Hay una elegancia incómoda en el diseño del mecanismo: tras deberle dinero a un proveedor, el Estado le entrega un papel que certifica oficialmente la mora y luego lo remite a una sucursal bancaria para que lo negocie por su cuenta. El Cepanim no es, sin embargo, una invención menor: atiende un problema estructural conocido por cualquiera que haya contratado con el sector público panameño, el de los atrasos en los pagos a proveedores del Estado, y convierte la deuda de intereses en un instrumento negociable que el beneficiario puede llevar a una entidad bancaria y transformar en liquidez, sin esperar a que el Tesoro honre la totalidad de la mora bajo las condiciones financieras que defina el banco.
La secuencia administrativa completa es donde se juega la eficiencia real del sistema. El beneficiario debe primero retirar su documentación en los centros que estableció el MEF y solo después puede acudir a la sucursal autorizada del Banco Nacional para negociar el certificado. Dos ventanillas, dos instituciones, dos calendarios que deben coordinarse. La entidad recomendó a los beneficiarios verificar los requisitos del trámite antes de acudir, «para agilizar la atención y evitar inconvenientes», y les recordó que deben contar con la documentación entregada por el MEF.
De cinco oficinas en la capital a una red nacional
En la primera fase se habilitaron cinco sucursales en la provincia de Panamá, un esquema que dejaba en desventaja a cualquier proveedor domiciliado en Chiriquí, Bocas del Toro o Darién, obligado a asumir el costo en tiempo y en pasaje de trasladarse a la capital para cobrar lo que el propio Estado le adeudaba. La lista actual corrige en parte esa asimetría: incorpora oficinas como Río Sereno, Changuinola, La Palma, Meteí, Chiriquí Grande, Tortí, Cañazas, Mariato o San Félix, y extiende la atención a las provincias centrales y de Azuero, con puntos en Penonomé, Natá, La Villa de Los Santos, Pedasí o Macaracas.
La lista actual excluye la sucursal de San Fernando, que sí figuraba en la fase inicial en la provincia de Panamá. No consta en la información disponible el motivo de esa exclusión, ni una explicación oficial publicada sobre los criterios que determinaron qué sucursales entran y cuáles salen de la red habilitada. La ausencia de esos detalles operativos sugiere que el ajuste responde más a la capacidad puntual de cada oficina que a un plan integral definido desde el inicio.
Que la red se amplíe es una noticia favorable para los proveedores afectados, que verán reducido el tiempo y el costo de trasladarse. Pero la propia ampliación es también un indicador de que la demanda superó el diseño original: si las cinco sucursales de la capital hubiesen bastado, no habría sido necesario sumar oficinas en el interior del país. La corrección llega después de que la concentración inicial de puntos de atención generara las molestias previsibles para quienes residen lejos de la capital.
Una deuda que se repite con cada administración
El fondo del asunto —la deuda estatal con sus proveedores y los intereses que esa mora genera— tiene antecedentes que se repiten en Panamá. Los atrasos en pagos del Estado a contratistas y proveedores han sido motivo de tensión entre el sector privado y el Órgano Ejecutivo, sobre todo cuando las vistas presupuestarias en la Asamblea Nacional revelan brechas entre lo comprometido y lo efectivamente pagado dentro del Presupuesto General del Estado. El caso más recordado es el de la crisis de finanzas públicas de finales de los años ochenta, cuando la contracción económica derivada de la crisis política dejó al Estado con obligaciones acumuladas frente a proveedores y funcionarios, un episodio que marcó la memoria fiscal del país tras la invasión de Estados Unidos en diciembre de 1989.
El marco de fiscalización recae, en teoría, sobre la Contraloría General. El refrendo del contralor —el aval que la entidad otorga a los contratos estatales— es el filtro por el que pasan los compromisos que originaron esas deudas, y su despacho conserva la potestad de examinar los mecanismos que involucran fondos públicos y compromisos del Estado con terceros. El reconocimiento de los intereses por mora, que el certificado formaliza, se enmarca en las obligaciones del Estado con sus acreedores conforme a la normativa de contratación pública.
El anuncio del Banco Nacional no precisa cuánto dinero representan en conjunto estos certificados, ni cuántos proveedores continúan a la espera de convertir su papel en efectivo. Sin esa cifra agregada, la ampliación de la red es una mejora de forma cuyo alcance real no puede dimensionarse a partir de la información divulgada. La entidad tampoco ha detallado las condiciones financieras concretas bajo las que se negocian los Cepanim, más allá de indicar que las fija el banco.
Mientras tanto, el beneficiario de un Cepanim en Tortí, en Meteí o en Chiriquí Grande puede hoy acudir a una sucursal más cercana que hace unas semanas. Es un alivio de orden administrativo. Pero resulta sintomático que, en 2026, la novedad sobre la deuda estatal con sus proveedores sea la lista actualizada de oficinas donde cobrarla, y no la reducción de los atrasos que la originaron.
El siguiente paso previsible de este trámite no tiene fecha anunciada: será, con probabilidad, otra actualización de la lista de sucursales y otra ronda de beneficiarios que primero pasan por el MEF y luego por el banco. La reforma de fondo —pagar a tiempo para que el certificado nunca tenga que existir— queda pendiente de que la disciplina en la ejecución del gasto público, discutida cada año en las vistas presupuestarias de la Asamblea Nacional, cierre la brecha entre lo comprometido y lo efectivamente pagado.