategia se remonta a los planes "Mano Dura" y "Súper Mano Dura", implementados entre 2003 y 2004 bajo los gobiernos de Francisco Flores y Antonio Saca. Aquellas políticas también apostaron por la detención masiva de presuntos pandilleros, pero, según análisis posteriores de centros de estudios de seguridad ciudadana, no lograron una reducción sostenida de la violencia comparable a la reportada en el periodo actual, y en algunos diagnósticos se vinculó su aplicación al fortalecimiento de las pandillas dentro de los centros penales.
La Corte de Cuentas de la República, como ente fiscalizador, y la Fiscalía General de la República conservan competencias de control sobre el uso de fondos y sobre eventuales excesos en la aplicación de las medidas de seguridad. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia es, por su parte, la instancia con potestad para pronunciarse sobre la constitucionalidad de las prórrogas del régimen, un mecanismo que la Asamblea Legislativa mantiene como instrumento central de la política de seguridad.
La aprobación mensual de cada prórroga en el Salón Azul ha sido respaldada de forma reiterada por la bancada oficialista y cuestionada en distintos momentos por sectores de oposición y organismos de derechos humanos, que han pedido acotar su vigencia o incorporar mayores controles judiciales. El Órgano Ejecutivo ha sostenido que la continuidad de la medida es necesaria para consolidar los resultados en materia de homicidios.
De cara a los próximos meses, la Asamblea Legislativa deberá seguir votando la prórroga del régimen para mantenerlo vigente, mientras el debate público sobre el balance entre la reducción de la violencia y el respeto a las garantías constitucionales continúa dentro y fuera del país. La circulación internacional de obras como la presentada en San Salvador se inscribe en esa proyección del modelo salvadoreño de seguridad, que sigue captando la atención de autores, medios y gobiernos extranjeros.
